Denuncian presiones indebidas y maniobras del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, para favorecer a la candidata Lucy García

Los entes de control tienen puesta la lupa sobre Sucre, por hechos ocurridos en medio de la campaña electoral. Para los funcionarios de las entidades territoriales, las elecciones han significado el inicio de presiones para votar a favor de ciertos candidatos y supuestos movimientos en las plantas de personal para beneficiar a personas cercanas a la administración.

El principal motivo de alerta para la Procuraduría General de la Nación es la reestructuración de una parte de la red pública hospitalaria de Sucre.

En medio de problemas financieros y operativos de varios centros asistenciales, el Gobierno nacional le recomendó al gobernador Héctor Olimpo Espinosa que se solventara la crisis por medio de una fusión por absorción, la cual permite que el patrimonio de los hospitales de San Marcos y Corozal y la ESE de San Juan de Betulia se unan como una sola institución bajo el Hospital Universitario de Sincelejo.

La medida permite bajar costos y mejorar la eficiencia. Por otro lado, el Ministerio de Salud impuso la condición de que se mantuviera la planta de personal intacta y se aprovechara para reducir gastos administrativos.

A pesar de que buena parte de la población de los municipios rechazó la medida, el 28 de junio de 2023, el gobernador emitió el decreto de la fusión por absorción. Esto ocurrió un día antes de que empezara a regir la Ley de Garantías, con la cual se suspende por cuatro meses la contratación pública para evitar el uso de recursos estatales para campañas.

SEMANA conoció la resolución con la que horas después se incorporaron más de 500 nuevos cargos al Hospital Universitario de Sincelejo, rompiendo con la promesa de austeridad. Instantes antes de que se suspendiera la contratación a nivel nacional, este medio supo que se vincularon 58 funcionarios administrativos, a pesar de la necesidad de contratar más profesionales de la salud, con un valor de nómina mensual de más de 400 millones de pesos.

Una fuente que conoce el seguimiento de los entes de control le confirmó a este medio que se crearon cuatro coordinaciones que tienen tareas similares a las de las gerencias. La diferencia es que los nuevos funcionarios ganan casi el doble.

“Un gerente de una ESE podía ganar 6 millones de pesos. Ahora los llaman coordinadores y son los mismos. Estos nuevos funcionarios ganan casi 11 millones de pesos. La fusión debe ser austera, para sanear hospitales. Nombran asesores, abogados y secretarios con sueldos cercanos a los 10 millones de pesos”, dijo una fuente que pidió reservar su identidad.

Además, aseguró que no ocurrió una absorción sino la creación de una planta de personal adicional al filo de la Ley de Garantías.

En entrevista con SEMANA, María Teresa Ortiz, presidenta del Sindicato de Servidores Públicos de la Salud en Sucre, aseguró que los nuevos trabajadores aún no tienen funciones.

“Nombraron a unos gestores, pero no sabemos qué hacen; aún no hay manual de funciones”, manifestó la funcionaria del Hospital Universitario de Sucre.

Por otro lado, advirtió que los trabajadores de la red de hospitales temen al no apoyar a Lucy García a la Gobernación de Sucre, candidata cercana al actual gobernador: “Todos tienen mucho miedo. Nadie sabe cuáles son las consecuencias, da miedo decir algo. Puede haber amenazas y demás. Da miedo denunciar. La retaliación, cuando uno es de planta, puede ser que te trasladen”.

Por otro lado, SEMANA conoció un video de trabajadores del hospital de Corozal en el que aseguran que reunieron a funcionarios para exigirles diez votos para “que puedan continuar trabajando aquí”.

“Aquí las niñas no se atreven a hablar porque ellas saben que lueguito las están llamando y ‘te vas’”, dijo la mujer.

Por otro lado, Miguel Ojito, profesional de la salud que trabaja en el hospital, denuncia que al personal le deben hasta ocho salarios.

Otra trabajadora que se ve en el video también denunció presiones en época electoral: “Lo que ganamos no debería ser pagado para los votos de los políticos que nos están tocando los hombros. Nos piden hasta 20 votos por persona”.

Beatriz Paternina, enfermera que fue retirada del Hospital Universitario de Sincelejo después de más de 33 años de servicio, asegura que salió al inicio de la fusión por su cercanía con otro candidato.

“Me hicieron la guerra por estar con otro candidato, me decían que me querían sacar del cargo. Me llega un correo el 4 de julio, después de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, diciéndome que me retiran del cargo. Voy a demandar, estaba prepensionable”, dijo.

Además, aseguró que están exigiendo el voto por Lucy García dentro de la entidad: “A la gente de los sindicatos les están exigiendo el voto. Es una dictadura, no puedes opinar. Te trasladan al peor lugar del hospital. Todo el mundo está cuidando su puesto, nadie se atreve a hablar. Nunca había visto estas presiones”.

Tensiones en otras entidades

Las presiones no solo ocurren en los hospitales públicos. SEMANA conoció denuncias de personas que aseguran que están siendo trasladadas desde que Tatiana Niebles entró como alcaldesa de Sincelejo, encargada por el gobernador desde que la elección de Andrés Gómez fue anulada por doble militancia. Un trabajador, que prefiere la reserva de su identidad, aseguró que por política lo trasladaron a un puesto en el que no tiene experiencia. La queja fue radicada ante la Procuraduría.

“Existen presiones para votar por Lucy García, es muy directo. Me dijeron: ‘Si no te vas con Lucy, te vas a ahogar’. A otros les pasa. También presionan a favor de los aspirantes a la Alcaldía”, denunció.

Una mujer también radicó una queja ante la Procuraduría por supuesta participación en política, violación a la Ley de Garantías y abuso de poder de la alcaldesa encargada y otro funcionario involucrado en su traslado a otra área.

“Desconozco si es por mi condición física, de género, religiosa o política”, expresó la trabajadora en la queja, quien además dijo que no tiene tareas establecidas y debe permanecer de pie durante todo el horario laboral porque no cuenta con un puesto.

SEMANA también conversó con Luis Hernando Farak, exasesor de la Gobernación de Sucre, que denuncia que se admitió una carta de renuncia suya con una firma fraudulenta, que terminó con su salida del cargo.

“No firmé esa carta. Es un tema político, de chismes. De pronto le dijeron al gobernador que no iba a votar por Lucy. Las presiones son un secreto a voces en Sucre”, dijo el exfuncionario.

Por otro lado, Eduardo Pérez, gerente de Aguas de Sucre, también fue retirado del cargo de forma repentina. Pudo regresar a su puesto con un recurso de reposición, pero asegura que los intentos por sacarlo se deben a razones políticas.

“El gobernador me abordó en un partido de fútbol sala, finalizado el primer tiempo. Me agarró por el hombro para hablar. Sincelejo se dio cuenta cómo manoteaba mientras hablaba. Me presionó, me dijo que si no apoyaba (a Lucy García) me quitaba”, manifestó el gerente, quien no accedió a la exigencia.

SEMANA consultó a Héctor Olimpo Espinosa sobre las denuncias. El gobernador aseguró que quienes denuncian pueden tener intereses vinculados a alguna campaña política.

“A nadie se le está presionando para que vote en un sentido u otro. En la fusión se respetaron los puestos de todos los empleados”, manifestó.

Además, aseguró que en las denuncias “hay una intencionalidad política de causar daño reputacional”.

Agregó que la alcaldesa encargada no tiene “ninguna intencionalidad política” y recalcó que en ese caso también hay intención de “desacreditar” su gobierno.

Frente a lo dicho por el gerente de Aguas de Sucre y su exasesor, el gobernador dijo que “están siendo instrumentalizados” y que pertenecen a una campaña con “claras instrucciones” de atacarlo.

Finalmente, Espinosa recalcó que “ninguna de estas denuncias es cierta”.