‘Cuello de botella’ en el Congreso: reducción del salario de los congresistas y otras reformas que estarían en la cuerda floja

Luego de conformar una sólida coalición en el Congreso, el gobierno de Gustavo Petro se ha dedicado a radicar una tras otra sus reformas en el Congreso. Y ha sido bastante prolífico en esta materia, tanto que ya está creando un ‘cuello de botella’ en el Legislativo, pues aún no se ha logrado avanzar en un proyecto cuando ya se están radicando otros más.

De esta manera, desde el 7 de agosto hasta la fecha, el Gobierno ha llevado al Congreso la reforma tributaria, la modificación al Código Electoral, la ley de paz total, la jurisdicción agraria, la reforma política, y se espera una reforma pensional. Además, el Senado y la Cámara deberán discutir el presupuesto general para 2023, que por norma debe estar aprobado antes del 15 de octubre.

Lo más llamativo es que la mayoría de estos proyectos de iniciativa gubernamental, ninguno de los cuales ha iniciado su debate, tienen mensaje de urgencia, lo que implica que el Congreso, por ley, deberá darles prioridad y ponerlos por delante en el orden del día tanto en las comisiones como en las plenarias.

Si bien esto refleja el compromiso del Gobierno por tramitar reformas, entre los congresistas ya hay preocupación por el ‘cuello de botella’ que se está formando, lo que implicará seguramente sacrificar otras iniciativas que se habían radicado previamente, la mayoría de ellas de iniciativa parlamentaria.

La mayoría de proyectos que empiezan a estar en la cuerda floja, a tres meses de que finalicen las sesiones del Congreso, son las reformas constitucionales, pues este tipo de iniciativas, por su naturaleza, requieren superar como mínimo cuatro debates en cada periodo legislativo, es decir, ocho debates en total.

De esta manera, deberán tener cuatro debates antes del 16 de diciembre de este año, cuando finalizan las sesiones ordinarias, un reto nada sencillo si se tiene en cuenta que la prioridad son los proyectos del Gobierno, que por tratarse de reformas de fondo tendrán mucho debate.

Salario de los congresistas

Uno de los proyectos que está contra el tiempo es justamente el que busca bajar el salario de los congresistas y recortar el periodo de vacaciones de los parlamentarios.

Con esta reforma, la remuneración mensual de los congresistas pasaría de 35 salarios mínimos, que está hoy, a máximo 23 salarios mínimos. Esta reducción aplicaría a partir de 2026.

Sin embargo, como medida de austeridad estatal y solidaridad, el texto señala que los actuales congresistas tendrán que pagar un impuesto del 20 % de su salario mensual hasta finalizar su periodo, lo que en la práctica implicaría bajarles su remuneración en casi siete millones de pesos.

No obstante, más allá de sus loables propósitos, la reforma fue radicada apenas este miércoles, es decir, dos meses después de iniciarse el periodo del Congreso, y deberá transitar un largo camino para convertirse en realidad.

No solo deberá superar como mínimo cuatro debates antes del 16 de diciembre, algo bastante complicado teniendo en cuenta la lentitud con la que se manejan los trámites del Congreso, sino que por tratarse de una modificación a la Constitución no podrá tener mensaje de urgencia, por lo que deberá tramitarse de manera ordinaria.

A esto debe sumarse el hecho de que, según conoció SEMANA, entre los congresistas ya circula una sentencia del Consejo de Estado, del 27 enero de 2005, en la que se indica que abordar este debate les genera un conflicto de interés, en la medida en que la providencia judicial se señala que deben declararse impedidos cuando el efecto de la decisión “sea en su beneficio o perjuicio” y se aplique de manera “inmediata”.

Otras reformas que tienen un panorama similar son la que busca eliminar el Consejo Nacional Electoral (CNE), la que modifica la elección de contralor y procurador para que sea por meritocracia y la que reduce el tamaño del Congreso.

Caso similar es el de la iniciativa que prohíbe la utilización del fracking en Colombia y la que convierte a los campesinos en sujetos de derecho.

Normalmente, para que una reforma a la Constitución sea aprobada, debe empezar a discutirse por lo menos cuatro meses antes de que finalice el periodo de sesiones, pues en el camino suelen surgir obstáculos: impedimentos, falta de quorum, aplazamientos de las sesiones, entre otros.

Pero en este caso, ninguna de las iniciativas mencionadas ha empezado siquiera su trámite, ¿les cogió la noche?