‘Demandatón’ contra la reforma pensional de Petro: así será la puja por las pensiones que se librará en la Corte Constitucional

La reforma pensional del Gobierno no ha sido sancionada por el presidente Gustavo Petro y en contra de ese articulado ya hay un catálogo de demandas listas para intentar frenar el drástico cambio en el sistema pensional del país que moverá los ahorros de los cotizantes.

Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático tienen cada uno sus propios procesos contra esa disposición y solo están pendientes de que el mandatario sancione la norma para que ambas reclamaciones lleguen al despacho de la Corte Constitucional al día siguiente de la firma. En Salvación Nacional también están revisando el texto, las veedurías hacen lo propio. Además, varios congresistas no descartan radicar sus propios procesos.

Los argumentos son varios. La reforma pensional fue aprobada con una jugadita en la plenaria de la Cámara en la que los congresistas votaron a favor de acoger el texto que había sido avalado en el segundo debate de la plenaria del Senado.

Desconocieron los ajustes de la Comisión Séptima de la Cámara en el tercer debate y no tuvieron en cuenta que el aval fiscal del Ministerio de Hacienda llegó con lo aprobado en ese recinto, mas no estudiando los micos que salieron de la plenaria del Senado, como la pensión anticipada para las comunidades campesinas, un punto sobre el que no alcanzó a estudiarse su impacto fiscal.

Las demandas reclamarán que se declaren medidas cautelares para suspender la aplicación de la reforma hasta que se evalúen cada uno de los puntos. Si la Corte Constitucional acepta las pretensiones de los opositores, la pensional quedaría congelada.

“La reforma pensional está plagada de vicios de trámite y de procedimiento. Ocurrieron en la plenaria del Senado y se consolidaron en la plenaria de la Cámara. Por eso, no hay otro camino que la Corte la declare como inexequible”, aseguró Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical.

Aseguraron que se violó el principio democrático, pues las proposiciones no pudieron discutirse ante el afán con el que se surtió el segundo debate en el Senado y el plumazo con el que descartaron lo planteado en los dos de la Cámara. “Se rompe completamente el principio de debate en el Congreso de la República. Lo que pasó en el Congreso no tiene precedente, más aún cuando estamos hablando de todas las pensiones de los colombianos”, advirtió el representante Juan Espinal.

Los números son claros: hasta las dos de la tarde del jueves 13 de junio al despacho de los ponentes habían llegado 550 proposiciones sobre el documento; este terminó aprobado 30 horas después sin analizar esos puntos, en medio de una rápida jugada legislativa.

“La Mesa Directiva de la Comisión Séptima de la Cámara no garantizó a la oposición política el tiempo suficiente para preparar una ponencia negativa. Ellos se limitaron a cumplir un tiempo legal en un proyecto de la magnitud de la reforma pensional. No se les permitió a los ponentes de la oposición un tiempo adicional para presentar la ponencia negativa, violándoles el derecho a hacer oposición política”, detalló Gabriel Jaime Vallejo, director del Centro Democrático y uno de los futuros demandantes.

Entre los puntos también se alega que se desconoció el pilar legislativo de doble deliberación de la institucionalidad colombiana, pues solo se tuvo en cuenta lo que consideró el Senado sobre el texto, pese a que el Congreso consta de dos cámaras para que cada una aborde este tipo de proyectos en dos debates. Incluso, aseveraron que hay falta de un debate integral que rompería el principio de consecutividad.

“Si una vez presentadas las demandas la Corte sigue los lineamientos que tuvo en casos anteriores, no debería quedar con vida jurídica la reforma pensional. Tan consciente es el Gobierno de los errores que cometieron que han anunciado un nuevo proyecto de ley para ‘corregir’, en palabras del ministro del Interior, las fallas de la reforma”, recordó el representante Hernán Cadavid.

“Lo que llama más la atención, en general, es que un tema central como el pensional tenga que ser aprobado con tantas sospechas y sin un debate completo, abierto y democrático, que precisamente forma parte de los postulados y principios centrales del que se autoproclama garante el Gobierno nacional”, enfatizó Pablo Bustos Sánchez, de la red de veedurías ciudadanas de Colombia.

Ante ese panorama, la decisión final sobre la reforma pensional quedará en manos de la Corte Constitucional.