Aquí están los detalles secretos del colapso del sistema de salud: Petro, lo saca adelante o lo hunde definitivamente. La vida de los colombianos está de por medio

El sistema de salud de los colombianos colapsó esta semana. El presidente Gustavo Petro lo recibió con serios problemas financieros el 7 de agosto de 2022, después de haber resistido el más grande reto: la pandemia del covid-19. Pero la crisis se agravó en los últimos días. Petro, tras llegar al poder, puso en marcha una estrategia para darle un revolcón bajo la premisa de que la salud se convirtió en un negocio que enriqueció a unos pocos y se volvió un nido de corrupción. Para ello, ha propuesto eliminar las EPS, hacer giros directos a hospitales, clínicas y prestadores de servicios médicos y enfatizar en la prevención. Tras un año largo de discusión, el Gobierno cedió en que las EPS fueran gestoras y dejaran de ser prestadoras.

El plan fue claro. Presentó su reforma a la salud en el Congreso, la cual se hundió el pasado miércoles en medio de una inmensa polémica nacional que no hizo posible los consensos. De forma paralela, hay quienes aseguran que el Gobierno propició la asfixia de las EPS al no pagarles todas las cuentas que reclamaban, incluso luego de una orden de la Corte Constitucional, y aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por debajo de lo necesario.

Casi a la par del hundimiento de la reforma, coincidencia o no, la Superintendencia de Salud decidió intervenir dos de las prestadoras más grandes: Sanitas y la Nueva EPS, que suman juntas unos 16 millones de afiliados. El viernes, Compensar, con casi 3 millones de usuarios, pidió su liquidación voluntaria por la crisis económica y la incapacidad de prestar el servicio. Por esta razón, muchos consideran que Petro puso en marcha su reforma.

En marzo de 2023, el presidente había pronosticado lo que vendría. A tal punto que habló de un efecto “dominó” y de cómo solo era necesario esperar para ver caer, una a una, las EPS con serios líos y algunas con sus pecados. Y así sucedió. Es cierto que el sistema no ha sido ajeno a la corrupción, el desplome de SaludCoop es prueba de ello, pero también es una verdad de a puño que se ha destacado como uno de los mejores de América Latina. Hoy el otro hecho fáctico es que la salud de 27 millones de usuarios de las EPS está en manos del Gobierno.

Desde el día cero el plan estaba claro. Y muchos lo advirtieron. El Gobierno Petro tenía un objetivo: estatizar el sistema de salud, empezando por eliminar las EPS. Pero vino la derrota. En la Comisión Séptima del Senado tuvo nueve votos en contra y solo cinco a favor.

Ese mismo día, el presidente lanzó una grave advertencia: “Lo que sería una transición tranquila, ahora será de golpe”. Y así fue. Entonces, ejecutó de manera paralela su plan B, que desde hace tiempo era realmente el A: echó a andar la reforma por la puerta de atrás.

El expresidente César Gaviria vaticinó de forma apocalíptica lo que esto significa. “Acá va a haber miles y miles de muertos por la manera en que Petro se está tomando el sistema de salud”. El exministro Alejandro Gaviria fue enfático: “Estamos ante una crisis sistémica, que no es solamente la de una EPS, como consecuencia de la inacción y de cierta obstinación ideológica por parte del Gobierno”. El exministro José Antonio Ocampo también hizo un análisis agudo: “Lo preocupante es que se está generando una crisis, no que haya una crisis, el Gobierno es incapaz de manejar el sistema”.

En los últimos cuatro días, los colombianos vieron con pánico cómo fueron cayendo las más grandes EPS. La Superintendencia de Salud intervino Sanitas el martes en la tarde. Quince funcionarios llegaron a la sede de la 109 con autopista Norte, en Bogotá, y otros al despacho de su presidente, Juan Pablo Rueda, en la calle 100, a quien separaron del cargo. Keralty, dueña de Sanitas, emitió un duro comunicado en el cual describió la operación como “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.

La Procuraduría puso en entredicho la intervención de Sanitas y alertó que ni siquiera había un expediente que la sustentara. “Tenemos, pues, digamos el esqueleto”, señaló el superintendente Luis Carlos Leal.

Un día después, el Gobierno dio otro golpe. También intervino la Nueva EPS, en la que el Estado tiene el 50 % y ya había puesto a Aldo Cadena como presidente. Petro justificó esa movida diciendo que había encontrado en la entidad “una falsa contabilidad”. Agregó que “6 billones de pesos entregados por el Gobierno para atención de sus afiliados no fueron usados en esos propósitos”. Con la intervención, las cajas de compensación, que son dueñas del otro 50 %, quedaron en el aire.

El jueves se rumoraba la intervención de Sura, pero hasta ahora eso no ha ocurrido aunque los indicadores de esa EPS son similares a los de las prestadoras que cayeron en desgracia. Sin embargo, Compensar sí se lanzó al agua con desesperación: el viernes en la mañana pidió su liquidación de manera voluntaria. En un comunicado describió que la situación era crítica “al punto de no permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad”. Petro contestó: “Las sinceras declaraciones del gerente de Compensar simplemente nos dan la razón”.

“Las intervenciones fueron autoritarias, caprichosas y no están plenamente sustentadas”, dijo el exministro Gaviria para resumir esas medidas. “Ya empezó el apagón en la salud con esta intervención que parece más una expropiación”, agregó el expresidente Iván Duque.

Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar, le dijo a La W que la decisión de someterse a una liquidación voluntaria no es culpa del presidente Petro: “Es muy difícil el manejo del sistema actual, llevamos varios años lidiando con la sostenibilidad de la EPS. Es un tema estructural, no es una cosa coyuntural”. Petro capitalizó lo dicho por Vásquez, y los críticos consideran que el miedo a las consecuencias de una intervención pudo llevar a los directivos de Compensar a pedir la liquidación, ya que, además, les permite a ellos mismos manejar el proceso.

Con esos tres actos, algo quedó claro: todo está consumado. De 51,5 millones de usuarios que tiene el sistema, 27.261.993 quedan a cargo del Gobierno Petro. Las cuentas de las EPS intervenidas y a la espera de liquidación son las siguientes: Asmet, 1.648.875; Emssanar, 1.794.206; Famisanar, 2.918.982; Nueva EPS, 11.294.814; Sanitas, 5.780.082; Savia, 1.672.446, y Compensar, 2.152.588. “Estamos en el principio del fin”, le dijo uno de los presidentes de estas EPS a SEMANA.

La asfixia

La historia de cómo cayeron las EPS, aun sin la reforma, es compleja. Desde agosto de 2023, en una carta, Sura, Compensar y Sanitas habían advertido que se les estaba acabando el oxígeno y pedían soluciones. Nunca las hubo. En entrevista con SEMANA, Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas, dijo que por sus números rojos estas organizaciones estaban perdiendo la habilitación financiera.

Las cifras que Sanitas presentó a la Superintendencia muestran el difícil panorama. Al cierre de 2023, el pasivo total era de 2,75 billones de pesos. De estas, las deudas de la Adres con Sanitas a diciembre de 2023 sumaban 1,53 billones de pesos, 734.000 millones de pesos por los llamados presupuestos máximos y 614.000 millones de pesos por recobros. Otros 131.000 millones de pesos por compensación y 50.000 millones de pesos más por licencias de maternidad. Para este momento, el patrimonio negativo era de 69.000 millones de pesos y las pérdidas acumuladas sumaban 443.000 millones de pesos.

“Lo venimos cantando hace muchos meses, cuando dije que las van a asfixiar, las van a intervenir y van a llevarse todo lo que puedan a la Nueva EPS una vez la capturen políticamente. Es lo que está pasando”, le dijo el expresidente Duque a SEMANA. El Gobierno les cortó el flujo de recursos a las EPS. Por un lado, aumentó la UPC (el giro del Estado por paciente) en un 16 %, pero por el covid, los precios del dólar y la inflación, los expertos consideraron que debía ser del 24 %.

Aldo Cadena, nombrado por el Gobierno como presidente de la Nueva EPS, les dio la razón a los críticos de la reforma y sostuvo que la UPC era insuficiente. Explicó que en 2023 esa entidad perdió 411.383 millones de pesos, lo que provocó que su patrimonio pasara de 480.000 millones de pesos a 73.000 millones de pesos. Esta semana, Cadena también perdió su puesto.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sorprendió este viernes cuando confesó ante la Corte Constitucional que estaba de acuerdo con revisar la UPC, porque hoy en día “solamente las enfermedades crónicas de alto costo y huérfanas se están llevando el 20 % de este presupuesto”. Jaramillo se había negado a esto todo el tiempo.

El exministro Ocampo aseguró: “El déficit de las EPS se debió a que en 2022 la inflación se disparó, pero la UPC fue ajustada con la inflación de 2021. Ahí hubo un faltante importante”.

Por otra parte, la crisis se agudizó por el no pago de las deudas que tenía el Estado con las EPS. El pasado 26 de febrero, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno hacer los pagos. Hasta ahora, esa orden no se ha cumplido y con las intervenciones es probable que no se cumpla. Lo que el país no olvida es el vaticinio de la exministra Carolina Corcho. La funcionaria había hablado de generar “una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se necesita el cambio. Y que en medio de la crisis surja una alternativa”.

El presidente Petro también se había sincerado cuando le dijo al portal Cambio en marzo del año pasado: “Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Entonces, shu, shu, shu, eso es un dominó… Ni siquiera hay que demorar los pagos, simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como ha sido hasta ahora, pasar a las que quedan, y esas se caen (...). No es sino esperar”. Un año después, estalló la crisis y cada vez más se cumplen los deseos de Petro. El sistema de salud va quedando estatizado.

La reunión secreta

En la Casa de Nariño tienen claro que el archivo de la reforma a la salud no tiene reversa. SEMANA habló con funcionarios que contaron detalles hasta ahora desconocidos de lo que pasó esta semana. Por ejemplo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no está de acuerdo con volver a presentar el proyecto. Dejó claro que sería desgastante y suicida. Si se presenta, tendría que comenzar desde el primer debate en la Cámara y el poco tiempo sería el peor enemigo.

Aun así, la idea está firme. Así quedó establecido este miércoles 3 de abril, a las cinco de la tarde, en una reunión a puerta cerrada en Palacio, presidida por Petro, a la que asistieron Velasco, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la directora del Dapre, Laura Sarabia. En el encuentro hubo tres personas más, pero los nombres no fueron revelados.

A esa reunión, Petro llegó derrotado y visiblemente inquieto. Reconoció que fue un gran golpe contra su Gobierno, incluso por encima de las reformas política y laboral, que se hundieron. Afirmó que intereses privados se movieron muy duro para hacer naufragar su proyecto y repitió la narrativa de que las EPS, y en especial Keralty, dueña de Sanitas, financiaron congresistas en las elecciones legislativas. El ministro Jaramillo guardó silencio, mientras el presidente escuchó a los demás y tomó nota.

En la cita también hubo mea culpa. Uno de los presentes le confirmó a SEMANA que en el encuentro se planteó que fue un error de cálculo la intervención de Sanitas justo un día antes de la votación de la reforma. Lo vieron como un detonante para su hundimiento. Varios de los asistentes, además, no sabían que esas intervenciones se iban a llevar a cabo esta semana.

Al final, el presidente confirmó que el proyecto se presentará nuevamente. Quiere que sea un texto corto, con máximo diez artículos, pues la reforma a la salud que archivó la Comisión Séptima era un texto extenso de 170 artículos que terminó convertido en un tratado o una especie de Frankenstein, en el que metieron mano desde la exministra Corcho hasta algunos partidos, entre otros. El propio Petro llamaba jocosamente su proyecto como “el Código de Hammurabi”.

El primer mandatario también le dio una instrucción a su ministro de Salud: avanzar hasta donde se pueda en implementar la reforma sin necesidad de transitar por el Congreso.

SEMANA habló con el presidente del Senado, Iván Name, quien tiene que decidir una comisión accidental para dirimir el tema y examinar la apelación, pero él se tomará su tiempo. “Debo pensar en ello cuidadosamente”, anunció a este medio.

Cuando Petro dijo que al Gobierno lo habían derrotado Keralty y otros intereses, Name reaccionó. “Es inadmisible la afirmación del presidente Petro según la cual la Comisión Séptima del Senado de la República decidió el archivo del proyecto de ley de reforma de la salud bajo influencias ilegales y corruptas”, le dijo a SEMANA.

El hundimiento

El fracaso en el Congreso de la reforma a la salud produjo júbilo en un enorme sector. Tumbar el proyecto era prioridad de varios partidos que lo veían como un golpe mortal al sistema, que, a pesar de sus fallas, muchos consideran uno de los mayores avances sociales del país en los últimos 30 años. Pero quedó en el ambiente la referencia que hizo el ministro de Salud minutos antes de la votación en la Comisión Séptima del Senado, cuando habló de que este tema podría ser tratado en una “constituyente”.

Ramón Abel Castaño, consultor y máster en Gestión y Política de la Escuela de Salud Pública de Harvard, lo explicó con cifras: el 5 % de los pacientes del sistema de salud “consume el 50 % de los recursos”. Se trata de aquellos con enfermedades de alto costo. “Y pudieron contar con acceso a tratamientos muy costosos gracias al sistema solidario que tenemos”.

Petro lo ve con otros ojos. Ha repetido una cifra que varios expertos desmienten: que el sistema de salud ha matado a 340.000 colombianos en los últimos diez años, “más personas que en el conflicto armado”. Para la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, la reforma “era improvisada, regresiva y destructiva (...) no solucionaba de fondo los problemas en los territorios”.

El congresista Andrés Forero fue más allá: “El presidente está tratando de implementar a las malas, por decreto y con intervenciones arbitrarias su reforma a la salud sin importarle las consecuencias que eso pueda implicar”. La Contraloría había advertido que la Superintendencia no tenía capacidades técnicas y administrativas para reemplazar o hacerse cargo de las funciones que desempeñan las EPS.

El senador David Luna está de acuerdo con que el sistema requiere importantes ajustes y confirmó que Cambio Radical presentará un nuevo proyecto. “Que pongan en práctica el acuerdo nacional que anunció el presidente Petro y construyamos colectivamente una reforma que mejore y corrija los errores del actual sistema, sin que se arrase con lo construido”, agregó.

El petrismo reconoció la derrota. “Ni siquiera se discutió en la Comisión y, por tanto, no escuchamos cuáles fueron los argumentos que tenían en contra del proyecto de reforma”, dijo Heráclito Landínez, representante a la Cámara del Pacto Histórico. Para el congresista, es clave citar una reunión de urgencia en la Casa de Nariño con el fin de evaluar realmente qué partidos forman parte de la coalición de Gobierno y cuáles no, y reconfigurar las mayorías. El presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle, cree que no se perdió el trabajo que se adelantó en la corporación, donde el proyecto logró avanzar. “Ponerlo en la agenda nacional era necesario”.

Máquina electoral

El gran temor de los críticos de la reforma a la salud es que el Gobierno convierta el sistema en un modelo como el cubano o el venezolano. El profesor Castaño lanzó una alerta. “Hay una calculada estrategia política, porque el Pacto Histórico no llegó para quedarse un solo período, busca reelegirse. Y para ganar las próximas elecciones echará mano de cargos y presupuestos de la salud. Solo en los hospitales públicos hay 150.000 empleados que trabajan por prestación de servicios. Formalizarlos y sumarlos a los 50.000 que tienen y a formas más estables de trabajo equivale a tener 200.000 personas bajo control del Estado. Trabajadores que pueden convertirse en un sindicato igual o más poderoso que Fecode y eso se traduce en una poderosa maquinaria electoral: 200.000 votos más sus familias”. A estos se suman, dijo, los equipos de salud territoriales previstos por Petro en su modelo de salud, que pueden añadir otras 50.000 personas. “Eso se vuelve un botín electoral muy atractivo”, aseguró Castaño.

Y destacó el presupuesto de 90 billones de pesos de la Adres. “Si el Gobierno nacional logra tener el control directo de esos dineros, se volverá un instrumento para montar esa maquinaria electoral y mantenerla aceitada para sostener al Pacto Histórico en el poder”.

Ya lo está haciendo, agregó Castaño, a través de la Nueva EPS, que maneja 20 billones de pesos. “Con esos dineros les dará preferencia a los prestadores de salud que sean simpatizantes del Gobierno. Y con la chequera en la mano convencerá a los que están dudosos. Y a los que son opositores del Gobierno los castigará”.

Peligroso

Aunque las intervenciones son por un año, según los documentos, algunos temen que terminen en liquidaciones ante la incapacidad del Gobierno para resolver el problema. El nombramiento del interventor de Sanitas encendió las alarmas. El Gobierno designó en ese rol a Duver Dicson Vargas, cuya experiencia es haber sido agente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, subgerente financiero del Hospital Departamental de Villavicencio y subgerente del Hospital San José del Guaviare. Sin embargo, se le entregó una empresa con 6 millones de afiliados y un balance en rojo.

A eso se suma que el Gobierno no tiene tampoco buenos resultados en las otras EPS que ha intervenido. Un ejemplo es la antioqueña Savia Salud, con 1.699.161 afiliados. La entidad se encontraba en medida de vigilancia especial y se estaba recuperando, iba por buen camino. “Pero llegó el superintendente Ulahy Beltrán y la intervino, en vez de dejar que terminara de recuperarse. Eso confirma que existe una estrategia política de apoderarse del control de las EPS para utilizar esa chequera con fines electorales. No es para mejorar el servicio ni para proteger el derecho a la salud”, aseguró el profesor Castaño.

Si el verdadero objetivo no fuera arreglar la situación, sino quedarse con esas empresas, “es lo que hay que parar”, advirtió Ocampo. “Apoderarse de las EPS no es la solución. Por el contrario, puede generar más problemas. La alternativa, a mi modo de ver, debería ser sentarse con las EPS y dar marcha atrás a la intervención de Sanitas. En otras palabras, trabajar bien con el régimen actual”, agregó.

El exministro Mauricio Cárdenas se centró en el impacto en los pacientes. “Todo esto va a ser muy malo para los usuarios. Una intervención significa traumas, deterioros en la prestación del servicio. Los pacientes van a sentir una preocupación por el sistema y eso va a generar una sobredemanda de los servicios de salud”. Este mismo clamor lo hizo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. “El problema del sistema es que se tiene que mejorar estructuralmente”.

¿Una expropiación?

El expresidente Duque abrió el debate cuando habló de una expropiación en el caso de la intervención de Sanitas. De inmediato, hubo quienes compararon a Petro con Chávez, quien frente al mundo puso en marcha una política de expropiación en Venezuela. “Estamos analizando las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país”, dijo Keralty tras la intervención de Sanitas.

Esta es la señal de la guerra jurídica que se aproxima luego de la decisión del Gobierno de intervenir no solo a Sanitas, sino también a la Nueva EPS, y se espera que vengan nuevas determinaciones en este sentido. Uno de los escenarios que se desarrollaría está en el campo internacional. Keralty es un grupo español y un inversionista extranjero en nuestro país.

Colombia, como explicó David Araque, socio de la firma de abogados Gómez Pinzón, tiene con España un acuerdo para la promoción y protección de inversiones, y los socios del Grupo Keralty pueden iniciar una acción derivada de la violación a ese acuerdo y activar esas protecciones bajo el amparo del tratado.

“Al final del día, estas medidas que toma el Gobierno son expropiatorias. Le impiden disfrutar de su inversión y obtener los réditos que estaba esperando por una medida que podría considerarse arbitraria de parte del Ejecutivo”, señaló Araque.

La demanda de arbitraje internacional se podría instaurar ante la Uncitral (de Naciones Unidas) o el Ciadi, institución internacional para el arreglo de diferencias. Aunque es un mecanismo con una gran tradición, tendría dos dificultades. Una, el tiempo. El proceso podría durar cerca de cuatro años y exige una etapa inicial de unos seis meses para buscar un acuerdo directo entre las partes. Y la segunda es que, si no se logra, acudirían a un arbitraje de inversiones. “Ese tribunal internacional no le va a impedir al Gobierno hacer lo que está haciendo. Lo que sí va a lograr es que se compensen todos los daños y perjuicios ocasionados con ese tipo de medidas que está tomando”, explicó Araque.

Ya en el caso colombiano, de acuerdo con algunos expertos, las EPS tendrían que acudir a los mecanismos para disputar la validez y legalidad de estas decisiones y actos administrativos.

Podrían discutir la legalidad, lo que implica una nulidad de esas decisiones y un restablecimiento del derecho. Es decir, no solo que fue ilegal, sino que también causó perjuicios. Algunos, como representantes de KPMG Law Colombia, coinciden en la importancia de la acción popular, ya que diversas organizaciones y grupos de pacientes legítimamente se preocupan por las posibles consecuencias de estas medidas. “Es razonable considerar que se presenten múltiples acciones populares y un sinnúmero de acciones de tutela, cuya gestión no solo será un reto para la administración de justicia, sino para quienes asuman como agentes interventores”, dijo la firma.

También está el recurso de medidas cautelares o suspensiones provisionales de esos actos que ordenaron la intervención y toma de posesión para proteger el activo y el control de la compañía. Además, tampoco se descartan mecanismos como tutelas para analizar el derecho fundamental vulnerado. “Estoy preocupado. Nunca en la historia reciente de las relaciones entre el Estado y el sector privado habíamos visto intervenciones de esta naturaleza”, le manifestó el exministro Alejandro Gaviria a SEMANA.

Jugar con fuego

Lo que está pasando con la salud también significa un reto inmenso para el propio Gobierno. “Las reformas a la salud nunca ponen Gobiernos, pero pueden tumbarlos”, aseguró el exministro Gaviria.

Los pacientes son los más preocupados, pues temen que la atención empeore. “El riesgo no es a futuro, el riesgo es hoy. Vemos claramente la intencionalidad del Gobierno de acabar con el sistema de aseguramiento en salud sin tener ninguna consideración por la vida y la dignidad de al menos 15 millones de pacientes crónicos, crónicos severos, de alto costo y enfermedades huérfanas y, por supuesto, todo el grupo familiar de todos y cada uno de estos 15 millones de pacientes”, afirmó Gustavo Campillo, uno de los principales líderes del movimiento de pacientes en el país. Denis Silva, otro vocero de los pacientes, aseguró que lo que está pasando es “maquiavélico”.

Esta caída en dominó de la salud, asimismo, alertó a los otros sectores. “No tengo la menor duda de que vendrán más. Es la herramienta que el Gobierno está utilizando para intimidar a quienes no piensan como él. Por esto creo que este no es un tema que se pueda dejar así, al garete. Se requiere que las cortes y organismos de control operen rápidamente”, advirtió el expresidente Duque.

Ante este preocupante panorama, quienes tienen el poder de tomar decisiones en estos momentos sobre el sistema deben ser conscientes de que lo que está en juego es la vida de más de 50 millones de colombianos.

Por tanto, las políticas que rijan dicho sistema no pueden tener como prioridad el negocio, la ideología o la venganza. Es urgente el consenso y una reforma seria que garantice el buen servicio y el acceso para todos los pacientes. De lo contrario, los errores y caprichos se pagarán en vidas humanas y empleos destruidos. El presidente Petro ha dicho que él asume la responsabilidad. De sus decisiones dependerá cómo lo juzgue la historia.