Denuncian presunto entramado de corrupción en la Unidad de Restitución de Tierras, ¿de qué se trata?

Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, junto a Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, denunciaron un presunto entramado de corrupción al interior de la entidad. De acuerdo con los funcionarios, contratistas estaban cobrando un porcentaje de los ingresos de nuevos trabajadores y otros recibían dineros bajo la promesa de agilizar o retardar procesos de restitución.

“Denunciamos presuntos actos de corrupción que se están presentando en el marco de la anterior administración. Por un lado, un colaborador contratista estaba cobrando un porcentaje a otras personas que ingresaban a laborar en la institución. Por otro lado, un colaborador contratista estaba cobrando plata y recursos a las víctimas y a terceros para que se gestionara su proceso en la entidad”, manifestó Yule.

De acuerdo con la denuncia, se estaría cobrando a nuevos ingresos el 10 % sobre el valor de los contratos. Por otro lado, se estarían pidiendo recursos para establecer si un predio se inscribe o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).

La Unidad de Restitución de Tierras asegura haber logrado evidenciar “situaciones de reclutamiento a personas que carecían de conocimiento y la experiencia para ser contratadas en las áreas en las que ejercían su trabajo”.

A estas personas se les habría indicado qué decir en la entrevista de trabajo para el ingreso a la entidad. Este proceso habría tenido un costo de entre uno y dos millones de pesos.

La otra modalidad de corrupción habría ocurrido en las direcciones territoriales de Apartadó (Antioquia) y el Meta. Según los hallazgos, los contratistas y funcionarios de la entidad cobraban sumas de dinero a solicitantes de tierras y personas vinculadas al proceso, como terceros ocupantes, para dilatar la toma de decisiones.

Las investigaciones internas evidenciaron que, en la Dirección Territorial del Meta, el profesional de seguridad cobraba cerca de 10 millones de pesos por cada resolución a favor del solicitante. Por otro lado, exigía 7 millones de pesos a quienes estaban interesados en evitar la inscripción de un predio en el RTDAF.

Otra denuncia apunta a que otro funcionario en el Meta cobraba el 15 % del costo del predio para restituirlo a favor de ciertas personas.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, existirían hechos similares en la seccional Putumayo, caso que sigue en proceso de investigación y clarificación para detectar responsables y modalidad.

“En esta administración no vamos a tolerar la corrupción en la entidad. De igual manera, vamos a seguir denunciando estos actos de la mano de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Hacemos un llamado a todas las víctimas para que coloquen sus denuncias. Los procesos de restitución de tierras no tienen costo en las 16 entidades territoriales”, manifestó Yule.

Por otro lado, Idárraga anunció que la Secretaría de Transparencia trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría para atender lo ocurrido en la Dirección Territorial en el Meta y Apartadó.

“Esperamos que estos casos no queden en la impunidad. Recuerden que el Gobierno del cambio, en cabeza de Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, no tolerarán actos de corrupción”, indicó el secretario.

De la misma forma, Idárraga y el director de la entidad trabajarán de forma conjunta para reforzar el Plan Anticorrupción de la entidad y los mapas de riesgo, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas.

“Los invitamos a hacer las respectivas denuncias. Ustedes son una prioridad para nosotros, en este Gobierno trabajamos para garantizar sus derechos”, concluyó el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.