Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dice que la paz total está fracasando: “La expansión de los grupos criminales es impresionante”

SEMANA: ¿Por qué decide renunciar a la Defensoría del Pueblo?

Carlos Camargo (C. C.): Desde hace varios meses recibí un ofrecimiento por parte de mi universidad, que es la Universidad Sergio Arboleda, para contribuir desde la academia a la superación de tantas dificultades actuales que está viviendo la educación superior. La idea es llegar a contribuir en ese sentido, ellos me extendieron la invitación, pero tenía una fecha de caducidad. Me plantearon ser vicerrector y decidí aceptar. Después de estar varias semanas evaluando y estar conversando con las directivas de la universidad, llegamos a un entendimiento y en los próximos días iniciaré con el propósito de impulsar el observatorio y el doctorado en derechos humanos.

SEMANA: ¿Cuándo asumirá la vicerrectoría?

C. C.: En los próximos días, yo creería que en semana y media. Estamos esperando cerrar el ciclo acá en la Defensoría del Pueblo con lo que tiene que ver con la aceptación de la renuncia por parte de la Cámara Representantes y de inmediato iniciar con las gestiones propias en la universidad.

SEMANA: ¿Fue muy difícil tomar la decisión de renunciar?

C. C.: No fue tan difícil, ni traumático porque nosotros en la Defensoría del Pueblo logramos implementar todas las acciones, estrategias, tareas y metas que se trazaron. Todo está planificado y el trabajo está diseñado para las doce semanas que restan de periodo constitucional así que no se generará ningún traumatismo ni dificultad. El equipo se mantiene y nuestro plan estratégico institucional ya va llevando a la totalidad del cumplimiento, nuestros planes de acción por delegadas, por direcciones están debidamente cumplidos en un porcentaje superior al 97 %, así que las tareas que quedan son puntuales y están listas para ejecutar.

SEMANA: ¿Cuál es el balance que usted hace sobre la gestión en la Defensoría del Pueblo?

C. C.: Bastante positivo porque los objetivos que nos pusimos, los cumplimos y le podemos decir al país que logramos las metas que se trazaron el primero de septiembre de 2020. Fortalecimos la capacidad institucional, heredamos una institución con presencia territorial, pero no con la debida presencia que reclaman las comunidades y por eso nos pusimos en la tarea de fortalecer ese aspecto y llegar a todas las regiones como garantes de derechos humanos. En 2020 teníamos 39 defensoras regionales y vamos a dejar 42 que trabajan arduamente por el país y atendiendo el criterio del incremento de los factores de violencia en Bolívar, Sucre, Córdoba u otras regiones. Se crearon las defensorías delegadas para el derecho y la garantía del deporte.

También la delegada para la prevención y la transformación de la conflictividad social, toda vez que se derivaban una serie de conflictos en distintas materias y donde con el pasar del tiempo se confirmó que efectivamente eso se iba a dar, así que nos adelantamos. La pandemia generó unos efectos devastadores en todo el país y en todos los sectores por lo que el trabajo de nosotros fue muy importante. Esta delegada es clave.

SEMANA: ¿Entonces recorrió los 32 departamentos?

C. C.: Alcancé a recorrer los 32 departamentos del país y las 42 regionales de la Defensoría del Pueblo. Tuve la oportunidad de asistir y de hacer presencia en todos los territorios.

SEMANA: Con base en lo que nos dice, ¿qué encontrará el próximo defensor que sea elegido por la Cámara de Representantes?

C. C.: Tenemos la fortuna de dejarle una Defensoría robusta y fuerte a cualquiera que sea elegido para iniciar su período el próximo primero de septiembre. Le apostamos a hacer la transición entre la era del papel y el lápiz a la era de la implementación de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Podemos decirle al país que dejamos una institución fortalecida en su capacidad institucional, le apostamos a una entidad 4.0, moderna y con altos estándares.

SEMANA: ¿Y qué problemas encontrará en el territorio?

C. C.: Hay problemáticas históricas y estructurales en materia de derechos humanos. Hay problemáticas en temas de justicia ambiental, como lo que hemos podido presenciar y donde hemos visto la indiferencia y la indolencia del Estado frente a lo que viene ocurriendo, por poner un ejemplo, en la subregión de La Mojana. Es un problema grave porque eso afecta a cuatro departamentos y a más de 10 municipios así que es importante que no sigamos como Estado mostrando tanta indiferencia y que la inversión social llegue a las regiones.

SEMANA: ¿La paz total está funcionando?

C. C.: Que esta entrevista sea la oportunidad para llamar la atención porque el crecimiento, la expansión y la consolidación de los grupos criminales en el territorio es impresionante. Próximamente voy a presentar un libro donde contaré todos los ejercicios de monitoreo en materia de derechos humanos que hacemos en el territorio, de todas las situaciones generadas por los grupos armados ilegales que hacen presencia y donde hemos visto durante los últimos dos años cómo han venido afincándose en el territorio, ejerciendo el control territorial, ejerciendo el control social y ejerciendo el dominio sobre las poblaciones. La población no tiene otro remedio que estar a merced de los grupos y de los actores armados ilegales. Nosotros lo hemos dicho en las distintas alertas tempranas, prácticamente están advertidos más de 427 municipios del país.

25 departamentos del país están advertidos en nuestras alertas tempranas. De manera de que este año hemos emitido 13 alertas tempranas y hay 105 municipios advertidos. Y hemos también puesto de presente cómo ha sido el crecimiento desde 2019 hasta 2024, el crecimiento de los grupos armados ilegales. El Clan del Golfo en 2019 tenía presencia en 213 municipios y ya para 2023 estaban en 392 municipios del país.

El ELN, en las mismas fechas, pasó de 148 a 231 municipios del país en más de 19 departamentos. Las disidencias de las Farc hacían presencia en 123 municipios y ahora están en 299 municipios. Y ni qué decir de las estructuras de crimen organizado que ya están en más de 184 municipios. Hemos visto tristemente, pero es importante decirlo, que el cese al fuego bilateral solo les ha servido a los grupos criminales.

SEMANA: ¿Por qué?

C. C.: Porque las cifras no mienten y no pueden ser desvirtuadas. Mire, por ejemplo, el aumento del secuestro, el aumento del reclutamiento forzado, el aumento de la siembra y contaminación del territorio a través de minas antipersonal, el aumento de los homicidios, el aumento de masacres, el aumento del desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades. Todo eso se presenta donde hacen presencia los grupos armados ilegales. En 2024, según el informe de la Defensoría del Pueblo, tenemos 125 casos de reclutamiento forzado, dentro de los cuales, encontramos que el 80 % se hacen en el departamento del Cauca. Hemos dicho que 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son reclutados en el Cauca. Y claramente en este tema existe un subregistro muy grande.

Vemos cómo el secuestro está a la orden del día y es ahí donde les hemos pedido a los actores armados ilegales de que efectivamente digan si tienen una real voluntad de paz. Es importante que mientras en la mesa de negociación avanzan en las discusiones, haya gestos de paz. Por otro lado, es una triste y pura realidad, lo que ocurre en el territorio relacionado con la afectación de derechos humanos. En Arauca se han presentado 600 homicidios en dos años de personas que no tienen por qué estar en medio de los hostigamientos y las confrontaciones entre los grupos armados ilegales. Vemos también, y lo hemos dicho, cómo la ciudad de Cali está sitiada por los grupos armados ilegales.

SEMANA: ¿Cali está en peligro?

C. C.: No lo estoy diciendo hoy, lo he dicho antes y lo reafirmó con ocasión de que próximamente se va a realizar la COP16 en Cali. Nosotros lo advertimos por las amenazas y los factores de riesgo que hay en esa ciudad y en las 20 localidades del distrito. Este tema lo vengo diciendo desde 2022 en la alerta temprana 01 y en ese momento nos trataron a nosotros de alarmistas.

SEMANA: ¿La realización de la COP16 en Cali puede estar en riesgo?

C. C.: Aprovecho la pregunta para hacer un nuevo llamado al Gobierno nacional porque he visto al alcalde Alejandro Éder y a la gobernadora Dilian Francisca Toro muy pilas con el tema, pero el Ejecutivo debe tomar todas las acciones necesarias, pertinentes y preventivas para garantizar el libre desarrollo de este certamen internacional en la ciudad de Cali. Repito, desde 2022 emitimos una serie de riesgos y recomendaciones por los problemas, pero hemos visto que el Gobierno nacional ha tenido un bajo cumplimiento en el cumplimiento de las recomendaciones por estas alertas tempranas. Si no las atienden, podríamos correr el riesgo de que esto se traduzca en hechos lamentables. Por eso el llamado que hacemos es a que los distintos niveles de la administración, pero sobre todo el Ejecutivo, tomen cartas en el asunto y se atiendan las recomendaciones para lograr prevenir, mitigar y contener esa serie de riesgos. Es importante que el Gobierno nacional recorte la ventaja que nos han tomado los grupos armados ilegales. Cali está sitiada por los grupos armados ilegales, lo de Jamundí y Tuluá es muy grave. Entonces por esa importante cumbre, deberían tomar todas las medidas del caso y anticipadamente.

SEMANA: Volviendo a la paz total, ¿entonces no está sirviendo para nada?

C. C.: Con relación al cumplimiento de las alertas tempranas quiero hacer dos reflexiones. No le pueden decir al pueblo colombiano que están atendiendo las recomendaciones porque hemos visto y demostrado que hay un bajo cumplimiento de esas recomendaciones. Necesitamos es contundencia y la contundencia se da a través de respuestas efectivas, adoptando medidas en todas las entidades involucradas en la búsqueda de soluciones frente a los factores de riesgo generadores o generados por los grupos armados ilegales y de crimen organizado.

El otro tema es que el cese al fuego bilateral con las distintas estructuras armadas ilegales no está sirviendo. No tuvo eficacia la declaratoria de suspensión de la medida en tres departamentos porque hemos demostrado que los actores armados ilegales están en casi todo el territorio nacional. No pueden venir con el cuentecito de que están suspendiendo el cese bilateral en tres departamentos del suroccidente del país, donde hemos visto que las estructuras armadas ilegales se han venido expandiendo y consolidando. Uno de los mejores indicadores de que esto existe es el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades.

SEMANA: ¿Qué le dice al Gobierno Petro?

C. C.: Una vez más hago un llamado para que la institucionalidad del Gobierno nacional y de los distintos niveles de la administración atendamos las recomendaciones que emite la Defensoría del Pueblo en cada una de las alertas tempranas porque es el principal mecanismo preventivo para salvar vidas.

SEMANA: ¿Qué les responde a sus críticos porque han dicho que menos mal se va porque no hizo nada?

C. C.: La verdad, frente a los comentarios de quienes no me quieren, no respondo con palabras ni entro en la confrontación. Nuestro trabajo es medible, se ha visto traducido en hechos y en acciones concretas. No aspiro a que estas personas hablen bien de mí, pero deben ser objetivos con el trabajo de la Defensoría del Pueblo porque es una institución donde hay más de 2.600 funcionarios en todo el país y 4.300 defensores públicos. Lo que sí no acepto, bajo ninguna circunstancia, es el desconocimiento del trabajo que hace este grupo de personas que sudan la camiseta, ese chaleco azul y donde tienen y gozan de toda la confianza de las comunidades en el territorio nacional, sobre todo en las comunidades más vulnerables.

SEMANA: En los círculos políticos se afirma que usted sería magistrado de la Corte Constitucional en 2025. ¿Es verdad?

C. C.: Yo no soy futurólogo, pero lo único que tengo seguro, como decía mi abuelo, es con lo que cuento hoy. Por ahora, tengo la propuesta para irme a trabajar a la Universidad Sergio Arboleda para impulsar los distintos desafíos que atraviesa la educación superior. Lo de 2025 hace parte de la especulación y no quiero entrar en esos horizontes en este momento.