Cuidadores de personas con discapacidad desde ahora tendrán nuevos beneficios para trabajar y estudiar, ¿cómo podrán beneficiarse?

Brindar cuidado a personas con discapacidad severa es una labor que involucra amor, pero también sacrificio. Quienes brindan apoyo permanente a esta población deben aprender las tareas básicas de enfermería, desde bañar a quien no puede hacerlo por sí mismo hasta prestarle los primeros auxilios en caso de ser necesario, además de conocer las particularidades terapéuticas de cada caso.

Según el estudio Caracterización y condiciones de los cuidadores de personas con discapacidad severa, de la Universidad Nacional, en Colombia, el 19,8 % de las personas con discapacidad reporta cuatro o más deficiencias, lo que se asocia a una mayor necesidad de apoyo de un tercero para desempeñarse en la vida diaria.

El 37,7 % de la población registrada con discapacidad, de acuerdo con el mismo informe, depende permanentemente de un cuidador, que generalmente es del mismo hogar (83,7 % de los casos), una persona que no recibe ningún tipo de remuneración.

Para mejorar esta situación, el presidente Gustavo Petro sancionó en las últimas horas la llamada ley de cuidadores, una norma que busca promover la formación, el acceso laboral, el emprendimiento y la generación de ingresos para quienes brindan asistencia a personas con discapacidad.

“Esta ley trae visibilidad, oportunidades y formación para los cientos de miles de colombianos (en su mayoría mujeres) que asisten a personas con discapacidad”, indicó el excongresista José Daniel López, autor de esta norma, aprobada en diciembre del año pasado por el Congreso.

En materia de empleo, la ley otorga prioridad a los cuidadores de personas con discapacidad para acceder a posiciones que se puedan desarrollar desde el teletrabajo, lo cual permite conciliar el apoyo a personas con discapacidad y la generación de empleo.

También se establece una prevalencia para las personas cuidadoras, generalmente mujeres, en la contratación de personal de apoyo que ocasionalmente definen las EPS para personas con discapacidad.

La iniciativa establece que el 5 % de los nuevos contratos de trabajo, contratos de prestación de servicios o cualquier otra forma de vinculación laboral en una entidad pública que puedan realizarse mediante teletrabajo, deberán asignarse a cuidadores o asistentes personales de esta población.

Una de las estrategias de visibilización y reivindicación de la labor del cuidador o asistente personal que incluye el proyecto es que el 24 de julio de cada año se celebre el día del cuidador de personas con discapacidad.

Con esta ley se creará también el Sistema de registro de localización, caracterización e identificación de los cuidadores de personas con discapacidad.

Esto servirá para tener un control de quiénes desempeñan esta labor con el fin de poder focalizar los apoyos que brinda esta ley en el país.

“Con este proyecto de ley estamos garantizando el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, su autonomía personal y desarrollo de las libertades fundamentales, no es posible plantearse escenarios de protección y dignificación sin incluir al cuidador como figura central de la vida de la persona con discapacidad, esperamos ver este proyecto convertido en Ley de la República”, concluyó la exrepresentante Ángela Sánchez, ponente de la ley.

Colombia se ‘raja’ en inclusión

Por su parte, la Fundación Saldarriaga Concha, junto con el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, desarrollaron el informe ‘La educación en Colombia para la población con discapacidad: realidades y retos’, con el fin de analizar el acceso a la educación para esta población.

Según el Censo de establecimientos educativos de educación formal (C600) para el periodo 2020, de los 2,64 millones de personas que tienen alguna discapacidad, 228.599 son niños y adolescentes (NNA) entre los 5 y los 17 años, de los cuales 151.603 estaban matriculados en los niveles educativos de preescolar, básica primaria y secundaria o media.

El mismo C600, evidencia que, aunque entre 2017 y 2019 el número de matriculados con discapacidad se incrementó, entre 2019 y 2020 decreció en 6.858 estudiantes con discapacidad.

“Si bien el país ha avanzado en cuanto al acceso de la población con discapacidad a la educación, tenemos como sociedad grandes retos que requieren de la articulación de diferentes sectores para lograr trayectorias educativas completas para todas las personas y una educación que garantice que nadie se quede atrás. Porque una educación de calidad debe ser inclusiva”, afirmó Lina María Aristizábal, líder de educación de la Fundación Saldarriaga Concha.