Congresistas le piden a la Corte declarar estado de cosas inconstitucional en el Cauca por violencia a manos de grupos armados

Congresistas de varios partidos le enviaron una carta a los magistrados de la Corte Constitucional para solicitarles declarar estado de cosas inconstitucional en el departamento del Cauca, debido a la crisis de orden público que vive a manos de los grupos armados.

La carta fue firmada por los congresistas Carolina Arbeláez, David Luna, Óscar Campo, Paloma Valencia, Hernando González, Julio César Triana, Paulino Riascos y Luz Ayda Pastrana, que representan múltiples colectividades y distintos territorios del país.

Dentro de la petición, destacan que “el orden público en el departamento del Cauca genera una constante y permanente violación de derechos humanos que afecta la dignidad humana de su población, conformada por alrededor de 1,2 millones de personas”.

Agregan que, de acuerdo con la Unidad de Víctimas, cerca del 50 % de los habitantes del departamento han sido víctimas del conflicto armado.

Y presentaron datos sobre el impacto de la violencia: “Entre 2022 y principios de 2024, se cometieron 26 masacres con 87 víctimas y solo en el año 2023, fueron asesinados 38 líderes sociales. Así mismo, se han presentado 42 víctimas de minas antipersona, incluyendo 10 menores de edad”.

De acuerdo con los congresistas, los municipios más impactados son Argelia, Santander de Quilichao, Corinto, Caldono, Buenos Aires y Balboa. Agregan que el cese al fuego es una de las razones por las que se recrudeció la violencia.

“Además, es de resaltar que la situación de orden público del departamento del Cauca empeoró con la entrada en vigencia del Decreto 385 de 2024, firmado por el presidente Petro, mediante el cual se suspendió sobre los departamentos de Cauca, Valle y Nariño el cese al fuego bilateral de carácter nacional acordado desde el 1 de enero de 2023, con las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central (EMC)”, manifestaron los firmantes.

Citan una serie de hechos en el departamento durante el 2024, los cuales los lleva a afirmar que la población civil es la más afectada.

“Esta crisis humanitaria ocasiona que la población se encuentre bajo confinamiento, y desplazamiento forzado, al generarse constantemente disputas territoriales entre el ELN, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia ante la inoperancia del Estado, y convirtiendo en una constante la vulneración de los Derechos Humanos para la población del Cauca”, explican los parlamentarios.

Frente a esta violación de derechos humanos, los congresistas argumentan que “se requiere el actuar del Estado a través de acciones donde concurran las instituciones encargadas para dar una respuesta institucional coordinada y congruente con el único fin de superar el escenario de violación de derechos humanos que se presente en el Cauca”.

Dicen que por la gravedad de la situación “no basta con tomar decisiones aisladas, contradictorias o temporales”, por lo que hacen un llamado a la intervención “de todas las entidades encargadas de políticas públicas relacionadas con la protección y reivindicación de derechos fundamentales hasta que se supere el escenario de vulneración, que afecta a sujetos de especial protección constitucional como los niños”.

Los congresistas concluyen pidiendo la declaratoria, con el fin de que las autoridades tomen las riendas de la situación que impacta a más de un millón de personas.