Desafíos legislativos en 2024: Las reformas del Gobierno Petro seguirán generando tensiones en el Congreso y enredando la agenda

No alcanzan los dedos de una mano para contar todas las reformas que el Gobierno de Gustavo Petro quiere tramitar este nuevo año. Desde que el mandatario llegó al poder se sabía que con él llegaba toda una reformatón, pero con 17 meses en el poder solo ha logrado la aprobación de una de ellas y ya anuncia otras más.

Las cuentas van así: reformas a la salud, pensional, laboral y a la educación están en trámite y a ese paquete entra la anunciada reforma a los servicios públicos, cuyo contenido se desconoce, y una nueva reforma tributaria que ajustará la de 2022: la única que le han aprobado al presidente Petro.

Se trata de seis reformas que esperan tramitarse este año y que se suman a otras iniciativas legislativas del Gobierno que también están en proceso, como las leyes para la paz total o la próxima reforma a la justicia, para la que el Ejecutivo ya anunció la creación de una comisión especial.

Toda esa agenda comenzará a abordarse el próximo 16 de febrero, cuando inician las sesiones ordinarias del Congreso, pero no se ha descartado aún que se convoque a sesiones extras.

La propia ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo durante el último debate de la reforma laboral, que tuvo lugar en diciembre, que sería pertinente iniciar la discusión unos días antes. En todo caso, quien decide si llamar a sesiones extraordinarias es el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El cronograma va así: la reforma a la salud es la más avanzada de todas e inicia su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado; la reforma pensional va para su segundo debate en la plenaria del Senado; la laboral está en medio del primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara y la de educación va para su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esa última requiere ocho debates, porque es una ley estatutaria.

En ese catálogo están las reformas que están en trámite, pero falta el resto del paquete. Aún no se conoce el contenido de la anunciada reforma a los servicios públicos y el presidente Petro confirmó que hará una reforma a la tributaria, para modificar el sistema de impuestos.

“Invito al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la Reforma Tributaria, es el momento de ver sus impactos y verla de cara a la producción; la Reforma ha sido radicalmente transformada, pero de cara a elevar la actividad productiva del país necesita ser reexaminada”, sostuvo el jefe de Estado el viernes 29 de diciembre.

La nueva reforma tributaria del Gobierno Petro

Es poco lo que se conoce sobre el contenido que tendrá la nueva reforma tributaria que presentará el presidente Gustavo Petro. La base de esta será incrementar las tasas para las personas naturales asalariadas y reducirle la carga tributaria a las empresas.

Ya el Ministerio de Hacienda habría creado una comisión para alistar el texto de ese articulado. El propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había señalado a finales de diciembre que el hueco en el Fondo de Estabilización de los Combustibles ya se había comido la reforma tributaria de 2022 que aplicó su antecesor, José Antonio Ocampo.

A quiénes se le subirán los impuestos todavía es un misterio, pues si bien el propio presidente Petro afirmó que las nuevas tasas se centrarían en las personas naturales, deberá establecerse a partir de qué nivel de ingresos (en términos de cantidad de salarios mínimos) se aplicarán estas.

La idea ya tiene sus simpatizantes y contradictores. El presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, advirtió que “desde Fedesarrollo hemos enfatizado que Colombia no será competitiva ni incentivará la creación de empresas con un impuesto de renta del 35 %, el más alto de la región. Celebro que el presidente Gustavo Petro haya puesto este importante tema sobre la mesa para el próximo año”.

Por su parte, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo llamó la atención sobre que “ya la reforma de 2022 aumentó los impuestos a las personas naturales de altos ingresos. Gravar más a los asalariados no tiene lógica, pero sí a los rentistas de capital y trabajadores de altos ingresos. Sin embargo, el problema esencial en esos casos es la elusión y evasión de impuestos”.