Corte Constitucional volverá a debatir sobre el aborto y definirá si es un derecho fundamental o no

Hace dos años, la Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación a través de la Sentencia C-055 de 2022, uniéndose de esta manera a otros países que también han dado este paso en materia legal, pero ahora el Congreso volverá a discutir esta práctica para definir si es un derecho fundamental o no.

El tema que ha generado todo tipo de reacciones, de quienes están a favor y en contra, también tiene dividido al alto tribunal, pues los Provida entregaron un documento en el que dan sus razones para que la Corte no eleve el aborto a derecho fundamental.

Uno de esos puntos es que el sistema de salud no quede obligado a tener que pagar y realizar estos procedimientos y todo lo que tiene que ver con un aborto en Colombia.

Aquellas organizaciones que están a favor del aborto lo que argumentan es que ya es un derecho fundamental, por lo que se debe aplicar y piden a la Corte que lo ratifique.

Una tutela que se dio a conocer el año pasado cuando la Corte Constitucional resolvió en favor de una joven indígena, que le solicitó a la AIC EPSI, a la que estaba afiliada a través del régimen subsidiado de salud, una interrupción voluntaria de su embarazo (IVE) por razones de salud mental, la cual se negó.

La Corte resolvió en favor de la joven indígena, pero en sus consideraciones el alto tribunal dejó claro un asunto que encendió las alarmas de los defensores del aborto en Colombia: “No es posible predicar un derecho fundamental a la IVE”.

La sentencia dice que no existe ese derecho, como fundamental, y que además entra en conflicto con otros derechos.

El fallo que despenalizó el aborto en el país hizo que entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, Profamilia a través de su IPS, registrara un aumento del 18.7 por ciento en el número de este tipo de procedimientos.

Para Profamilia, este comportamiento de las cifras, “además de esperado, es positivo en tanto que representa el registro de mujeres y personas gestantes que no tuvieron que recurrir a procedimientos inseguros para acceder a una interrupción voluntaria y consciente del embarazo”, sostiene la entidad.

En América Latina aún hay países en los que el aborto es penalizado como Nicaragua, El Salvador o República Dominicana.

Además, el año pasado Estados Unidos se sumó al manifestar que la Corte Suprema dictaminó que el derecho al aborto no está amparado por la Constitución, por lo que la situación ha enfrentado a los estados, quienes pueden legislar llevando a la cárcel a las mujeres acusadas de abortar y a quienes contribuyen a ello.

Uno de los países que dio el primer paso en constituir el aborto como un derecho fundamental fue Francia el pasado 4 de marzo.

La “libertad garantizada” de abortar entró en la Constitución francesa, tras una histórica votación que lo convirtió en el primer país en blindar esta práctica y que busca enviar un mensaje al mundo tras varios reveses.

Por 780 votos a favor, por encima de los 512 requeridos, los legisladores adoptaron esta reforma constitucional durante un Congreso extraordinario de ambas cámaras en el Palacio de Versalles, al oeste de París.

Antes que Francia, Chile ya intentó introducir el derecho para las mujeres a “una interrupción voluntaria del embarazo” en su proyecto de nueva Constitución en 2022, que los chilenos rechazaron en referendo.