Corrupción en Córdoba: Musa Besaile se declarará culpable en caso de desvío millonario

En un sorprendente giro de los acontecimientos, el exsenador colombiano Musa Besaile Fayad ha manifestado su intención de aceptar la responsabilidad por una serie de actos delictivos que resultaron en un desfalco millonario al departamento de Córdoba. Estos hechos, se presume, ocurrieron en colaboración con el exgobernador Alejandro Lyons Muskus.

El exsenador Besaile ha expresado su disposición de asumir los cargos que se le imputan ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que tiene programada una diligencia al respecto en la próxima semana. Los delitos que se espera que acepte incluyen concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Estos cargos, que han sido atribuidos por la Sala de Instrucción, están relacionados con un complejo entramado ilegal que se tejía en pleno auge de la campaña electoral para alcaldes y gobernadores durante el periodo 2012-2015, cuando Alejandro Lyons buscaba la Gobernación de Córdoba.

La presunta actividad criminal habría implicado la desviación de recursos del departamento en beneficio propio, a través de maniobras burocráticas y manipulación de los procesos de contratación. Según fuentes, estos desvíos involucraron convenios en el campo de la ciencia y la tecnología financiados por Colciencias, así como fondos del Sistema General de Participaciones.

Uno de los aspectos más notorios de este caso es el denominado “Cartel de la Hemofilia”, que llevó a Musa Besaile y Alejandro Lyons a enfrentar juicio ante la Sala de Primera Instancia. Este cartel se destacó por su astucia y osadía, al crear registros falsos de pacientes con hemofilia para justificar pagos irregulares.

Según las investigaciones, Musa Besaile habría recibido ilegalmente la asombrosa suma de 2.350 millones de pesos del erario de Córdoba. Estos fondos, destinados originalmente a proyectos de ciencia y tecnología, terminaron en manos del exsenador en medio de un complejo entramado de corrupción que ha sacudido a la región.

Musa Besaile busca dar un giro inesperado a este escándalo de corrupción al expresar su voluntad de aceptar cargos por el millonario desfalco a Córdoba. Este repentino deseo de asumir su responsabilidad en estos actos delictivos ha sorprendido a muchos, dado que previamente había negado su participación en el desfalco. Su disposición a aceptar cargos podría tener importantes implicaciones en el desarrollo del caso y en la percepción pública de su implicación en este escándalo de corrupción.

Igualmente, ha intentado buscar un beneficio jurídico por aceptar el delito de concusión dentro del Cartel de la Toga. En la negociación que adelantó ante la Corte, manifestó que iba a entregar nombres de otras personas vinculadas a estos procesos penales.

Incluso, Besaile reconoció haberle entregado 2.000 millones de pesos al magistrado de la Sala Penal, Gustavo Malo Fernández, para que frenara la orden de captura que se iba a emitir en su contra por la parapolítica. En ese momento, insistió en que su abogado, Luis Ignacio Lyons España, había recibido la “oferta” para pagar seis mil millones de pesos con el fin de desviar la detención inmediata.

Hasta anunció que contaba con toda la evidencia documental para demostrar el pago de este soborno. Por estos hechos, en agosto de 2013 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado Malo Fernández a la pena de nueve años y medio de prisión por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión.

Con estas mismas cartas había presentado su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, cuatro años después, en septiembre de 2021, fue expulsado por considerar que no aportó información importante, relevante, exhaustiva y detallada sobre este hecho de corrupción que permeó a la Rama Judicial y el escándalo de la parapolítica.

Besaile, uno de los senadores con mejor votación en 2018, fue clave en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el norte del país y fue vinculado por varios testigos de haber entregado este dinero por medio del abogado Luis Ignacio Lyons España.

Este último había negociado todo con Luis Gustavo Moreno, quien posteriormente se convertiría en el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General.

Moreno había montado una oficina paralela con varios exmagistrados de la Corte Suprema con el fin de engavetar procesos judiciales contra aforados a cambio de millonarias sumas de dinero.