David Luna acudirá a Corte Interamericana a denunciar decreto de Petro que abre puerta a chuzadas de la DNI: “Es autoritario y represivo”

SEMANA reveló un decreto que fue expedido por el Gobierno de Gustavo Petro y que, en principio, busca reestructurar la Dirección Nacional de Inteligencia que se creó en 2011. Justamente, por el paso del tiempo, se hicieron algunos ajustes para adecuar la entidad a las realidades de la Colombia de 2024, pero se incluyeron algunos puntos que están generando polémica.

Se trata de un documento que está firmado por Petro; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el director de la Función Pública, César Manrique, y el director (e) de la DNI, Jorge Lemus, quien formó parte del M-19 y reemplazó a Carlos Ramón González, también exmilitante de ese movimiento.

Leyendo detenidamente el documento, hay algunos artículos que no son lo suficientemente claros y queda abierta la posibilidad de que esas poderosas herramientas sean usadas contra la oposición, periodistas o sencillamente quien no esté de acuerdo con el Gobierno Petro. Queda claro que con este decreto la Dirección de Contrainteligencia podrá recolectar información por medio de fuentes humanas, medios técnicos y abiertos.

“Asesorar al director general en la implementación de políticas y lineamientos institucionales para el desarrollo de las actividades de contrainteligencia con el fin de preservar y salvaguardar el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos, la soberanía y la seguridad nacional de actos hostiles por parte de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros”, dice el artículo noveno del mencionado decreto.

Por esa razón, el senador David Luna calificó de peligroso este documento y prendió las alarmas. “El Decreto 1077 de 2024, emitido por el Gobierno de Gustavo Petro, representa una amenaza sin precedentes para la seguridad en Colombia. Este decreto, bajo la excusa de preservar la seguridad nacional, otorga poderes excesivos a la Dirección de Contrainteligencia para la recolección de información bajo cualquier modalidad, sin especificar claramente los métodos que se utilizarán. Esto abre la puerta a prácticas peligrosas e inaceptables en un Estado de derecho”, dijo.

Agregó que la recolección de información a través de diversos medios y sin tener claras las reglas de juego para ejercer un control, es un problema adicional que abre la puerta a las chuzadas, bajo el pretexto de la seguridad nacional.

“El Decreto es intencionalmente ambiguo en cuanto a los métodos de recolección de información, lo que sugiere que cualquier técnica, por invasiva que sea, podría ser utilizada bajo el manto de la legalidad. Esto no solo pone en riesgo el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos, sino que también mina la confianza en las instituciones del Estado”, reiteró.

Luna, quien leyó detenidamente el documento, cree que ejercer todas estas actividades sin una supervisión hay un riesgo alto y la vigilancia se podría convertir en una herramienta de represión y abuso contra la ciudadanía.

“El decreto otorga a la Dirección de Contrainteligencia un control soberano sobre la reserva de documentos e información, lo que podría consolidar un entorno de opacidad y secretismo que margina la rendición de cuentas. Esto es inaceptable en una democracia. La información pública no puede ser secuestrada por unos pocos bajo el pretexto de la seguridad nacional”, señaló.

En ese sentido dijo que la oposición no permitirá que la seguridad se convierta en una excusa para perseguir a los colombiano ya que los poderes excesivos son una amenaza para la libertad y privacidad de los ciudadanos.

“Exigimos que se revise de manera urgente el Decreto 1077 de 2024 y que se establezcan controles claros y transparentes para garantizar que la contrainteligencia no se convierta en un mecanismo de abuso de poder. Recurriremos a la Corte Interamericana para denunciar este atropello del Gobierno Petro a los derechos humanos de los colombianos. También pediremos al contenido administrativo la nulidad inmediata de este decreto autoritario y represivo”, finalizó el congresista.

A pesar de toda la polémica que se ha generado, nadie del Gobierno Petro ha hecho referencia a este asunto y sencillamente se publicó el decreto para que de inmediato se empiecen a ejercer las nuevas funciones en la Dirección Nacional de Inteligencia.