Política
Congreso le pone la lupa a la crisis carcelaria: radican dos proyectos para combatir el hacinamiento y volver las prisiones centros productivos
Asocapitales y el senador Gustavo Moreno radicaron dos iniciativas para mejorar las condiciones de los reclusos.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el Ministerio del Interior y la Comisión Accidental de Asuntos Carcelarios del Senado de la República unieron esfuerzos para radicar dos proyectos para combatir la crisis en las cárceles del país. Las iniciativas tienen como objetivo controlar el hacinamiento y mejorar el proceso de reinserción social de los reclusos.
La primera iniciativa proviene del apoyo de Asocapitales que, acorde con la agenda que le presentaron al Gobierno nacional, materializan su preocupación por el hacinamiento carcelario.
En primer lugar, el proyecto busca que se defina la competencia sobre los privados de la libertad. Los condenados seguirán siendo responsabilidad del Gobierno, pero, de aprobarse la iniciativa, la población con medida de aseguramiento se distribuiría de acuerdo a la pena.
Los reclusos que tengan mayores penas serían responsabilidad del Gobierno. Por otro lado, los departamentos se encargarán de aquellos con penas intermedias, y las ciudades o municipios con mayores índices de delitos en el país lo harán con los sindicados con penas mínimas.
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Esta responsabilidad duraría hasta dos años. En caso de que el privado de la libertad no haya sido condenado en este lapso de tiempo, deberá ser responsabilidad del Gobierno nacional.
Además, se busca la creación de cárceles regionales para que las gobernaciones puedan construir un sistema de integración con municipios que no aportan un número significativo de personas privadas de la libertad o que no tengan recursos para un centro de reclusión.
Acorde a la orden de la Corte Constitucional, Asocapitales propone prohibir que se recluyan detenidos o condenados en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o en estaciones de Policía.
Este proyecto propone que esto se financie con dineros del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), los Fondos de Seguridad Territorial (FONSET) y las multas impuestas en procesos penales. Implementar este proyecto costaría cuatro billones de pesos y su conclusión se proyecta en seis años.
Por otro lado, el senador Gustavo Moreno, de la Coalición Centro Esperanza-Alianza Verde y miembro de la Comisión Accidental de Asuntos Carcelarios, radicó otro proyecto que busca crear cárceles productivas para propiciar, incentivar y promover la participación en procesos de resocialización, rehabilitación y reinserción social para los privados de la libertad.
Esta iniciativa tiene el propósito de “promover espacios productivos de trabajo al interior de los centros de reclusión con la participación activa de organizaciones, empresas y entidades del sector público y privado”.
En primer lugar, propone que las entidades territoriales tengan la capacidad de diseñar una política pública local de cárceles productivas para promover espacios de trabajo al interior de estos establecimientos.
De esta manera, los reclusos podrán crear, confeccionar y elaborar bienes comerciales, alimentos, artesanías, productos agrícolas, musicales o audiovisuales, entre otros. Para esto, necesitarán espacios propicios para la producción, los cuales serán proporcionados por privados o el sector público.
“La dirección de cada establecimiento de reclusión definirá el tipo de bienes, alimentos, artesanías o productos a confeccionar, elaborar o producir de acuerdo a las necesidades sociales, comerciales y culturales del territorio en donde se encuentre ubicado el establecimiento de reclusión, así como la cantidad de internos que participarán en el proceso”, dice el texto radicado en Senado este martes.
Para escoger a los internos que hagan parte de la iniciativa, se debe tener en cuenta el proceso de resocialización, el nivel de confianza y los reportes de conducta: “La dirección de cada establecimiento de reclusión definirá el proceso de convocatoria y selección de los internos, garantizando los principios de transparencia, publicidad, imparcialidad, objetividad, idoneidad y responsabilidad”.
Estos proyectos también cuentan con el respaldo de Johana Bahamón, activista en pro de los derechos de los reclusos y presidenta de la fundación Acción Interna, para otorgar segundas oportunidades a dicha población.
