Política
Congreso buscará que el internet sea un servicio público domiciliario, ¿en qué consiste la propuesta?
La idea es que la prestación del servicio sea como el agua, la luz o el gas, y que el Estado garantice el acceso en todo Colombia.
El Partido Conservador radicó un proyecto de ley que dará mucho de qué hablar porque busca regular el tema de los servicios públicos domiciliarios en Colombia y garantizar una adecuada prestación de servicio.
El principal objetivo será el de llevar internet a todas las regiones del país a través de una modificación, porque actualmente hace parte de los servicios públicos esenciales y se buscará que sea un servicio público domiciliario con la finalidad de que se preste en todos los municipios y haya garantía en la prestación del servicio. Esto quiere decir que el servicio de internet se prestaría en todo el país, como el agua, la luz o el gas.
El autor del proyecto es el representante a la Cámara Ape Cuello, quien aseguró que la regulación está en mora y que al hacer esta modificación podrá haber una mejoría en el servicio.
“Hoy los servicios son uno de los factores que más rabia generan en la población. Hemos abarcado temas importantes y el primero de ellos es que el alumbrado público y el internet fijo deben ser catalogados como servicios públicos domiciliarios, para que entren a ser cobijados por la Ley 142, para que entren a ser vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos y para que el Estado entre a garantizar su servicio en toda la población colombiana”, dijo el congresista.
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Según la argumentación del proyecto, al cambiar el internet como servicio público domiciliario habrá varios beneficios. Incluso, la obligación del Gobierno para que implemente la conectividad en todas las regiones del país.
“El Estado tiene que garantizar que no haya ni un barrio, ni un corregimiento en Colombia que no tenga internet, es una obligación del Estado prestarlo. A las empresas que prestan el servicio de internet, que a través de la Ley 142 hacer nuestras quejas y reclamos a la Superintendencia como la prestación de un servicio público porque hoy quien las vigila es la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene una regulación distinta, lo que quiere decir que se fijará en la atención del usuario”.
Además, el articulado propone que todas las facturas de servicios lleguen por separado para evitar que haya desconexiones o moras en una sola factura. Ese punto es respaldado por diferentes sectores políticos al afirmar que en muchas regiones los ciudadanos deben priorizar los pagos.
“También intentamos que no se mezclen energía y alumbrado público con aseo y agua, que se separen las facturas y que el usuario pueda tomar la decisión de pagar la energía sola, el alumbrado por aparte. Cuando a los colombianos pobres no les alcanza para pagar todas las facturas juntas, pues le cortan los servicios al mismo tiempo y creo que el usuario, cuando no tiene los recursos para todo, puede escoger cuáles de los servicios cancelar”, dijo el representante conservador.
Dentro de la regulación también se pone un límite para la suspensión de los servicios públicos y establece unos requerimientos para que las empresas prestadoras de los servicios no abusen de los usuarios.
Por ahora, la iniciativa cuenta con el respaldo de varios sectores políticos y en los próximos días iniciará su discusión en el Congreso de la República. El congresista buscará que el gobierno del presidente Gustavo Petro respalde su proyecto de ley.