Denuncian que el nuevo gobernador encargado de Arauca, Wilinton Rodríguez, tiene inhabilidad y una demanda por alimentos

Luego de que el Gobierno nacional designara en las últimas horas al exdiputado Wilinton Rodríguez, del partido Cambio Radical, como el nuevo gobernador encargado del departamento de Arauca, se conoció una denuncia donde exponen una presunta inhabilidad para asumir este cargo y una demanda por alimentos.

De acuerdo con Crisma del Mar, habitante de esta región del país y reconocida periodista de la zona, dio a conocer en SEMANA que este hombre, quien se encontraba en la terna que presentó su partido político a consideración del Ejecutivo, no podría gobernar este territorio por presuntas irregularidades.

“Vemos a este hombre que tiene una demanda vigente por alimentos, el señor (Wilinton) presentó ayer 24 de enero, una carta de la abogada que impone la demanda, esto solo es una solicitud al Juzgado manifestando que retira la demanda, pero no está el acto que debe emitir el Juzgado Promiscuo Familiar de Arauca manifestando que la demanda ya no está en curso”, precisó la mujer.

Ante esto, se especula que ya habrían arreglado lo de la demanda por alimentos, donde conciliaron por lo de las dos hijas una cuota superior al millón de pesos al mes; sin embargo, aún no hay un documento del Juzgado que pruebe este acuerdo.

Otra problemática sería su posible inhabilidad para estar en el cargo, debido a que en la Ley 2022 Artículo 57 habla puntualmente de los diputados, quienes no pueden ejercer como gobernadores si no han renunciado un año antes.

“El señor (Wilinton) renunció ocho días antes de presentar su nombre en una terna. Hicieron perder a mucha gente el tiempo solicitando muchas ternas, con propuestas, generando nombres, generando perfiles y finalmente eligieron al mejor postor”, puntualizó la denunciante.

Lo cierto es que el Ministerio del Interior designó a Wilinton Rodríguez en reemplazo de Indira Barrios, a quien se le declaró el abandono del cargo tras un viaje que realizó al exterior sin permiso de esta cartera.

Indira había sido designada en este cargo por el gobierno saliente de Iván Duque luego de que fuera removido Facundo Castillo Cisneros, quien había sido elegido por el pueblo como gobernador de Arauca.

El exgobernador está privado de la libertad por presuntos vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ahora la Fiscalía estableció que el exmandatario tiene otros enredos con la justicia, en esta ocasión por hechos de corrupción.

Castillo fue gobernador en los períodos 2012-2015 y 2020-2021, hasta que terminó capturado por cuenta de un proceso que lo dejó vinculado con la guerrilla y por favorecer los intereses de la insurgencia a cambio de garantizar su elección como mandatario de Arauca.

“Son conductas eminentemente dolosas, sin ningún respeto a la moral y sin escatimar esfuerzos económicos. La forma en la que actuó el gobernador es una violación directa a las normas de la contratación pública. Afectó la seguridad donde la comunidad está totalmente vulnerada, donde la presencia de esta estructura criminal está al servicio de José Facundo Castillo y cualquier acto que ellos hagan en contra de sus intereses va a afectar su seguridad”, explicó el fiscal en la solicitud o petición de enviar a la cárcel al gobernador.

El nuevo lío judicial que le sale al exgobernador está en tres contratos que firmaron durante la administración de Castillo en la Gobernación de Arauca, el primero en 2013 por más de 9.700 millones de pesos para la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas del departamento. En ese contrato se encontraron sobrecostos que superaron los 2.000 millones de pesos.

El segundo contrato firmado en 2019, incluido en el Plan de Alimentación Escolar, con ocasión de la emergencia sanitaria de la covid-19, pero se hicieron varios cambios sin justa causa, “sin estudios de mercado y generó sobrecostos por $860.975.373, entre otras posibles anomalías”.

El último contrato que se convierte en investigación fue firmado en abril de 2020 por 4.400 millones y destinado a la entrega de kits de ayuda alimentaria para suplir las necesidades ocasionadas por la pandemia. “La Fiscalía estableció que se realizó licitación pública para solo cumplir con lo previsto en la ley porque, al parecer, los requisitos y pliegos estaban direccionados para que el contrato quedara en manos de una firma específica”.