Elecciones
Defensor advierte riesgo de protestas tras posible inconformismo con resultados electorales; alerta en 24 departamentos y cinco localidades de Bogotá
Hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para prevenir asonadas y riesgos para las comunidades.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha expresado su preocupación por la posibilidad de un escalamiento en la “conflictividad social” en el país durante o después de las elecciones territoriales programadas para el próximo 29 de octubre. Según información recopilada por el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, se han identificado factores de riesgo que podrían resultar en actos de perturbación al proceso electoral y alteraciones del orden público debido a la posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales.
“De acuerdo con información acopiada por nuestro Observatorio de Conflictividad Social, identificamos que podrían suceder actos de perturbación al certamen democrático y alteraciones del orden público por una posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales. Esto, de ser así, derivaría en manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas”, aseguró el defensor Camargo Assis.
Unos 133 municipios en riesgo en 24 departamentos
De acuerdo con el informe del Observatorio de la Defensoría, se han identificado 133 municipios en 24 departamentos, incluida la capital del país, Bogotá, como zonas de riesgo. Los 12 departamentos con mayor número de municipios en riesgo incluyen Bolívar, Antioquia, Chocó, Sucre, Magdalena, Caldas, Meta, Córdoba, Santander, Cauca, La Guajira y Boyacá. Asimismo, se han señalado localidades de Bogotá, como Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz, Kennedy y Suba, como áreas con riesgo.
Factores de riesgo destacados
Entre los principales factores de riesgo que podrían contribuir al aumento de la conflictividad electoral, según la entidad, se encuentran:
Tendencias
- Irregularidades electorales, como un aumento atípico en la inscripción de cédulas y la trashumancia electoral.
- Antecedentes de protestas, disturbios y asonadas en elecciones regionales anteriores.
- Aumento de movilizaciones, manifestaciones y plantones en los meses previos a las elecciones.
- Resoluciones relacionadas con solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos.
- Polarización política y confrontación entre campañas.
Manifestaciones y conflictos previos
La Defensoría del Pueblo ha registrado 11 manifestaciones relacionadas específicamente con las elecciones en varios departamentos. Además, se han documentado 1252 conflictos sociales en el transcurso del año, lo que representa un aumento del 26% en comparación con el mismo período del año anterior.
Las tensiones sociales y los ataques entre candidatos y movimientos políticos han aumentado, lo que podría desencadenar episodios de violencia durante o después de las elecciones. La desconfianza en las instituciones y el proceso electoral también ha contribuido a este clima de confrontación.
Recomendaciones para las autoridades
La Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades a tomar medidas de prevención para evitar situaciones que afecten la vida, integridad y libertad de los ciudadanos, así como para garantizar el derecho a elegir y ser elegido. Se han formulado las siguientes recomendaciones:
- Implementar medidas de contingencia para prevenir alteraciones del orden público durante y después de las elecciones.
- Establecer canales de comunicación efectivos para abordar cualquier eventualidad que amenace la jornada electoral.
- Reforzar la seguridad en los puestos de votación y sedes de la Registraduría Nacional, alcaldías y otros bienes públicos que puedan resultar afectados por disturbios.
- Instar a candidatos, partidos y movimientos políticos a utilizar los mecanismos legales para denunciar delitos o irregularidades electorales y evitar incitar a la violencia o a acciones que alteren el desarrollo de la jornada electoral.
El defensor del Pueblo se ha comprometido a facilitar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos a través de las 42 Defensorías Regionales en todo el país, con el objetivo de garantizar el derecho a la participación democrática en un entorno seguro y pacífico.