“De 32 departamentos, hay 27 en los que se mató a gente de la Unión Patriótica”: Aida Avella, tras fallo de la CIDH

SEMANA (S.): ¿Cómo reciben en la Unión Patriótica el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el genocidio de la UP?

AIDA AVELLA (A.A.): La Unión Patriótica en su conjunto lo recibe como una avance en la búsqueda de la justicia y la verdad. Es muy importante, porque cuando un Estado prácticamente es sancionado por una organización internacional tiene que reaccionar y lo tiene que hacer de muchas formas: primero, cumpliendo lo que dice el fallo, y segundo, evitando que sigan asesinando gente, porque ya no solamente es la Unión Patriótica, sino también evitando el crimen de los líderes sociales y los desmovilizados que, en mi modesto criterio, son otros dos genocidios que se han hecho.

S.: ¿Qué dice el fallo sobre la responsabilidad del Estado en estos hechos contra la UP y lo que debe suceder ahora?

A.A.: Lo que dice fundamentalmente es que el Estado es responsable por acción directa de los crímenes contra la Unión Patriótica.

S.: ¿La CIDH determina acciones que se deban hacer ante esta decisión?

A.A.: Sí, hay varias cosas: se tiene que declarar un día para las víctimas de la Unión Patriótica, lo cual le corresponde al Congreso. La senadora Jahel Quiroga presentará un proyecto de ley cuando nos citen a extras. Además, hay determinadas cosas que se pueden hacer para no olvidar, para conservar la memoria; por ejemplo, monumentos, especialmente en las zonas en las que nos asesinaron gente, que fueron en Meta y en Antioquia, donde asesinaron muchísima gente. De los 32 departamentos hay 27 en los cuales se mató gente de la Unión Patriótica. También habrá calles que llevarán, seguramente, nombres de los compañeros asesinados.

S.: ¿Es decir que se trata más de conservar la memoria de lo que sucedió con la UP?

A.A.: Se trata también de resguardar la memoria de algo que no debió haber pasado nunca en Colombia y es que nadie puede morir por sus convicciones políticas, que es lo que está sucediendo en este momento con muchos líderes sociales y con la gente desmovilizada. A nadie se le puede matar porque piensa diferente o porque son de izquierda. Puede en un momento reconocerse que la vida es sagrada para todos, independientemente del partido en el que se esté, del centro, de la derecha, de la izquierda, nadie tiene por qué morir por sus convicciones políticas, que me parece que es un punto central de este pronunciamiento.

S.: ¿Qué impacto tiene este fallo sobre la UP en el contexto internacional?

A.A.: Es una decisión que tiene incidencia en América Latina y en el mundo. Cuando pusimos la demanda no tuvimos esa visión planetaria. Solo queríamos que nuestros compañeros no quedaran, simplemente, con una lápida en un cementerio. Ahora todos quedarán en la historia de América por la violación a los derechos humanos. Cuando se habló de la violencia de los cuarenta y los cincuenta se decía ‘hubo 300.000 muertos, ¿quiénes son? Quién sabe’. Cada familia guardaba su muerto. Este es un caso completamente distinto. Todos nuestros compañeros, sus nombres, apellidos, rostros, oficios, profesiones quedarán en la historia de América como víctimas de un Estado que no fue capaz de ofrecerles el derecho a la vida.

S.: ¿Eso significa que la decisión de la CIDH cobijó a todos los integrantes de la UP y no solamente a los líderes emblemáticos de esta fuerza política?

A.A.: Cuando pusimos la demanda, muchos eran partidarios de que pusiéramos solo a los emblemáticos, que podrían ser los candidatos presidenciales, los congresistas, los alcaldes, los concejales. Quienes pusimos la demanda resolvimos que todos eran realmente significativos de distintos sectores. El que mataron en la vereda era importante allí, era emblemático en su vereda; el que mataron saliendo de la fábrica lo era en el sindicato o delante de los trabajadores. Este es un movimiento en el cual todas las víctimas tienen la misma categoría, porque todos tuvieron una visión política frente a su sector.