Confirmado: presidente Petro anunció la salida de la jefe de Despacho Laura Sarabia y del embajador Armando Benedetti: “Se van”

El presidente de la República Gustavo Petro confirmó la primicia de SEMANA y reveló que tomó la decisión de sacar de su Gobierno a la jefe de Despacho de la Casa de Nariño Laura Sarabia y al embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, tras el escándalo que salpica a Sarabia por presuntas irregularidades cometidas contra su exniñera Marelbys Meza, quien ahora es víctima de chuzadas.

El mandatario colombiano no aguantó más la desbandada de información que salpica a Sarabia y señaló en pleno evento de asensos del Ejército que los dos funcionarios “se van” de su Gobierno.

“Estamos tranquilos, no tenemos ningún temor ministro (Iván Velásquez - Ministro de Defensa) podemos ir al Congreso ustedes señores generales almirantes, si alguna vez de alguno de nosotros del Gobierno civil les llega una orden inconstitucional tienen toda la autorización para ir a algún medio de comunicación y denunciar”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Este Gobierno respeta los derechos humanos del campesino de la campesina del obrero y del opositor y no debe haber ninguna duda al respecto”.

“Y mientras se investiga mi funcionaria querida y estimada (Laura Sarabia) y el embajador de Venezuela (Armando Benedetti) se retiran del Gobierno, para que desee el poder que implica esos cargos no se pueda tener la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación”, insistió Petro.

Fiscal Francisco Barbosa le da grave noticia al país y destapa escándalo: “Retornaron las chuzadas ilegales a Colombia”

“Las chuzadas volvieron a Colombia”. De esta forma describió el fiscal general, Francisco Barbosa, la grave situación que vivió Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la entonces jefe de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia, cuya línea telefónica fue interceptada por agentes de la DIjín de la Policía. En rueda de prensa, este jueves, Barbosa anunció que con esta acción se le quiso vincular con la banda criminal del Clan del Golfo.

Para Barbosa, este caso es “aberrante” y se revive en uno de los peores escenarios históricos de Colombia en violación de derechos humanos, haciendo referencia a las acciones que adelantó el F-2 del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia durante la década de los ochenta y, más recientemente, el DAS, lo que llevó a que se ordenara su cierre.

“Es un día lamentable para el Estado Social del Derecho”, aseveró el jefe del ente investigador. Las acciones estuvieron dirigidas a manipular varios informes con el fin de lograr interceptar las líneas celulares de la niñera y de otra persona que trabajaba en la casa de Laura Sarabia. “Se inventan un informe de Policía Judicial de la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos en la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen el polígrafo que no tienen nada que ver con su seguridad nacional”.

Por estos hechos, en los próximos días serán citados a interrogatorio las personas que estuvieron involucradas en estos seguimientos e interceptaciones ilegales. En la investigación ya se pudo establecer que fueron agentes judiciales de la Policía Nacional los que adulteraron la información para que un fiscal de crimen organizado interceptara dos líneas celulares. “No puede admitirse, desde ningún punto de vista, que la violación de los derechos fundamentales de los colombianos sean aceptadas”.

“Es un caso aberrante desde el punto de vista judicial y que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derechos humanos, incluso previo a la Constitución de 1991″, reiteró el jefe del ente investigador. “Todo está evidenciado, tenemos los documentos, todo con trazabilidad judicial, hemos trabajado en los últimos cinco días con todo el equipo técnico e investigativo, hay documentos”.

El asunto es de extrema gravedad y así lo informó en detalle el fiscal, que reveló toda la trazabilidad de los hechos, que no son nuevos y hasta ahora se empieza conocer la magnitud de las irregularidades. Las chuzadas habrían empezado desde el 30 de enero, el día mismo en el que Laura Sarabia presentó la denuncia por el robo de dinero.

En ese momento, trataron de iniciar las chuzadas, pero ante la negativa del fiscal del caso que actuó con independencia, la Policía Judicial produjo un informe, a todas luces irregular, que justificaba las interceptaciones a Marelbys Meza y a otra persona que iba continuamente a la casa de Sarabia, y que era quien les hacía las labores domésticas por días, llamada Fabiola.

“Se inventan un informe de Policía Judicial, meten a estas dos personas, y se lo entregan a un fiscal de Chocó que está investigando todo lo relacionado con el Clan del Golfo, esto con la excusa de que Meza era la cocinera de alias Siopas”, contó el fiscal Barbosa en rueda de prensa desde el búnker de la Fiscalía General.

Para entender el hecho y por qué resultó, para el fiscal de Chocó, importante cumplir con la orden es que Siopas es un objetivo de alto valor, uno de los cabecillas de la organización criminal del Clan del Golfo y uno de los herederos del poderoso narcotraficante extraditado a Estados Unidos, alias Otoniel.

Pero, además, como confirmó el fiscal Barbosa, en la orden de trabajado señalaban, engañando a la justicia, que la fuente que entregaba la información y justificaba las chuzadas era de altísima credibilidad.

¿Qué encontró la Fiscalía en inspección a la Presidencia en medio del escándalo de Laura Sarabia y la exniñera de su hijo?

“Que investigue lo que quiera”, fue la respuesta del presidente Gustavo Petro a la Fiscalía tras el anuncio de una inspección judicial a varias dependencias de la Presidencia de la República en el marco de la investigación que abrió el ente acusador por los hechos denunciados en SEMANA.

Un grupo de investigadores de la Dirección contra las violaciones a los Derechos Humanos fue el encargado de llegar a las oficinas de protección y las salas de poligrafía que tiene la Presidencia frente a la Casa de Nariño. Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones tenían un objetivo claro: recaudar pruebas.

Mientras un grupo de investigadores y peritos estaban en varias oficinas de la Presidencia, otros se desplazaron con aparatos especializados a las salas de poligrafía. De allí se obtuvieron los protocolos y procedimientos establecidos para el uso de estos elementos, además de las competencias que tienen los encargados de manejarlos.

De estas salas de poligrafía, los investigadores también extrajeron los videos de seguridad y registros de los libros de entrada a este espacio. En las otras oficinas de Presidencia, los investigadores también recuperaron las actas de servicio de los funcionarios que para la fecha de los hechos estaban a cargo de la seguridad y que serían los mismos responsables de las pruebas de poligrafía.

“También se adelantará inspección a la Jefatura de Protección de Presidencia para conocer el listado del personal que durante los meses de enero y febrero del presente año hizo parte del esquema de seguridad y transporte asignado a la doctora Laura Sarabia”, dijo la Fiscalía tras anticipar la diligencia de inspección.

El objetivo para los investigadores era recaudar los elementos de prueba que soporten las denuncias hechas por Marelbys Meza, que en SEMANA anticipó cómo fue trasladada desde su casa, en un carro oficial, hasta las oficinas de poligrafía, contra su voluntad y donde fue maltratada por funcionarios de seguridad de Presidencia.

“Yo llevaba mi cédula, pero yo no firmé nada, ningún registro de nada y me entraron al sótano y de verdad cuando yo estaba ahí, me sentí secuestrada, me sentía aturdida, ahogada y esperando a que me hicieran el polígrafo”, dijo Marelbys Meza a SEMANA en la denuncia que ahora motivó una investigación de la Fiscalía.

Con el material de prueba recaudado en las inspecciones, que incluyen listados, libros de registro, protocolos y procedimientos y videos de seguridad, los fiscales de Derechos Humanos podrán contrastar las declaraciones e interrogatorios que en los próximos días se adelanten y así tomar otras determinaciones, como llamados a imputación de cargos.