Congresistas desde los 18 años, voto obligatorio y otras ‘perlas’ de la reforma política

Después de extensos debates en los medios de comunicación, de ires y venires, la Comisión Primera de la Cámara retoma este martes la discusión de la reforma política con un texto que contiene varias ‘perlas’ que seguramente generarán agudas polémicas entre los congresistas.

Uno de los asuntos más controversiales es el que disminuye la edad mínima para ser congresista. Actualmente, la Constitución señala que entre los requisitos para ser congresista está el límite de edad. Para los representantes a la Cámara es a partir de los 25 años y para los senadores desde los 30 años.

Sin embargo, en el texto que entra en discusión en la Comisión Primera de la Cámara, se estableció en 25 años el requisito de edad para ser senador, es decir cinco años menos de lo que está actualmente, y para ser representante a la Cámara únicamente se exige “ser ciudadano en ejercicio”, es decir, desde los 18 años, que es cuando el ciudadano adquiere la plenitud de derechos y deberes.

Esta es una propuesta que es defendida directamente por el Gobierno. De hecho, hace menos de una semana el ministro del Interior, Alfonso Prada, les advirtió a los congresistas que al dejar por fuera esta propuesta se estaría cercenando el derecho de los jóvenes a participar de los escenarios democráticos.

“El nivel de madurez de los jóvenes es bastante sólido, las causas de los jóvenes están cambiando el planeta entero, en materia ambiental, en materia de reconocimiento sintiente de los animales, las causas en relación con la naturaleza están cambiando el mundo, fueron ellos con una votación masiva quienes eligieron el gobierno del presidente Petro”, apuntó el ministro.

La polémica también ha estado servida por cuenta del artículo que establece el voto obligatorio en Colombia. A pesar de que la propuesta fue hundida en el Senado, fue revivida ahora en la Cámara de Representantes.

Por un lado, hay voces que ven en esta figura una de las maneras de combatir el abstencionismo, el cual puede estar entre el 50 y el 60 % de los ciudadanos dependiendo del proceso electoral que se cumpla. No obstante, en la otra orilla, hay quienes piensan que abstenerse de votar también es una posición política válida y que el elector tiene el derecho a acudir a ella si no está conforme con los candidatos que se presentan en las elecciones, ya sean legislativas, presidenciales o locales.

Otro de los asuntos que genera escozor es el de la limitación a la Procuraduría para que sancione a alcaldes y gobernadores, al establecer que solamente una autoridad judicial sea la que pueda imponer sanciones a gobernantes locales y no el Ministerio Público, como sucede actualmente.

Un ejemplo de esta facultad fue el retiro temporal que hizo la Procuraduría del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por supuesta intervención en la campaña presidencial a favor de la campaña del actual presidente Gustavo Petro. Esto, de aprobarse este artículo, ya no lo podrá volver a hacer el Ministerio Público.

Los temores también están sembrados por la posibilidad de que los congresistas puedan pasar a ser ministros, una inhabilidad que actualmente está consagrada en la ley.

Asimismo, también hay preocupación por el hecho de que se permita el “transfugismo”, es decir, que los políticos no tengan problemas por doble militancia y puedan saltar de una colectividad a otra. Estos dos artículos van incluídos en la ponencia que se discute en Cámara.

Hay otros puntos importantes que los congresistas también debatirán y es que las listas a corporaciones públicas deberán ser cerradas.

Uno de los principales propósitos del Gobierno y de la bancada del Pacto Histórico es replicar lo que hicieron en las pasadas elecciones en las que optaron por una lista cremallera en el que estén intercalados hombres y mujeres y los ciudadanos puedan votar por el partido o coalición y no por determinado candidato.

Algunos cuestionan que este sería el principal propósito del Gobierno con la ley, consolidar el Pacto Histórico como plataforma política.

Frente a la polémica por la extensión a cinco años del periodo del presidente, los gobernadores, el texto no quedó incluido dentro del articulado. Sin embargo, sí quedó incluida una constancia en la ponencia en la que se pide revivir esta discusión.

A pesar de que esta reforma se enfrenta apenas a su tercero de ocho debates, se juega momentos cruciales, pues causa inquietud incluso entre los congresistas de la coalición de Gobierno.