Crisis anunciada: ¿las decisiones del Gobierno contribuyeron a la grave ola de violencia que vive el país?

La crisis de seguridad que se vive en el país definitivamente se salió de las manos. A pesar de que tanto el Gobierno como los jefes de algunos de los grupos criminales hablan de paz, los colombianos se despiertan a diario con la noticia de un nuevo atentado, un secuestro o un paro armado.

Por ejemplo, este miércoles (5 de julio) se conoció que mientras el ELN habla de un cese al fuego a partir de este jueves 6 de julio, miembros de esta organización secuestraron en el departamento de Arauca a la sargento segundo del Ejército Gihislaine Karina Ramírez Chitiva y a sus dos hijos, menores de edad.

Igualmente, el Frente de Guerra Occidental de esta guerrilla nuevamente volvió a atemorizar a los habitantes de Chocó con el anuncio de un nuevo paro armado en los sectores por donde cruzan los ríos Taparal, Sipí y San Juan, en este departamento.

La situación también es delicada en Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde luego de la ruptura de los pactos de no agresión de las bandas criminales de Los Chotas y Los Espartanos se ha desatado una cruenta ola de violencia.

El deterioro de la seguridad también se ha visto en el aumento de delitos como el hurto, la extorsión y el secuestro. Por ejemplo, según cifras del Sistema de Información de la Policía Nacional, 152 personas fueron retenidas ilegalmente entre el primero de enero y el 31 de mayo.

Si se analiza en detalle este dato y el periodo en el que ocurrieron los hechos, no se reportaba un alza de estas magnitudes desde 2012. En los primeros cinco meses de ese año, se cometieron 146 secuestros. Las zonas más afectadas por este flagelo son Antioquia, Norte de Santander, Cauca y Arauca, terrenos donde operan ampliamente las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN.

Esta situación contrasta con el nuevo enfoque que le ha dado el Gobierno de Gustavo Petro a la estrategia de seguridad, en la que le apuesta a las negociaciones de paz con los grupos ilegales por encima de los resultados militares.

La escogencia de Iván Velásquez como ministro de Defensa apuntó exactamente en esa dirección: un defensor de derechos humanos y exmagistrado que combatió con dureza la corrupción, quien comenzó por decir que su tarea no es dirigir operaciones militares, sino “ejercer el control civil sobre la Fuerza Pública”.

La transformación empezó con una poda entre agosto y octubre del año pasado, en la que salieron más de 50 experimentados generales entre Fuerzas Militares y de Policía que tenían un amplio conocimiento en cuanto a operaciones armadas contra la criminalidad.

Suspensión de bombardeos

La transformación en la estrategia de seguridad también incluyó la suspensión de forma indefinida de los ataques a organizaciones ilegales a través de bombardeos. La decisión se tomó para evitar que resulten muertos menores de edad que han sido reclutados por estos grupos criminales para ser puestos como carne de cañón.

Los bombardeos, muy efectivos en la guerra por la capacidad de hacer daño a los ilegales, han tenido muchas críticas, justamente porque en medio de varios de ellos han caído menores de edad o personas que no tenían vínculo con las organizaciones ilegales.

Uno de los impactos que han advertido los expertos es el aumento en el reclutamiento de menores, pues ahora podrían ser utilizados como escudo por los grupos ilegales para evitar bombardeos.

Hoy en día, según Indepaz, existen al menos 32 grupos disidentes de las Farc, a los que se suman las bandas criminales y los bloques del ELN, que no tienen una jerarquía vertical clara y tienen sus raíces en grupos de milicianos que no entran en combate directo con la Fuerza Pública, sino que recurren a emboscadas, atentados y ataques individuales.

Así mismo, el Gobierno cambió el enfoque de la lucha contra el narcotráfico, lo que generó una caída en la incautación de cocaína y la erradicación de cultivos ilícitos. No se puede olvidar que el narcotráfico es el principal combustible de la criminalidad.

Según el reporte del propio Gobierno, las cifras de erradicación manual de cultivos ilícitos vienen cayendo en picada. Mientras entre enero y junio del año pasado —cuando aún estaba Iván Duque en el poder— se erradicaron 40.277 hectáreas de coca bajo esta modalidad, en el segundo semestre del año, que corresponde en su mayoría al Gobierno Petro, la cifra cayó a 27.706, es decir 12.571 hectáreas menos, una caída del 31 %.

Lo más preocupante es que el panorama para este año parece no mejorar. Según el reporte del Ministerio de Defensa, mientras entre enero y mayo de 2022 se erradicaron 33.454 hectáreas de coca, en el mismo periodo de este año el reporte bajó a 4.511, es decir, una disminución del 87 %.

Una situación similar ocurre con la incautación de cocaína. Mientras entre enero y junio del año pasado se incautaron 362 toneladas, para el segundo semestre la cifra llegó a 289,1, una caída del 20 %.

Tal como ocurre con las hectáreas erradicadas, el panorama se pone más preocupante cuando se analiza la incautación este año. El país pasó de incautar 311 toneladas entre enero y mayo del año pasado a 256 en el mismo periodo de este año. Un bajón del 18 %.

“Usted no desmantela esto, si no es atacando las economías criminales. En el fondo, a la hora de la verdad, yo tampoco anticipo resultados positivos en ningún tema que tenga que ver con la ‘paz total’ si no hay una lucha frontal contra el narcotráfico en Colombia”, dijo el fiscal general, Francisco Barbosa, hace algunos días.

Cese al fuego

A inicio de año, el Gobierno de Gustavo Petro pactó un cese al fuego por seis meses con cuatro grupos armados del país, en aras de reducir la violencia. Sin embargo, tal parece que este periodo fue aprovechado por algunos de estos grupos para continuar con sus acciones criminales.

El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, presentó el pasado 1 de julio los resultados del monitoreo realizado entre el 1 de enero y 29 de junio de este año, tiempo en el cual estuvo vigente el cese al fuego, y los resultados son inquietantes: hubo 60 eventos de incumplimiento del cese al fuego.

Esto se explica en buena medida debido a que, a pesar de la buena voluntad del Gobierno, se pactó un cese al fuego con organizaciones con las que ni siquiera se estaba negociando formalmente, como el Clan del Golfo, las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia.

A esto se suman los preocupantes mensajes que ha venido enviado el Gobierno, como el de no respaldar a los 70 miembros del Esmad que fueron secuestrados en San Vicente del Caguán, Caquetá, o el de ordenar a la Fuerza de Tarea Omega cesar operaciones contra disidencias

Si bien el aumento de las acciones violentas en el país venía desde antes de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, durante el actual Gobierno la situación parece estarse saliendo de control. Ha causado inquietud que se hagan concesiones a algunos grupos ilegales sin siquiera haber iniciado una negociación y con una fuerza pública que parece estar quedando con las manos atadas.

Mientras las comunidades siguen presenciando cada vez más masacres, desplazamiento, hurto, terror y extorsión, no parece haber, por ahora, algún plan articulado para ponerle un tatequieto a la criminalidad.