“Crea riesgo de injerencia política, así como de clientelismo”: artículo de la reforma a la salud preocupa a Transparencia por Colombia

En el Congreso de la República se llevó a cabo una mesa técnica sobre la lucha contra la corrupción en la reforma a la salud, la cual contó con intervenciones de expertos, actores del sector y organizaciones de la sociedad civil. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, encendió las alarmas sobre varios puntos de la iniciativa del Gobierno nacional.

En primer lugar, habló sobre la magnitud de la corrupción en el sector salud, resaltando que entre 2016 y 2020 se registraron 67 hechos de este tipo por aproximadamente 1,63 billones de pesos.

Luego, Hernández se refirió al análisis de la reforma a la salud por parte de Transparencia por Colombia bajo tres pilares. “Ver qué tan visible puede ser un sistema, ver qué institucionalidad y gobernanza tiene un sistema, y luego, por último, ver los sistemas de control alrededor de un sistema”, explicó el director.

La primera alerta tiene que ver con que la complejidad del presupuesto del sistema planteado en la reforma puede provocar un “riesgo de opacidad de información”.

“En este sentido, es muy importante crear una estrategia de transparencia presupuestaria que abarque la totalidad de las fuentes de financiación del sistema, permita la trazabilidad del tiempo real del uso de los recursos por parte de todos los actores. También se deben considerar medidas de transparencia presupuestaria para el proceso de transición entre el modelo actual y el nuevo modelo propuesto, incluyendo transparencia en el pago de las deudas existentes en el sistema”, mencionó el director de la organización.

Frente a la contratación, mencionó que se debe hacer explícita la obligatoriedad de la publicación de la información contractual en todos los ámbitos.

En términos de institucionalidad y gobernanza, Hernández resalta que “la creación de una nueva institucionalidad público-estatal del sistema, y de múltiples interrelaciones entre actores públicos y privados, nacionales y territoriales, debería estar acompañada con medidas de prevención de riesgo de injerencia política y corrupción”.

De esta forma, de aprobarse la reforma, la organización considera que debe ser tarea del Ministerio de Salud crear una estrategia de lucha contra la corrupción que vincule a los múltiples actores del sistema.

En este ámbito, el director de la organización hizo énfasis en el artículo 43 de la reforma a la salud, el cual fue aprobado por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y será sometido a debate en plenaria.

El artículo dice que el nombramiento de directores de los hospitales en los territorios “se efectuará por la respectiva autoridad nominadora, dentro de los tres (3) meses siguientes al inicio del período del respectivo alcalde municipal o distrital o gobernador, para un periodo institucional de cuatro (4) años, previa verificación del cumplimiento de requisitos y calidades establecidos en la presente ley”.

Según Hernández, este sería un punto débil de la reforma propuesta por el Gobierno en términos de posible injerencia política.

“Esto crea un riesgo altísimo de injerencia política en la designación de los directivos de las ISE, así como riesgos de clientelismo en el nivel territorial. En otras palabras, cada cuatro años cambiaríamos de alcaldes y gobernadores. Por lo tanto, cambiaríamos de directivos de las ISE y, por lo tanto, de personal dependiente de modelos de prestación de servicios. Ese es un punto muy preocupante”, manifestó Hernández.

Según la organización, si bien la reforma prevé cierta apertura ciudadana para hacer veeduría del sistema, aún le falta unificar y optimizar sus mecanismos para evitar posibles hechos de corrupción y mejorar el acompañamiento en la transición.