Política
Corte Constitucional pone fecha a la audiencia para analizar demandas contra la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro
En el marco de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro, algunos narcotraficantes y delincuentes han sido designados gestores de paz.
El próximo 22 de agosto, la Corte Constitucional llevará a cabo la audiencia en la que se analizarán tres de las demandas en contra de la Ley 2272 de 2022 denominada por el Gobierno nacional como ‘paz total’. Esta iniciativa del presidente Gustavo Petro ha sido fuertemente criticada por los constantes ataques de los grupos armados ilegales a la fuerza pública.
La ponencia, dirigida por los magistrados Natalia Ángel y Antonio José Lizarazo, tiene el propósito de que los demandantes, las autoridades que participaron en la elaboración de la norma demandada, las organizaciones y personas expertas en la materia respondan a la Corte preguntas sobre aspectos técnicos relevantes para la solución de las demandas presentadas.
En la audiencia se abordarán cuatro ejes de discusión:
- Analizar el contexto sobre los agentes responsables de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia.
- Las negociaciones con estos grupos armados en el pasado.
- La reincidencia y su impacto en las dinámicas de violencia del país.
- Las implicaciones del incumplimiento por parte de algunas personas de los anteriores acuerdos de paz y negociaciones.
La diligencia, que se transmitirá por todas las redes sociales de la Corte Constitucional (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube), así como por la página www.corteconstitucional.gov.co, empezará a las 8:00 a. m.
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El segundo eje busca profundizar en aspectos relacionados con la constitucionalidad de la facultad de adelantar conversaciones o acercamientos con “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” y la de suspender las órdenes de captura en su contra. El tercer eje se refiere al análisis de constitucionalidad de la facultad presidencial de designar como voceros a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias privados de la libertad y las posibles consecuencias de dicha designación.
Finalmente, el cuarto eje se relaciona con la constitucionalidad de adelantar acercamientos y conversaciones con los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.
La diligencia contará con tres grupos de intervinientes: demandantes, autoridades -el Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público- y organizaciones y personas expertas en asuntos de paz y negociación con grupos armados ilegales. Cada interviniente tendrá que responder una serie de preguntas y, posteriormente, las autoridades citadas deberán presentar un informe con el contenido de su intervención en la audiencia.
Bandas de Medellín vuelven a enfrentarse en medio de la negociación de ‘paz total’
Después de varios meses de aparente calma y una supuesta tregua entre los combos de Medellín, se habría reactivado el enfrentamiento entre los grupos que delinquen en la comuna de Manrique, en medio de la negociación de la paz urbana. El Gobierno calificó la alteración del orden público como un saboteo al proceso y la Policía reforzó la seguridad en la zona.
La administración distrital confirmó que, en las últimas semanas, se ha afectado la tranquilidad en ese sector por cuenta de “confrontaciones entre grupos delincuenciales y riñas por intolerancia que han provocado un aumento en los casos de homicidio”, citando un informe de las autoridades judiciales que le miden la ‘temperatura’ a los incidentes.
En lo que va corrido de este año, 19 personas han muerto de manera violenta en la comuna. Diez de ellos ya han sido esclarecidos. Los asesinatos más recientes, que reactivaron la preocupación de las comunidades, fueron los de Yeison Alberto Gaviria Aguirre y Milton Alexis González García en el barrio Manrique central número dos.
También se conoció que el pasado 9 de agosto se difundió un panfleto amenazante en las aceras de El Chispero, La Terraza, Villa Guadalupe y El Faraón. Paralelamente, se denunció la circulación de automotores de alta gama y hombres vestidos de civil que, supuestamente, intimidaron a algunas personas con el propósito de generar temor.
