Congreso aprobó reforma al sistema general de participaciones y da luz verde a revolcón para la distribución de los recursos públicos

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en octavo y último debate la reforma al Sistema General de Participaciones que presentó el Gobierno de Gustavo Petro.

El proyecto de acto legislativo consiguió el visto bueno por mayorías aplastantes en ese recinto, en el que solo dos representantes se opusieron al articulado que reduce los recursos del Gobierno nacional.

Gracias a la nueva normativa, se trasladará el 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación a las entidades territoriales durante un periodo de transición de 12 años contados a partir de 2027.

El texto fue presentado como un proyecto de acto legislativo de autonomía territorial para regresar la independencia fiscal y económica a las regiones, y se constituyó como la principal bandera legislativa del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de quien se comenta, dejaría el cargo el próximo año.

“Esta es la reforma constitucional, tal vez, si no la más importante, de las más importantes que se han aprobado desde la Constitución de 1991. Durante los ocho debates se fue ajustando, se fue mejorando, se fueron superando diferencias y temores de quienes, legítimamente y siendo amigos de la descentralización, tenían preocupaciones desde el punto de vista fiscal”, comentó el Cristo.

En la actualidad, la nación transfiere a los entes territoriales alrededor del 20 % de sus ingresos corrientes y, con la entrada en vigencia de acto legislativo, estos recibirán el 39,5 %; cambio que se hará de manera gradual mientras se les asignan nuevas responsabilidades.

Si bien el gobierno había apostado por una participación más robusta del 46,5 %, esa proporción fue objeto de concertación en el Legislativo en medio de los llamados de alerta sobre las implicaciones que podría tener ese articulado para las finanzas del gobierno central.

La representante Katherine Miranda, quien fue una de los dos congresistas que votó en contra del proyecto. Advirtió que ese articulado puede quebrar al Estado porque, asegura, se necesitarían nueve reformas tributarias para poderlo ejecutar y conseguir recursos del orden de los $263 billones.

La reforma al Sistema General de Participaciones entrará en vigor después de que el Congreso apruebe una ley de competencias que le asignará mayores responsabilidades a las entidades territoriales. Esto significa que los territorios deberán fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y supervisión de los programas y proyectos.

El texto quedó pendiente de la conciliación entre las dos cámaras del Congreso y la sanción presidencial y se constituyó como la primera gran reforma que logró sacar adelante el gobierno en esta legislatura.

Empero, no se descarta un difícil análisis de la constitucionalidad del articulado por el riesgo que este puede significar para las finanzas públicas del país. Ese examen ya quedará en manos de la Corte Constitucional.

“Aunque quedan algunos interrogantes, el gobierno logró aprobación del sistema de participaciones y reforma política. Es indiscutible que Juan Fernando Cristo logró hacer trizas la teoría del golpe blando”, comentó el senador Humberto de la Calle.

Una vez aprobada la Ley de Competencias —señala la cartera del Interior—, la nación comenzará a transferir, de manera gradual y durante un plazo de hasta 12 años, el 39,5 % de los ingresos corrientes del Gobierno central, tal como lo establece la legislación.