Con fuerte mensaje de disidencias de Iván Mordisco al Gobierno Petro, terminó tercera ronda de negociación: “Esta no será una paz de arrodillados”

El Gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de Iván Mordisco continúan avanzando en los diálogos de paz que iniciaron en octubre de 2023 y que no han tenido mayores resultados, excepto la implementación de un cese al fuego bilateral que ha sido bastante cuestionado por las actividades delincuenciales de los guerrilleros.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro anunció la extensión de este mecanismo hasta el mes de julio, por lo que las partes siguieron adelante con las negociaciones para definir una hoja de ruta que les permita tener una agenda clara de diálogo para buscar una salida negociada al conflicto.

Por esa razón, al término del tercer ciclo de diálogo, Fernanda Briceño, quien integra la delegación de las disidencias, aseguró que no “será una paz de arrodillados” y que el Gobierno Petro debe entender que están buscando justicia social para superar los problemas que se han presentado en el país.

Los delegados de este grupo criminal aseguraron que están trabajando en la elaboración de documentos que permitan tener clara la negociación durante la vigencia del cese al fuego bilateral y que en marzo iniciarán la cuarta ronda de diálogo.

El jefe de la delegación del Gobierno, Camilo González Posso, destacó que se trazará una ruta con 22 mecanismos locales de verificación para proteger a la población civil en los territorios.

Así mismo se acordó fortalecer en los territorios la participación en el proceso de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afro, mujeres, jóvenes, poblaciones de víctimas y personas vulnerables.

Los representantes de cada una de estas organizaciones trabajarán de la mano de la mesa de paz en la construcción de una agenda definitiva que garantice la participación real y efectiva de las comunidades para debatir temas de tierras, territorio, ambiente, seguridad, educación, despojo y desarrollo sostenible.

También discutirán sobre poder local, modelos de gobernanza, víctimas del conflicto social y armado, economías consideradas ilícitas, territorialidades étnicas y campesinas, garantías para las partes durante y después del acuerdo, entre otros.

En materia de transformación territorial, las partes acordaron generar las condiciones para construir planes de desarrollo sostenibles e integrales que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades con prioridad en los departamentos de Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander.

Camilo González Posso destacó que se trazará una ruta con 22 mecanismos locales de verificación para proteger a la población civil en los territorios afectados por el conflicto.

La mesa de paz hará seguimiento a los compromisos ya definidos en los acuerdos y protocolos firmados con respeto estricto a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos humanos.

Se acordó reconocer escenarios de participación de los diferentes sectores de la sociedad para construir una agenda socioambiental para la paz que “reduzca las afectaciones ambientales relacionadas con los conflictos sociales, ambientales y armados en los territorios”.

Según el Gobierno Petro, las disidencias de Iván Mordisco ratificaron su compromiso de suspender los secuestros extorsivos.

Las conversaciones con el Estado Mayor Central se enmarcan en una política gubernamental llamada “paz total”, con la que Petro busca disminuir la violencia e iniciar procesos de diálogo con los grupos que aún persisten en el país.

El cese al fuego ha contado con un protocolo que exige, además del cese de hostilidades, la protección a la población civil con referencias al derecho internacional humanitario.

Pese a que el acuerdo se encuentra vigente desde hace varios meses, las dos partes han denunciado en repetidas oportunidades supuestas violaciones a las reglas establecidas, además de que se han presentado fuertes polémicas en medio de las negociaciones.

El incidente más notorio se registró el 5 de noviembre del año pasado, cuando las disidencias suspendieron unilateralmente los diálogos tras reclamar supuestos incumplimientos del Estado y la salida del Ejército de algunas zonas, mientras que el Ejército denunció el secuestro de un grupo de militares en el Cauca, al suroeste del país.

Luego de lograr reanudar los diálogos y superar la crisis, la disidencia se comprometió a abandonar los secuestros para cobrar rescates, uno de los crímenes más repudiados en el país que por décadas ha sido usado por los grupos armados.

En el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, divulgado el pasado lunes, se resaltan los acuerdos alcanzados por las partes y se exhorta a que perseveren en el cumplimiento del acuerdo de cese al fuego y especialmente en la protección a la población civil.