NAC PELEA PETRO-GALAN
Gustavo Petro y Carlos Fernándo Galán. | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ

Política

Cortocircuito entre Petro y Galán: el presidente impone obstáculos y el alcalde de Bogotá endurece su discurso

El presidente Petro tensionó la relación con el alcalde Galán. La más perjudicada será Bogotá. El metro, la PTAR Canoas, TransMilenio y hasta el Hospital San Juan de Dios pagarán los platos rotos.

Redacción Semana
24 de agosto de 2024

La relación entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente Gustavo Petro atraviesa su momento más crítico, lo que ha encendido las alarmas por las repercusiones que pueda tener dicha tensión para la capital del país. De por medio está la incidencia de Petro sobre temas de la ciudad, en lo que se ha interpretado como una clara injerencia en la autonomía del Distrito.

El primer problema surgió cuando, basado en un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Petro propuso cambiar el rumbo de la construcción de la primera línea del metro, al plantear que tuviera un tramo subterráneo. Galán respondió y dijo que la modificación es jurídicamente imposible y técnicamente inviable. “El proyecto metro no responde ni puede responder a un sueño mío ni de ningún exalcalde de Bogotá”, dijo.

Esta semana, el alcalde afirmó: “El presidente ya entendió que la decisión de Bogotá es la de avanzar en esa línea y terminarla. El metro lo vamos a proteger y espero que esa diferencia no implique que Bogotá quedé al margen de tener una relación constructiva con la nación en los puntos en los que nos podamos poner de acuerdo. En los puntos en los que no, pues así nos fuimos”.

Galán señaló que el Pacto Histórico pasó de querer frenar el metro a estar preocupado por los leves retrasos del proyecto. “Esa es una buena noticia, significa que todos ya estamos montados en el metro y que incluso la oposición quiere que salga adelante”, agregó.

Alcalde Carlos Fernando Galán
Alcalde Carlos Fernando Galán | Foto: Alcaldía de Bogotá

No obstante, el metro no ha sido la única controversia. Recientemente, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ordenó la suspensión de tres proyectos de infraestructura del Acueducto en los humedales Juan Amarillo, Córdoba y Jaboque, por “obras de endurecimiento”. En el Palacio Liévano se vio dicha decisión como una injerencia. “No puede ser que a Bogotá le menoscaben su institucionalidad ambiental”, le dijo el alcalde a SEMANA.

Pero además de suspender proyectos, el Gobierno Petro también ha impedido que se terminen de estructurar iniciativas de vital importancia para la ciudad. Es el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales, conocida como PTAR Canoas, a cargo del Acueducto. El Ministerio de Hacienda se ha negado a expedir la contragarantía para contratar créditos con la banca multilateral que permitan su financiación.

“Petro ha sido la piedra en el zapato. Una firma es lo que se necesita para respaldar los créditos ante la banca multilateral y poder destrabar la PTAR Canoas, que lleva 20 años aplazándose. Es una mezquindad del Gobierno”, señaló el concejal Humberto ‘Papo’ Amín, del Centro Democrático.

La falta de gestión y apoyo del Ministerio de Hacienda ha obligado al Acueducto a buscar alternativas de financiación. “Si bien el camino ideal es contar con la garantía soberana de la nación, no es el único que estudia la empresa”, sostuvo la gerente de Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño.

Gustavo Petro Presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia. | Foto: Cesar carrión

Ante la vital importancia de este proyecto para la seguridad hídrica, el medioambiente y la salud de más de 10 millones de colombianos, la EAAB analiza también alternativas con la banca multilateral y sus portafolios financieros tales como CFI (Corporación Financiera Internacional, del grupo Banco Mundial), para contar con la mejor oferta que garantice el desarrollo de la obra de la PTAR Canoas.

“Este proyecto cuesta alrededor de 6 billones de pesos. Tenemos ya la financiación del Acueducto, hay un compromiso legal de la CAR para financiar la otra parte, lo único que estamos esperando es la garantía de la nación para poder obtener los créditos y destrabar este proyecto para que por fin Bogotá resuelva la deuda histórica de los problemas de aguas residuales”, dijo el alcalde Galán.

Por otro lado, pese a los 12,1 millones de viajes diarios que se hacen en el sistema de transporte masivo, la operación está en riesgo, ya que el Gobierno Petro se ha negado a girar 825.000 millones de pesos presupuestados este año para TransMilenio.

“El presidente nos dijo que no había plata para eso, por lo que nos ha tocado buscar esos recursos para cumplir los contratos y saldar el hueco del fondo de estabilización tarifaria, que solo este año va a requerir 3 billones de pesos”, reveló Galán.

Cierre estación de TransMilenio Calle 26
TransMilenio es una de las operaciones que podría verse afectadas por la pelea del gobierno nacional con el local. | Foto: Alcaldía de Bogotá

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, indicó: “La ciudad asumirá con recursos del Distrito 650.000 millones de pesos para garantizar que el sistema de transporte masivo no tenga faltantes en su funcionamiento”. De momento, se ha descartado aumentar el valor del pasaje, pero ante la renuencia del Gobierno Petro, en 2025 otro sería el panorama.

En el sector transporte, la Casa de Nariño sigue sin aprobar el aval fiscal al Regiotram del Norte, un tren de cercanías que han estructurado Bogotá y Cundinamarca. El proyecto cuenta con factibilidad y debe superar las exigencias técnicas, para aspirar a una cofinanciación de 9 billones de pesos. No obstante, el Ministerio de Transporte insiste en que debe ser un corredor férreo para carga y pasajeros.

El cortocircuito entre Petro y Galán también quedó demostrado esta semana, cuando el alcalde se apartó de la iniciativa de Prosperidad Social para construir 150 puntos de abastecimiento solidario (PAS) en los siguientes ocho meses.

Galán no postuló a Bogotá a esa iniciativa advirtiendo que “no creemos en improvisaciones” y que “este no es el momento para soluciones a medias”, por lo que decidió desmarcarse del Gobierno y crear el programa de Bogotá Sin Hambre 2.0.

Regiotram de Occidente
La construcción del Regiotram también podría verse afectada. | Foto: Ministerio de Transporte

“Petro tiene nostalgia porque cuando fue alcalde de Bogotá no hizo nada y hoy quiere que no tengamos nada. Esa nostalgia del presidente va a hacer que Bogotá retroceda”, advirtió el concejal Rubén Darío Torrado, de La U.

Asimismo, la alta tensión quedó expuesta cuando el Gobierno Petro, amparado en la intervención forzosa que ejecuta la Superintendencia de Salud a la Subred Centro Oriente, ordenó liquidar de manera unilateral el contrato firmado entre el grupo español Copasa y la Subred para demoler la torre central del Hospital San Juan de Dios en Bogotá y construir una Unidad Médico Hospitalaria.

El alcalde Galán solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que verifiquen si la decisión adoptada respeta la moralidad administrativa y protege el patrimonio público. Además, instó a las Secretarías de Salud y Jurídica a evaluar las acciones administrativas y judiciales pertinentes en relación con la motivación y competencia del agente interventor para tomar dicha decisión.

Complejo Hospitalario San Juan de Dios
Complejo Hospitalario San Juan de Dios | Foto: Leo Reina/Ministerio de las Culturas.

El mandatario distrital sostuvo que, desde 2017, la Alcaldía ha adoptado medidas para recuperar el San Juan de Dios, conforme a las especificaciones técnicas y culturales exigidas por la ley. “Nuestro propósito es garantizar que este hospital funcione y preste sus servicios a toda la ciudadanía. Sin embargo, la decisión del agente interventor nos aleja de ese objetivo y pone en riesgo el patrimonio público. Por ello, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que quienes afecten negativamente el patrimonio de Bogotá respondan ante la ley por sus decisiones”, añadió.

Para el concejal Óscar Ramírez Vahos, del Centro Democrático, “esta decisión no plantea una solución definitiva para el San Juan de Dios y sí atenta contra la atención en salud de los bogotanos y en detrimento de las finanzas del Distrito por cuanto la liquidación del contrato representa un proceso judicial para la capital por cerca de medio billón de pesos, esto además de la demanda arbitral que ya cursa contra Bogotá por 70.000 millones de pesos que reclama el contratista como indemnización, y todo por los caprichos de Gustavo Petro”.