Denuncian ante la Fiscalía a directora de la UAESP por presuntamente pedirle $5.000 millones a operador de cementerios distritales

En medio de la contingencia que se está viviendo en Bogotá por la operación de los cementerios distritales, luego de que el operador Jardines de Luz y Paz cesara la prestación de los servicios, tras quedar inhabilitado por una nueva sanción por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se conoció una denuncia penal que aumentaría la polémica.

En diálogo con SEMANA, el representante legal de Jardines de Luz y Paz, Eder Parada, reveló que instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en contra de la directora Consuelo Ordóñez, por haberle exigido, según Parada, $5.000 millones, para darle continuidad al contrato de concesión.

“La señora Ordóñez me propuso a mí en el mes de enero un ilícito”, aseguró Parada, quien agregó: “La señora me hace la siguiente oferta, le amplío el contrato tres años, y aparte de eso voy a buscarle el recurso, el rubro del Distrito, alrededor de 50 mil millones de pesos, para hacerle mantenimiento. Ese recurso usted lo puede invertir y utilizar a través de un convenio, buscamos la figura jurídica, pero a cambio usted me tiene a mí que entregar 5 mil millones de pesos, 2 mil millones cuando yo le adicione los tres años a su contrato de concesión y los otros 3 mil a medida que usted vaya ejecutando los mantenimientos de los cementerios digitales”, dijo Parada a SEMANA.

Parada enfatizó que esa grave denuncia ya está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

“El día de ayer denuncié en la Fiscalía. La señora dice que no hay pruebas, que ella está tranquila, pues obviamente la señora sabe que cuando yo ingresé a hablar con ella en el mes de enero, como yo soy empresario, no entro con micrófonos porque voy a hablar con un funcionario público, pero lo que yo veo es que la señora está diciendo que, cada vez que un empresario entra a hablar con un funcionario público, llévese micrófonos porque en cualquier momento le van a proponer un ilícito”, afirmó Parada.

Ante el cuestionamiento de por qué Jardines de Luz y Paz decidió no continuar con la concesión de los cementerios, Parada afirmó:

“Es falso que se haya finalizado la concesión unilateralmente. Cuando yo me vi en la situación que la intención de la señora Consuelo era declararme inhabilidad del contrato, buscando el caos que hoy día se está presentando, de manera que tuviese facultades para declarar urgencia manifiesta y contratar a dedo este contrato multimillonario que fácilmente ella lo está ofreciendo en más de 100 mil millones de pesos, yo inmediatamente el 15 de abril le solicité por escrito a la señora Ordóñez la terminación bilateral anticipada del contrato, porque aquí no hay garantías para yo seguir desarrollando mi objeto contractual, y la posición de la señora Consuelo Ordóñez fue no rotundo, antes al contrario, me aperturó siete procesos sancionatorios de manera inmediata”, dijo.

De acuerdo con la UAESP, Jardines de Luz y Paz decidió cerrar los cementerios distritales, cuando este lunes finaliza el proceso de sanción e inhabilidad que se desarrolla en la UAESP por los cinco incumplimientos que dispone la ley de contratación pública -Ley 80 de 1993-, cuatro de ellos en la anterior administración y uno este año.

La entidad agregó que desde enero de 2024 la UAESP ha sido particularmente estricta en la vigilancia del contrato de concesión de los cementerios, que fue firmado en 2021, en aras de garantizar la prestación continua e ininterrumpida del servicio público.

“El actual operador, en un comportamiento que la Administración Distrital rechaza de manera categórica, decidió arbitrariamente y sin previo aviso dejar de prestar los servicios y cerrar las instalaciones de los cuatro cementerios distritales”, puntualizó la UAESP.

Tras lo sucedido, la UAESP, implementó un plan de emergencia para retornar al normal funcionamiento de los cementerios de Bogotá.

Directora de la UAESP respondió

Ante esos señalamientos, la directora Ordóñez reveló que interpuso una denuncia penal en contra de Parada por injuria y calumnia.

“Las acusaciones del señor Éder Parada, representante del concesionario que opera los cementerios distritales de Bogotá, son falsas, absurdas y malintencionadas. Mi comportamiento en más de 30 años de ejercicio público ha sido impoluto. El de él, en cambio, ha estado marcado por repetidos incumplimientos”, aseguró Ordóñez.

De acuerdo con la funcionaria, “es absurdo pensar que un servidor público quisiera al menos evaluar la posibilidad de ampliar un contrato que ha tenido tantos informes de incumplimiento en más del 100 % de su valor. Y, peor aún, es totalmente absurdo pensar que pudiera exigirse coimas por tan improbable decisión”.

En ese sentido, Ordoñez precisó: “He presentado entonces denuncia penal por injuria y calumnia contra este señor y estoy dispuesta a responder todas las inquietudes que haya sobre ese tema”.

La funcionaria subrayó además: “Tan débil será esta acusación que ni en la mesa de trabajo con la Procuraduría General de la Nación, ni en las múltiples recusaciones que ha presentado, se había hablado en algún momento de esa presunta o supuesta concusión”.

Habla asesor de la UAESP

En rueda de prensa, Juan Pablo Estrada, asesor externo de la UAESP, se refirió a lo que está sucediendo en la concesión de los cementerios distritales.

“Desde el mismo proceso de empalme se advirtió que este era un contrato (415 del 2021) con serias dificultades en su ejecución, además con una polémica muy fuerte en torno a su adjudicación que es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. En ese empalme se evidenció que había muchos informes de presunto incumplimiento por parte de la interventoría y varios procedimientos sancionatorios en curso. La actual administración no sólo asumió la tramitación de los procesos que estaban en curso, sino que ya había una declaratoria de incumplimiento y había cuatro multas de apremio al contratista al momento de asumir el control de la UAESP, por parte de la directora, Consuelo Ordóñez. En ese orden de ideas, en lo que va corrido de la actual administración, aparecieron informes de otros 86 incumplimientos por parte del contratista, todos reportados por la firma que hace la interventoría de este contrato de concesión y consecuencia de ellos se iniciaron otros siete procedimientos sancionatorios”, explicó.

Estrada agregó: “De esos siete, seis han estado dilatados, insisto, por recursos, recusaciones y maniobras del contratista que en algunos casos podrían estar ya en el límite de lo que se denomina el abuso del derecho a litigar. Concluyó uno con el lleno de todas las exigencias del debido proceso y el respeto de las garantías del concesionario. Y el interpuso un recurso, el recurso se resolvió y consecuencia de esa nueva sanción se producen dos incumplimientos en un mismo periodo, lo que hace que sobrevenga el contratista una inhabilidad que le impide continuar ejecutando el contrato”.