Comité de Conciliación de Cancillería certificó que no es la instancia para “adjudicar o no un proceso contractual” frente a Thomas Greg & Sons. ¿El pulso lo ganará Leyva?

A las 11:00 a. m. de este martes 19 de diciembre, la Procuraduría volverá a adelantar la audiencia donde se buscaría una eventual conciliación entre la Cancillería de Colombia y la firma Thomas Greg & Sons, quien se declara afectada porque el canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación pública de pasaportes porque fue la única firma que se presentó.

Aunque, inicialmente, tres integrantes del comité de conciliación de la Cancillería de Colombia habían votado por la opción de conciliar, pese a que el canciller Álvaro Leyva piensa lo contrario, un certificado conocido por SEMANA podría terminar sepultar el intento de conciliación.

Lo firmó Laura Alejandra Samacá Caro, secretaria técnica del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario, y en él dice que “este Comité no es la instancia administrativa para decidir respecto de la adjudicación o no de un proceso contractual”, se lee en el oficio.

Y es que una de las peticiones de Thomas Greg & Sons es la adjudicación de la licitación de pasaportes y esa decisión, según este documento, recae exclusivamente en manos del canciller de Colombia, Álvaro Leyva, quien le anticipó de forma exclusiva a SEMANA que no piensa conciliar con la firma privada porque, según él, tiene la “verdad, la razón y los argumentos jurídicos” para sentar su posición.

En el documento queda claro que esa postura oficial quedó fijada en una sesión extraordinaria del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario adelantada este 18 de diciembre de 2023.

“El Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el entendido que la decisión del Comité relacionada con la revocatoria de los actos administrativos 7485, 7540 de 2023, no tiene efectos económicos directos, ratifica la certificación del 14 de diciembre de 2023 en los siguientes términos”, se lee.

“Atendiendo a lo señalado por la Contraloría General, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la recomendación del apoderado Germán Calderón España, el Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores, concilia la pretensión presentada por el convocante de revocar las resoluciones 1485 y 7540 de 2023, en el entendido que esta implica el ejercicio discrecional de la competencia, contemplada en el Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011″, añade el certificado.

Razón por la cual ―dice el oficio― “las pretensiones subsidiarias de indemnizaciones económicas por presuntas utilidades dejadas de percibir y presunto daño daño reputacional no resultan procedentes a la luz de lo contemplado en el Artículo 107 de la Ley 220 de 2022″.

Por lo tanto, le corresponderá al funcionario competente identificar las causales para la revocatoria directa de los citados actos administrativos, en el momento que para el efecto proceda, se observa en el oficio.

“Ahora bien, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, este comité no es la instancia administrativa para decidir respecto de la adjudicación o no de un proceso contractual”, dice el certificado.

Y agrega: “En cuanto a la propuesta manifestada por el apoderado del convocante en la audiencia de conciliación extrajudicial en la Procuraduría 119 Judicial II para asuntos administrativos, en audiencia de 30 de noviembre de 2023, sobre las 3 variables de servicios adicionales que ascenderían a la suma de 3710 millones de pesos, se precisa que el Comité de Conciliación no es la instancia técnica y administrativa para valorar propuestas que deben hacerse en el marco de un proceso contractual”.

SEMANA estableció que este documento lo presentará este martes a la Procuraduría Ernesto Matallana, el nuevo abogado apoderado del canciller Álvaro Leyva.

Allí se decidirá, finalmente, qué rumbo tomarán estas diferencias entre el Estado y Thomas Greg. Lo más probable es que, tal como lo anunció el Canciller en SEMANA, no haya conciliación y el caso pase a los tribunales.