David Luna radicó demanda en la Corte Constitucional para tumbar el cobro de valorización en Atlántico y Bolívar

En medio de toda la discusión que hay en la Costa Caribe por el cobro de valorización que se empezaría a cobrar desde 2025 en Atlántico y Bolívar, el senador de Cambio Radical, David Luna, radicó una demanda en la Corte Constitucional para tumbar el artículo que dio vía libre a ese cobro.

El congresista indicó que el artículo 280 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) modifica el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, estableciendo que la Contribución Nacional de Valorización podrá ser aprobada y aplicada hasta cinco años después del inicio de la operación del proyecto.

Dentro de la argumentación del congresista se destaca que ese cobro vulnera el principio de Irretroactividad, ya que dicha modificación permite la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización a proyectos cuyos costos ya han sido financiados por el Presupuesto General de la Nación en los últimos cinco años.

“Esto significa que introduciría una carga financiera sobre proyectos ya ejecutados y financiados, afectando a contribuyentes de periodos anteriores”, dijo Luna.

Agregó: “Bajo esta normativa, se crea un precedente que podría permitir la creación de leyes que exijan el cobro de valorización no sólo para proyectos recientes, sino también para aquellos realizados en décadas pasadas, lo que es inequitativo para los ciudadanos”.

La demanda también solicitará unas medidas cautelares para suspender dicho cobro hasta que se resuelva el fondo del asunto. “Esto evitará posibles perjuicios a los contribuyentes mientras se resuelve la demanda presentada”.

Le legislador de Cambio Radical dijo que Cartagena los ciudadanos más afectados serían quienes residen en barrios como Bocagrande, Castillogrande, Canapote, Daniel Lemaitre y el corregimiento de La Boquilla.

De acuerdo con lo planteado por el Gobierno nacional, el cobro impactará a cerca de 248.656 predios, de los cuales 180.633 predios se encuentran en Atlántico. De ese total, la gran mayoría (89.168) corresponde a Barranquilla. El gravamen también cobija a los municipios de Soledad (36.618), Puerto Colombia (22.422), Malambo (6.551) y Galapa (11.285).

El presidente del Congreso Efraín Cepeda, indicó que ese cobro de valorización afectará a la clase media y que los diálogos con el Gobierno Petro no han servido para frenar dicho tributo.

“Al caído, caerle. La gente no puede con las tarifas de energía y encima llegará un cobro de valorización absolutamente ilegal, como lo demostré en un debate en la plenaria del Senado, porque en esa vía están gravando a la clase media. Es ilegal y antitécnico, porque son decisiones tomadas absolutamente a dedo”, dijo Cepeda.

Recientemente la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, y el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, protagonizaron una acalorada discusión en medio de una reunión sobre el cobro del impuesto de valorización para el Caribe.

La cita tuvo lugar en esa sede ministerial y convocó a la bancada costeña del Congreso de la República que viene alertando sobre los altos costos que tendrían que asumir los ciudadanos si se aplica ese impuesto.

La conversación quedó plasmada en un video publicado por Gómez Amín en el que se aprecia cómo le dice: “Ministra”. A lo que García le responde: “¡Estamos en mi casa, senador!”, al no permitirle seguir hablando.

De acuerdo con la explicación dada por el congresista del Partido Liberal, este se retiró de la reunión debido a que “el Gobierno de Petro se mantiene firme en la idea de seguir golpeando el bolsillo de la región Caribe con el cobro de valorización”.

El encuentro entre el Ministerio del Transporte y los congresistas de la bancada costeña tenía como objetivo abordar el cobro de valorización para esa región, una medida que terminará afectando el bolsillo de la ciudadanía. Sin embargo, el senador del Partido Liberal no pudo establecer una conversación con el poder ejecutivo sobre este asunto.