De casi 100 mil registros que hay de desaparecidos en medio del conflicto en el país, solo se han encontrado 667 cuerpos e identificado 10 de ellos

El próximo 19 de febrero, Luz Marina Monzón dejará de ser la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). En entrevista exclusiva con SEMANA, reconoció que hay cierta lentitud en identificar los casos y por eso responsabilizó a Medicina Legal de la falta de capacidad y reclamó mayor voluntad del Estado. Dice que deja las bases de una entidad que antes no existía y que deberá responderle a las víctimas.

SEMANA: ¿Cómo está el panorama de los desaparecidos en Colombia?

LUZ MARINA MONZÓN (L.M.): Es mucho mejor que la de hace cinco años. Son 99.235 personas, con información depurada.

SEMANA: De esos, ¿cuántas personas han hallado y se han podido identificar?

L.M.: Hemos recuperado 667 cuerpos a lo largo de distintas partes del país y en distintos escenarios: cementerios, fosas clandestinas, lugares donde las personas nos han permitido conocer dónde han sido llevadas personas reportadas como desaparecidas. Parte del procesamiento de la información es mirar cuáles son los lugares donde pueden hallarse los desaparecidos. Tenemos un registro de más de 5.000 sitios referidos. De los más de 600 cuerpos que hemos hallado, el Instituto Nacional de Medicina Legal, que es el encargado de la identificación, ha logrado identificar plenamente, con base en la investigación y la recolección de información realizada por la unidad, alrededor de 10 cuerpos.

SEMANA: ¿Por qué esta cifra es tan baja en comparación a los casos registrados?

L.M.: La identificación es un proceso investigativo pero a la vez científico, que le corresponde al Instituto de Medicina Legal. Nosotros recuperamos los cuerpos, hacemos trabajo con las víctimas para poder ver de qué manera tenemos una hipótesis de dónde puede estar un cuerpo y quién puede ser ese cuerpo, a través de entrevistas a los familiares, identificación, recolección de muestras para perfiles genéticos y cruce en las bases de datos. Esto tiene que ser procesado, analizado y dispuesto por el Instituto de Medicina Legal, sin embargo, de estos más de 600 cuerpos que le hemos entregado, en este momento, ha podido abordar a lo sumo el 10 por ciento de esos cuerpos, que significa hacer un análisis antropológico, médico, odontológico, que se cruza con la información que recogemos de los familiares. Si no se tiene esa información, no se puede cruzar, entonces es un proceso que es interdependiente.

El Instituto de Medicina Legal no ha sido fortalecido en su capacidad para poder hacer un abordaje inmediato, o por lo menos en un tiempo cercano, al que se le entregan los cuerpos. Es un elemento por el cual no se ha avanzado en la identificación. El Instituto de Medicina Legal tiene oficinas en distintas partes del país, sin embargo, todas no tienen la misma capacidad. Estamos yendo a distintas partes a recuperar cuerpos y los tenemos que trasladar al lugar donde nos diga el Instituto que se los llevemos, donde no necesariamente tienen un equipo forense, entonces esos cuerpos tienen que salir a otro sitio donde sí tengan el equipo completo o Medicina Legal tiene que enviar un equipo para poder hacer esa identificación. Todo esto son recursos humanos, económicos, técnicos, de capacidad e infraestructura que el Instituto de Medicina Legal no tiene fortalecido.

SEMANA: ¿Quiere decir que el Instituto de Medicina Legal no tiene la capacidad suficiente para responder a las víctimas?

L.M.: Sí claro. Medicina Legal no tiene la capacidad, eso era algo absolutamente claro para el Estado al asumir este compromiso, tanto que el decreto que estructura la Unidad, establece la obligación del Gobierno de fortalecer al Instituto de Medicina Legal en su capacidad física, humana, científica, tecnológica y de infraestructura y eso no se ha cumplido.

SEMANA: ¿Cómo puede avanzar más rápido el Estado para favorecer a las víctimas?

L.M.: Cuando yo como Unidad me encuentro un cuerpo y se lo entrego al Instituto de Medicina Legal y hace el análisis, dice “yo no le puedo entregar esa información porque tengo que pedirle permiso a la Fiscalía”, ya está dilatando el proceso. Le pide a la Fiscalía la solicitud de búsqueda y me dicen “páseme un derecho de petición”. Cuando todas las instituciones responden de esta manera, esto dilata, esa es la falta de consciencia de la institucionalidad. Eso es lo que tiene que transformarse, los protagonismos institucionales no dejan que se avance. Que esto no sea un asunto de la Unidad de Búsqueda, de la Fiscalía, del Instituto de Medicina Legal, no hay manera de buscar a los desaparecidos si no somos todos.