Críticas al Gobierno Petro por usar cifras inexactas al defender la transición energética y la reforma a la salud

El Gobierno parece estarse convirtiendo en víctima de sus propias palabras. Funcionarios han sido ‘pillados’ en varias oportunidades difundiendo información falsa o verdades a medias sobre temas trascendentales para la nación.

Estos anuncios, más allá de la desconfianza que generan frente al Gobierno, han llevado al país a fuertes controversias y han sumido a los mercados en la incertidumbre.

El caso más reciente se conoció luego de que expertos lanzaran advertencias sobre las cifras que aparecen en el informe presentado a finales de diciembre por el Ministerio de Minas y Energía, titulado ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa’, en el que se señala que en Colombia hay reservas de petróleo y gas hasta 2037.

Diversos expertos, académicos y voceros del gremio petrolero señalaron que hay serios errores en las cifras presentadas por el Ejecutivo, porque se están presentando de manera incorrecta y se estaría dando la imagen de que el país tiene más reservas de hidrocarburos que las que realmente tienen.

El presidente de la Asociación Colombia de Petróleo, Francisco Lloreda, explicó que las reservas se dividen en tres tipos: reservas probadas, cuando “hay una probabilidad de extraer el hidrocarburo en 90 %”; las probables, cuando “es 50 % sí, 50 % no”, y las posibles, cuando “la probabilidad es del 10 %, esas son las reservas”.

Y agregó: “A nivel internacional, las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas y cosa distinta son los recursos contingentes; es cuando tienes una información que te permite saber qué petróleo y qué gas hay, pero no lo has logrado cuantificar, ni has logrado ver su calidad, ni técnicamente, ni económicamente es factible extraer en este momento, entonces pareciera que el presidente termina juntando recursos de reservas: probadas, probables, posibles y recursos contingentes para decirle al país que tenemos por ejemplo gas hasta el año 2037″.

Los cálculos de los expertos son que las reservas probadas alcanzarían para cerca de cinco o seis años más, es decir, hasta 2028 o 2029.

Ante esta lluvia de críticas, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, explicó que el informe presentado en diciembre se basaba en revisar los recursos que tiene Colombia para que se conviertan en reservas. “Nunca se presentaron datos erróneos, ninguna metodología que tenga ambigüedades”, aseguró la alta funcionaria.

Vélez también dijo que este documento “no es informe de reservas, nunca se dijo que lo fuera (...) Aquí no le estamos mintiendo a nadie y desinformar de esa manera como si así lo estuviéramos haciendo, es una irresponsabilidad con el país”.

También reiteró que el análisis distingue los recursos prospectivos de los contingentes y las reservas. “No se están combinando datos, no se está mintiendo en las cifras”, agregó.

No obstante, según pudo constatar SEMANA, durante el debate de control político que se le hizo a finales de noviembre en la Cámara de Representantes, la ministra sí hizo referencia a que las reservas de gas en el país alcanzarían hasta 2037.

“En este gráfico que ustedes ven acá estamos incluyendo no solamente no solo lo que son las reservas, sino que también ustedes encuentran los recursos contingentes informados en tres proyectos. Es importante contemplar eso porque son recursos del subsuelo que ya se sabe que están ahí”, les dijo la ministra a los congresistas de la Plenaria de la Cámara.

La ministra agregó que “nos parece importante ponerlo de cara a la ciudadanía porque eso significa que con esos proyectos tendríamos autosuficiencia de gas hasta 2037″. (Ver en el video el momento exacto en el que la ministra se refiere al tema)

Es decir, el Gobierno Nacional, tal como lo explicó la ministra, sí está mezclando los datos de reservas probadas, probables y posibles, lo cual según los expertos da una imagen engañosa.

Deuda de las EPS

Otro punto en el que no hay más que dudas e incertidumbre es frente a la reforma a la salud, de la cual aún no se conoce el texto a pesar de que será radicada al Congreso a principios de febrero.

Uno de los elementos que más causa inquietud en medio de esta discusión es la deuda real que tienen las EPS con las clínicas y hospitales, pues este es uno de los argumentos que más se ha usado desde la Casa de Nariño para justificar la reforma y la eliminación de estas entidades promotoras de salud.

La discusión se ha aumentado en los últimos días por cuenta de las cifras contradictorias que ha dado a conocer la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien ha calificado a las EPS de “ineficientes”.

Hace dos semanas, la ministra Corcho había indicado que el pasivo de las entidades promotoras de salud con las clínicas y hospitales era de 50 billones de pesos, una cifra que causó escándalos a nivel mundial.

Sin embargo, la semanada pasada, la Superintendencia de Salud salió a rectificar a la ministra y reveló que la cifra real es de 23,3 billones de pesos, “de los cuales: 16,6 billones de pesos corresponden a las EPS activas en el sector, 1,7 billones de pesos a las EPS liquidadas y cinco billones de pesos a las EPS en liquidación”.

Este reversazo del Gobierno, de inmediato, generó cuestionamiento en varios sectores, que salieron a preguntarse de dónde salió la cifra de 50 billones que reveló la ministra.

Si bien estos episodios han sido recientes, la realidad es que los inconvenientes con la información engañosa vienen desde el mismo momento en el que se instaló el nuevo Gobierno.

Así quedó en evidencia con la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA del 12 de agosto del año pasado, cuando ese organismo emitió una resolución en la que condenaba el irrespeto a los derechos humanos en Nicaragua, de parte del presidente de ese país, Daniel Ortega.

Inicialmente, se dijo que la ausencia se debía a inconvenientes con la acreditación de la delegación diplomática ante este organismo. Sin embargo, pocos días después una investigación de Noticias Caracol reveló que en realidad esta fue una orden que dio directamente el canciller Álvaro Leyva.

Ante la evidencia presentada, la Cancillería salió a reconocer lo sucedido: “Se guardó silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se estaban adelantando antes de obtener un resultado”.