Defensa del ministro Ricardo Bonilla, tras escándalo de la UNGRD: “Hubo colaboración armónica entre las ramas Legislativa y Ejecutiva”

El equipo jurídico del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se reunió con el alto funcionario durante tres horas y, después de escuchar su versión y consultar algunas pruebas, entre ellas, contratos, consideraron que no se cometió ninguna irregularidad entre ese despacho y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Lo aclararon tras las explosivas declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, quien terminó salpicando en el escándalo de corrupción al ministro Bonilla y motivó a la Fiscalía a abrir una investigación penal en su contra.

En un comunicado de prensa, la defensa del Ministro de Hacienda explicó que el origen de los proyectos y la trazabilidad del presupuesto asignado a la UNGRD están a disposición de la Fiscalía para que los investigadores comprueben que no hubo ninguna irregularidad en ese despacho.

“La defensa estuvo reunida por espacio de tres horas con el ministro, examinando líneas de tiempo, documentos y comunicaciones. Le entregarán a la Fiscalía la próxima semana un primer paquete de documentos y cruce de información. Por el momento, se sabe que desde el día de ayer –jueves 18 de julio– radicaron formalmente ante la unidad delegada de la Corte Suprema el poder y la solicitud de que se oiga en declaración al señor ministro, quien es el más interesado en que las investigaciones avancen con celeridad”, se lee en el comunicado de prensa.

El abogado Javier Torres, quien forma parte de la defensa de Bonilla, pidió a la Fiscalía revisar la documentación que reposa en el ministerio sobre la gestión legal de recursos por más de 92.000 millones de pesos que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, presentaron “como maniobras ilícitas”.

“El origen y la trazabilidad de los recursos es muy claro y no deja dudas de que se trató de una colaboración armónica entre la rama Legislativa y el Ejecutivo, como lo establecen la Constitución y la Ley”, dijeron.

Decir lo contrario –añadió la defensa– “es tratar de sacar provecho ilícito de una negociación con la Fiscalía”, señala el escrito de los abogados.

Explicaron que los mencionados proyectos viabilizados obedecieron a solicitudes de los congresistas que recogieron los reclamos de las poblaciones afectadas por el fenómeno de El Niño y “que no habían recibido la debida atención de parte de la UNGRD”.

Y añadió el comunicado: “En el marco de la comisión interparlamentaria, y teniendo en cuenta que los recursos ya estaban apropiados en el presupuesto del año 2023, los congresistas pidieron al ministro Bonilla que, conforme a sus funciones, hiciera seguimiento a los recursos destinados a mitigar riesgos en esas tres localidades y que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no había atendido en debida forma”.

Tras el escándalo, el ministro Ricardo Bonilla alegó su inocencia en sus redes sociales: “Afrontaré con respeto por la justicia cualquier examen sobre mis actos oficiales. Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico, sin distraerme de mis verdaderas obligaciones”.

El presidente Gustavo Petro respaldó al alto funcionario. La justicia tendrá la última palabra.