Denuncian ‘mico’ en la prórroga de la Ley de Orden Público que beneficiaría a exintegrantes de Farc

Las comisiones primeras de Senado y Cámara iniciaron este miércoles con la discusión de la prórroga de la Ley de Orden Público que trazará el marco jurídico para que el gobierno del presidente Gustavo Petro pueda adelantar diálogos de paz.

Sin embargo, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, denunció que un fragmento de esa iniciativa resultaría beneficiando a los exintegrantes de las Farc-EP.

Cadavid hace referencia a un parágrafo transitorio en el que se asegura que “la ejecución de las órdenes de captura expedidas y órdenes de captura con fines de extradición, o que hayan de expedirse contra los exintegrantes de las Farc-EP que se hallen en el listado aceptado y acreditado por el Alto Comisionado para la Paz y hayan a su vez firmado un acta de compromiso de dejación de las armas, se mantendrán suspendidas, hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

A juicio del congresista del Centro Democrático, esa situación genera preocupación porque en el texto radicado inicialmente no estaba ese parágrafo. Cadavid cree que de aprobar esa propuesta, los exintegrantes de Farc tendrán beneficios adicionales a los que se les dieron en el Acuerdo de Paz.

La postura de Cadavid fue respaldada por los integrantes del Centro Democrático que pertenecen a estas comisiones y buscarán que se retire de la ponencia el próximo lunes cuando continúe el debate.

El senador Iván Cepeda aseguró que no hay un ‘mico’ como lo está denunciando el uribismo porque ese parágrafo existe en la ley que está vigente, por lo que no hay razón para señalar que se quiere beneficiar a los exintegrantes de las Farc-EP.

Cepeda explicó que sencillamente esta iniciativa se trata de una prórroga y que, tal vez, los integrantes del uribismo no conocen a fondo la ley que está vigente.

Estos son los cambios en el texto que se discutirá en el Congreso para la prórroga y modificación de la ley de orden público

La iniciativa es parte del propósito de la ‘paz total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual ha recibido críticas de diferentes fuerzas políticas por la abundancia de anuncios de sectores oficiales y la falta de precisión en textos como, por ejemplo, esta norma.

Según lo conocido hasta el momento, la ‘paz total’ tiene dos vías que serían diferentes. Por un lado, está la reactivación del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), roto tras los ataques de ese grupo armado ilegal a la Escuela de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019, y en el que hubo 22 personas muertas.

Y la otra vía sería la creación de una política de sometimiento –o acogimiento, como lo han venido manifestado fuentes oficiales en las últimas semanas– de las bandas dedicadas al narcotráfico.

En este sentido, SEMANA supo que el proyecto de ley que fija el procedimiento para este sometimiento a la justicia ordinaria no se presentaría por el momento y que sigue en consultas con sectores como el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, entre otros. El borrador de esta iniciativa se filtró hace algunas semanas y se conocieron algunos detalles de lo propuesto.

En cuanto a la primera iniciativa legislativa, la que extiende y modifica algunos puntos de la Ley 418 o de orden público, fue presentada el pasado 30 de agosto. La norma le permite al Ejecutivo de turno el manejo del orden público en el país y por eso, en todos los gobiernos, se hace necesaria la extensión de su vigencia.

En este caso, esta ley también se utilizaría para incorporar algunos puntos que sirvan para la realización de procesos de paz con grupos armados ilegales con origen político, como el ELN, por ejemplo, y además para el sometimiento a la justicia ordinaria de las bandas criminales.

Luego de su presentación, la iniciativa dejó varias dudas entre la opinión pública y diferentes sectores cuestionaron la falta de precisión en varios de sus artículos. Esta revista conoció detalles de la ponencia o texto con el que comenzará la discusión y votación de este proyecto y que apuntaría, en principio, a responder a estos reclamos.

Dentro de los puntos que se precisan está la diferenciación clara entre los procesos de negociación, que serían para grupos con origen político, y los de sometimiento a la justicia, que se aplicarían para las bandas delincuenciales. Esta claridad no estaba en el proyecto original que presentó el Gobierno nacional.