POLÍTICA
Daniel Quintero responde a acusaciones de Fico Gutiérrez. Se refirió a los computadores, la Clínica de la 80 y el programa Aguas Vivas
El exmandatario paisa aseguró que todo en su gobierno se hizo bajo la legalidad.
El exalcalde de Medellín Daniel Quintero le envió una respuesta escrita a SEMANA en la que se pronuncia sobre el escándalo que hace unas horas reveló el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, en el que el mandatario paisa destapó 501 hechos de supuesta corrupción durante la administración de su antecesor en la Alcaldía de Medellín.
Quintero se refirió especialmente a tres denuncias puntuales de Gutiérrez, una de ellas es sobre Computadores Futuro, uno de sus programas insignia. “Es uno de los programas más lindos realizados por nuestra administración. 120 mil niños recibieron un computador Lenovo o HP. La compra se hizo por subasta inversa. Se hace en varias rondas y lo ganaba el más barato. Hubo mucha competencia y todos se entregaron sin problema”, aseguró el exmandatario de la capital antioqueña.
La denuncia de Gutiérrez radica en que el contrato presuntamente habría sido fraudulento y lleno de irregularidades. “Hubo modificaciones en las especificaciones técnicas del producto, después de ser adjudicado, presunta celebración indebida de contratos, presunto favorecimiento a una empresa oferente, presuntos sobrecostos por cerca de 38.000 millones de pesos, y no menos grave, un presunto peculado a favor de terceros”, denunció Gutiérrez sobre los computadores.
El alcalde de la ciudad agregó que durante ese proceso evidenció que la empresa oferente, que era la primera opción, no iba a cumplir con el precio que había ofrecido ya que estaba por debajo del precio del mercado. “Conscientes de eso, deciden retirarse del proceso, y el contrato se adjudica al segundo oferente”, afirmó el alcalde de la ciudad.
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Quintero también defendió su gestión con la Clínica de la 80. “La Clínica de la 80 la recuperamos para la pandemia. No la vendimos porque no era nuestra. Nos devolvieron la plata de las mejoras. (Fue un negocio con el acompañamiento del Estado). A diferencia de Corferias en la pandemia, la Clínica de la 80 hoy funciona para la ciudad”, afirmó.
En ese caso, Gutiérrez había dicho que la Alcaldía de Medellín de Quintero firmó un contrato de comodato con la clínica SaludCoop de la 80 en marzo de 2020. Y que el primero de muchos hallazgos en este caso es que la clínica SaludCoop estaba inhabilitada para contratar con el Estado, por un antecedente fiscal reportado en la Contraloría.
Además, que una vez firmado este comodato, la Alcaldía realizó adecuaciones en la infraestructura física de la clínica por un valor cercano a los 24.000 millones de pesos. Fico aseguró que luego de eso SaludCoop solicitó la devolución de la Clínica, es decir, acabar el comodato.
“En ese punto, en vez de cobrarle las adecuaciones a SaludCoop (que era dueño del espacio físico) la Alcaldía de Medellín, de manera irresponsable, firmó un contrato con un privado para venderle las mejoras (que habían valido 24.000 millones de pesos) en 12.000 millones de pesos… valor inferior en un 50 % de los recursos públicos invertidos. Esto, sin estudios técnicos ni avalúo que sustentaran esa suma, y con el agravante de que los pagos serían a 36 cuotas”, explicó Fico Gutiérrez.
Quintero también aclaró lo sucedido con el programa Aguas Vivas. “Fico la recibió ‘gratis’ en un negocio ilegal que obligaba a la Alcaldía a ofrecer el lote como obligación urbanística y darle el resultado de la venta al propietario inicial. Un juez declaró ilegal el negocio y se le devolvió al dueño. Se enviaron copias a la Procuraduría para investigar el caso. El lote no se compró”, dijo Quintero.
Sobre este tema, el alcalde de la ciudad denunció que entre Las Palmas y El Poblado está el lote de 146.000 metros cuadrados y que pasó de valer 2.711 millones a 48.234 millones de pesos. “Se valorizó en un 1.700 %”, denunció Fico.
El alcalde dijo que el lote entró a hacer parte del banco de tierras de la Alcaldía pero que en 2020, en la administración de Quintero, habrían empezado las presuntas irregularidades, ya que el secretario de Gestión y Control Territorial en septiembre de ese año ordenó realizar un avalúo catastral del lote. Según Fico, eso no era necesario.
“Esto no tendría por qué ocurrir en un predio que ya es propiedad de la Alcaldía. ¿Con qué objetivo se hizo esto? ¿Para qué?”, cuestionó Fico.