“Democratizaremos los servicios públicos”: el superintendente Dagoberto Quiroga revela en SEMANA cuáles son los polémicos planes del Gobierno Petro para este sector

SEMANA: ¿Cuál es el corazón de la reforma a los servicios públicos que alista el Gobierno?

Dagoberto Quiroga: Los servicios públicos están regulados por la Ley 142 y la 143 de 1994. En aquella época, su principal objetivo fue ofrecer al sector privado la prestación de los servicios públicos y la libre competencia, que sirvió mucho y se avanzó en la prestación. Sin embargo, se fue desnaturalizando el servicio público como derecho esencial y vital. Esa libre competencia fue convirtiendo los servicios públicos en un mercado, en una mercancía. Por eso hoy se da prelación al negocio de los servicios públicos, al mercado de los servicios públicos. No se ha regulado a favor del usuario. Por eso, hay que cambiar de modelo en la prestación de algunos servicios públicos. El corazón de la reforma es el usuario y los servicios públicos como derechos esenciales.

SEMANA: Es decir, ¿usted cree que la libre competencia fue lo que terminó desatando la crisis?

D.Q.: No es la libre competencia la que ha llevado a la crisis, sino que se ha dado prevalencia, incluso, en la misma regulación por parte del Estado, a favorecer más el servicio público como mercado y como negocio. La ausencia del Estado en el control y en garantizar la eficiencia también aportó a esto.

SEMANA: ¿De qué forma se cambiaría el modelo de prestación de servicios públicos?

D.Q.: Una de las garantías para los usuarios es que vamos a democratizar los servicios públicos. Están manejados por unos oligopolios, cinco o seis en todo el país. La reforma va a legislar y dar facilidades para que las comunidades puedan autogestionar servicios públicos, como energía con fuentes alternativas y agua. Es eso, que haya más participación y competencia de las comunidades en la autogestión. Eso es empezar a democratizar los servicios públicos.

SEMANA: ¿Cómo se logrará esto si las comunidades no tienen la experiencia para prestar servicios públicos?

D.Q.: Creo que una de las regiones con más problemas es La Guajira. Estuvimos con el presidente e hicimos un acuerdo con las comunidades indígenas. Les estamos diciendo que hagamos una sociedad entre las comunidades y el Estado, y el sector privado si también quiere hacerlo. Vinculando a las comunidades, pero sin desconocer al sector privado. El Estado podría fomentar y dar las facilidades no solamente normativas, sino también financieras a las comunidades. Hay algunos proyectos en curso en los que las comunidades están organizando los paneles solares para disminuir las tarifas. Eso forma parte de la democratización que debe regularse a través de las normas del proyecto de reforma.

SEMANA: ¿Cómo les van a enseñar a las comunidades a trabajar con alta tensión y crear un modelo de prestación?

D.Q.: Yo sigo hablando de La Guajira porque es el proyecto donde se pondría en funcionamiento. Inicialmente, se deben conseguir expertos. El presidente les prometió una universidad que capacite a los indígenas y comunidades en servicios públicos, en energía solar y eólica. Si la gente no se capacita, será un fracaso.

SEMANA: Pero es muy difícil trabajar con comunidades, especialmente indígenas, para que apropien un sistema que es ajeno a su cultura.

D.Q.: Pueden pasar muchas cosas. Eso es cultural. El Estado tiene que desarrollar campañas de cultura y de formación, del buen uso del servicio público y del pago del mismo. El Estado debe ofrecer acompañamiento. Sería irresponsable dejarles paneles solares para que los armen.

SEMANA: El presidente dice que los privados no deberían ser los que se “ganan el billete a manos llenas”. ¿Qué pasará con las empresas?

D.Q.: Se refiere a las tarifas. Lo estamos estudiando. Hay factores que elevan las tarifas y que es necesario revisar. Por eso, el presidente, ante la lentitud de las comisiones reguladoras, tomó la decisión de reasumir unas funciones para señalar lineamientos generales de política de servicios públicos. Sin embargo, hubo mucha presión. Los mismos generadores y quienes reciben las ganancias de los servicios públicos impidieron y demandaron.

Lo que se quiere no es poner en riesgo la situación financiera de las empresas. Les he dicho a los empresarios que el presidente no los quiere poner en riesgo, sino que disminuyan sus ganancias en favor de los usuarios.

SEMANA: ¿Cómo bajarán las tarifas?

D.Q.: En la cadena de operaciones, la generación de energía constituye cerca del 30 o 35 por ciento en el componente tarifario. La de fuente hídrica debería ser más barata. El 80 por ciento de la energía que se produce es de fuente hídrica. ¿Cómo sube la tarifa cuando los embalses están llenos? Ahí nosotros hemos discutido con los empresarios. Muchas veces suben las tarifas por su libre apreciación cuando consideran que viene, por ejemplo, el fenómeno de El Niño. Si no viene, no devuelven la plata a los usuarios.

Otra situación que vemos en la estructura tarifaria es el marginador. Cuando se hacen ventas de energía por bolsa, en ocasiones aparece un proponente ofreciendo energía térmica, que se supone que es la más cara, y resulta que la de fuente hídrica es aún más costosa. Hay un mecanismo ahí que considero perverso. Nosotros propusimos que ningún generador, en ofertas de precio por bolsa, puede ofrecer un precio de energía hídrica mayor a la generada de forma térmica.

SEMANA: ¿Se incluirá en la reforma?

D.Q.: Tenemos que concertar con los empresarios. Eso es de regulación y lo hemos conversado con las comisiones reguladoras, pero no sé. Hay mucha presión.

SEMANA: ¿Cree que las empresas que prestan los servicios son corruptas?

D.Q.: Algunas sí. Encontramos acciones que no obedecen a la ética. No quiero decir cuáles porque estamos haciendo investigaciones. Pero, por ejemplo, un oligopolio que anda por todo el país ofreciendo y convenciendo a alcaldes para que les entreguen el servicio de agua, comprometiéndose a mejorar el servicio, y resulta peor que antes. Convierten eso en un negocio que no es transparente. En el caso de los empresarios que prestan servicios de aseo, cambian las normas contractuales y cobran más kilometraje del que transportan. Recogen bolsas de reciclaje. No es transparente.

Cuando se abrió la libre competencia, se dijo que el Estado era corrupto e ineficiente. Luego entró el sector privado y fue muy eficiente inicialmente, pero con el tiempo muchos privados incurrieron en malas prácticas. Si no hubiera corrupción en los privados, seguramente no habría corrupción en lo público. Los privados fomentan la corrupción cuando ofrecen dinero para sus negocios, para que les adjudiquen una obra. Cuando cobran en la tarifa inversiones que no han hecho, cuando botan agua para subir la tarifa por falta de agua. Lo estamos investigando. No es que los privados sean los responsables de todo, es también la ineficiencia del Estado en el ejercicio del control.

SEMANA: ¿Qué otra estrategia plantearán en la reforma para bajar la tarifa?

D.Q.: Lo del sistema tarifario solamente debería ser cuestión de regulación por parte de las comisiones reguladoras, pero la apreciación que nosotros tenemos en la Superintendencia es que la regulación ha estado más dirigida a favorecer al empresario que en defensa del usuario.

SEMANA: Ustedes proponen un mínimo vital. ¿Quién lo pagará?

D.Q.: El mínimo vital no es que a todo el estrato uno se le dé. Hay casos en que, como la Constitución establece, el Estado debe brindar protección especial a aquellas personas que por su estado económico, de salud o familiar estén en vulnerabilidad. No es tan trágico porque no se les dará a todos los pobres.

SEMANA: ¿Qué quiere hacer el Gobierno con la Creg y la CRA?

D.Q.: El presidente puede asumir funciones reguladoras. Ahora que un presidente que piensa distinto a los anteriores va a asumirlas, le dicen que no se puede. Entonces, obviamente, es también la concepción y los intereses que representa. Seguramente, habrá puntos que le den a la Superintendencia más dientes para ejercer la vigilancia, inspección y control.

SEMANA: ¿Asumir las funciones de las comisiones?

D.Q.: O proponer. Creo que la vigilancia debe ser propositiva. Aún no hemos recogido las propuestas de los empresarios, pero hay voluntad. Creemos que debe haber acuerdos.

SEMANA: ¿Se refiere también a sanciones?

D.Q.: La multa máxima en la Superintendencia es de solo 2.000 millones de pesos. Hoy hay empresas que prefieren seguir cometiendo el error y pagar la multa cuando corregir dicho error les significa más dinero. En 2018 se planteó que fueran multas hasta de 100.000 salarios mínimos. Estoy de acuerdo con eso.

SEMANA: ¿Cómo se imagina a las comisiones reguladoras en la reforma?

D.Q.: Me las imagino como comisiones técnicas que cumplan sus funciones oportunamente y de manera eficiente. Pensando en la justicia tarifaria, pensando en los usuarios. Sin poner en riesgo al sector privado, que siempre he advertido eso cuando piensan que el presidente quiere acabar con eso.

SEMANA: Pero les va a hacer ajustes.

D.Q.: Sí, pienso que sí.

SEMANA: ¿El presidente ha pensado en quitarles a las empresas el control de los servicios públicos?

D.Q.: El presidente no ha dicho que va a acabar con el sector privado ni que va a privatizar los servicios. Hay que fortalecer lo público y fortalecer la democratización de los servicios públicos. Me imagino unas comisiones reguladoras más eficientes. En mi criterio, son muy ineficientes, muy lentas.

SEMANA: ¿De qué forma quieren fortalecer lo público sin dañar a los privados?

D.Q.: Hay empresas públicas municipales que por falta de coordinación interinstitucional o corrupción no prestan el servicio. Las empresas las manejan como una caja menor. Uno fortalece una empresa pública vigilándola más. Haciendo un efectivo control y vigilancia a la empresa pública. Mirando también cómo se manejan mejor los recursos.