Contratos por prestación de servicios: ¿desde cuándo sería su eliminación?

A pesar de que el presidente Gustavo Petro aseguró que una de las prioridades de su Gobierno para este año estaría la eliminación de los contratos por prestación de servicios en el Estado para los primeros meses de 2023, desde su propia administración le notificaron que este proceso va a demorarse.

Uno de los caminos que había explorado Petro era una directriz que envió el Departamento de la Función Pública que ordenaba a las entidades del Estado adelantar las gestiones pertinentes para foarmalizar a los trabajadores por prestación de servicios en los primeros cuatro meses de este año. Sin embargo, eso no será posible este año.

Así lo dejó en claro la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien envió una carta a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, en la que explica que la formalización de todos los trabajadores del Estado en los primeros cuatro meses de este año no se podría ejecutar en el tiempo que se estipuló inicialmente, incluso, aseguró que no existe viabilidad presupuestal.

En la misiva enviada por la cartera de Trabajo, se advierte que teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya asignó un presupuesto para este año, las metas puestas por el Gobierno referente a la modificación de este tipo de contratos es “imposible de ejecutar”.

“Sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa (…) Sino también imponen una carga imposible de ejecutar”, indica la carta.

Adicionalmente, la ministra Ramírez se muestra extrañada por el hecho de que desde del Departamento de la Función Pública se haya emitido una circular con lineamientos para la formalización de los trabajadores del Estado sin haber tenido en cuenta la opinión de su cartera.

“Desde esta Cartera Ministerial observamos con extrañeza que el DAFP haya emitido la “Circular Conjunta No 100-005-2022 -LINEAMIENTOS DEL PLAN DE FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO DE EQUIDAD- VICENCIA 2023″, no solo sin atender nuestras recomendaciones y los principios legales, sino también permitiendo algunas de sus funciones generales”, se lee en la carta.

Sin embargo, en el documento también se hacen algunas sugerencias para que se pueda hacer realidad este proyecto, aunque esto se va a demorar por lo menos hasta diciembre de 2023.

En la misiva se señalan 6 puntos que consideran se deben poner en práctica para cumplir el propósito:

1. Realizar los estudios de cargas laborales para determinar los requerimientos reales de personal en la planta administrativa de las instituciones.

2. Adelantar las gestiones correspondes a fin de garantizar las apropiaciones presupuestales para adelantar los estudios técnicos requeridos.

3. Celebrar durante la vigencia 2023, contratos de prestación de servicios hasta el 31 de diciembre de dicha vigencia.

4. Realizar la provisión de los cargos vacantes en cada una de las entidades

5. Con el acompañamiento del DAFP adelantar procesos de ampliación de las plantas de personal.

6. Contemplar otras modalidades como las plantas temporales creadas con la ley 909 de 2004.

Este cambio de régimen de contratación significará una modificación en los beneficios de los trabajadores, ya que los empleados no tendrán que pasar cuentas de cobro, y recibirán todas las prestaciones de ley: salud, cesantías, primas, vacaciones, aportes a pensión, y también devengarán un sueldo equivalente al de los servidores públicos de las entidades.

El plan B

El otro camino que se explora en el Gobierno es por la vía del Congreso. Para ello, una de las opciones en la reforma laboral que está redactando el Ministerio de Trabajo con participación de múltiples actores.

El proyecto de ley al respecto se presentaría en el segundo periodo legislativo del Congreso de la República, que inicia en marzo de 2023.

También se contempla la posibilidad de presentar un proyecto de ley autónomo únicamente con esta propuesta, con el fin de no enredar la reforma laboral.

En todo caso, el trámite por la vía congresional puede tardar varios meses y se calcula que el proyecto estaría aprobado sólo hasta finales de este año.