“Crearemos condiciones para que se entreguen a la justicia”: Pacto Histórico descarta diálogos con bandas criminales

SEMANA reveló una carta con fecha del 19 de julio y dirigida al presidente electo Gustavo Petro, su vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva. En ella, el Clan del Golfo y un grupo de exparamilitares plantean la posibilidad de dialogar con el gobierno electo e incluso le proponen un cese al fuego a partir del próximo 7 de agosto.

“Estamos dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto de 2022. Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado. Estamos dispuestos a pedir perdón. Estamos dispuestos a aportar verdad total e integral. Estamos dispuestos a reparar y, sobre todo, a no repetir los actos criminales. Estamos dispuestos a cumplir con los fines de la justicia restaurativa. Estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medioambiente, contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente. Estamos dispuestos a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones”, dice la comunicación.

Los proponentes del cese al fuego son: Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparrapos), Grupo Los Rastrojos, Grupo Los Shotas de Buenaventura, Grupo La Inmaculada de Tuluá y Grupos Mexicanos de Quibdó.

Por esa razón, integrantes del Pacto Histórico respondieron a esta petición y de inmediato se rechazó cualquier tipo de negociación política con las bandas criminales.

En diálogo con SEMANA, el senador Iván Cepeda explicó que aunque la política del presidente electo Gustavo Petro será la de lograr una “paz total”, para este tipo de grupos al margen de la ley solo existe la posibilidad de un sometimiento a la justicia.

“Existe una norma que es la 1908 del año 2017, con la cual se pretendía flexibilizar las acciones pertenecientes a grupos que están en armas y que están relacionados con el narcotráfico; la intención ahora es revisar esa ley y buscar que haya condiciones que permitan ese desmantelamiento porque la ley quedó muy mal hecha y no ofrece condiciones para lo que queremos que es un acogimiento a la justicia de organizaciones o estructuras muy complejas que hay como el Clan del Golfo”, dijo Cepeda.

En ese sentido, Cepeda explicó que se está preparando un proyecto de ley para definir esa política de sometimiento a la justicia para que esos grupos criminales tengan esa opción.

“Va a precisar (el proyecto) las condiciones de beneficios. Si hay un desmantelamiento de las organizaciones criminales, una entrega de rutas del narcotráfico, verdad y justicia, reparación para las víctimas y desde ese punto de vista a tener unas mejores condiciones para que se entreguen a la justicia”.

El congresista aclaró que la iniciativa que se presentará no contempla ningún cambio al mecanismo de extradición, como se ha dicho en algunos sectores. “La extradición es un problema binacional en el caso de Estados Unidos y no se trata en un proyecto de ley, tendrá que ser objeto de conversaciones entre el nuevo Gobierno y el Gobierno de Estados Unidos a la luz de la política contra el narcotráfico”.

El senador de la Alianza Verde Arial Ávila apoyó la postura de Cepeda e indicó que a las bandas criminales no se les puede otorgar ningún estatus político. “Solo va a haber proceso de paz con la guerrilla del ELN, para acabar la justificación política de la violencia, reconociendo lo que se avanzó en el gobierno Santos y resolviendo el tema de Cuba”.

Agregó que “frente a las organizaciones criminales como el Clan del Golfo no habrá proceso de paz, habrá una metodología de sometimiento a la justicia organizacional –ya existe individual– y tendrá que haber un tema relacionado con los campesinos cultivadores de coca que se enmarca dentro del Acuerdo de Paz, pero no habrá negociación con organizaciones criminales”.

En la carta revelada por SEMANA, los integrantes de estas organizaciones le dicen al presidente electo que piden garantías iguales a las que han obtenido otros miembros de otros armados al margen de la ley, la Fuerza Pública, agentes del Estado y terceros civiles que también han participado en el conflicto.

“Hemos aprendido la lección que hoy en día por las armas no se llega al poder, que a este se debe llegar de manera democrática, así como lo hizo el señor presidente Gustavo Petro Urrego. Le decimos al país que estamos dispuestos a emprender este mismo camino”, dice la carta.

Indican que no quieren justificarse, pero “queremos que entiendan que si estamos o estuvimos en la ilegalidad fue por necesidad y falta de oportunidades que nos negaron los gobiernos anteriores, en los cuales nunca hubo una verdadera democracia, una verdadera justicia, ni tampoco un verdadero Estado de derecho para nosotros los excluidos y marginados de la sociedad, hasta hoy, que por fin llega a la dirección de nuestro país un hombre y su equipo que nos tiene en cuenta. Hemos sido el Estado durante décadas en extensos territorios del país, reemplazando sus instituciones, y a nosotros acuden las poblaciones que desde los gobiernos centrales han marginado con su falta de presencia, excepto cuando han necesitado el voto de estas comunidades que representamos”.

Los firmantes dicen que “para nadie es un secreto que la peor mafia ha sido la de los políticos corruptos”.