Desbandada en la comisión encargada de seleccionar de nuevo los aspirantes a contralor | ¿Qué pasó?

La decisión del presidente del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero, de nombrar una nueva comisión para armar de nuevo la lista de 10 candidatos finales para elegir contralor no salió como se esperaba.

Más tardaron Barreras y Racero en armar esta nueva comisión que los congresistas en empezar a renunciar uno a uno a esta responsabilidad alegando temores jurídicos.

Durante el martes renunciaron los congresistas liberales Lidio García y Miguel Ángel Pinto, el senador de La U Juan Felipe Lemus y el senador Humberto de la Calle. Y este miércoles se unieron a ellos los designados del Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical.

Es decir, por ahora, únicamente asistirán este jueves a la reunión de la comisión citada para rehacer la lista los congresistas del Pacto Histórico, el partido Comunes y la Alianza Verde, aunque en esta colectividad hay algunas dudas jurídicas.

En la desbandada que se ha dado en esta comisión hay argumentos de tipo jurídico. Los congresistas temen que, en caso de participar en esta nueva selección, sean después demandados por presunto prevaricato, pues no hay claridad sobre si esta decisión de rehacer la lista está dentro de los límites legales.

De hecho, este lunes se conoció una denuncia radicada ante la Corte Suprema de Justicia contra Barreras y Racero por prevaricato, concusión, tráfico de influencias y concierto para delinquir, al presuntamente haber violado la ley por la decisión que tomaron de barajar y volver a empezar en este proceso.

La denuncia señala que la Ley 1904 de 2018, que es la que reglamenta la elección de contralor, establece que “en caso de presentarse algunas de las causales de falta absoluta de los integrantes de la lista de elegibles, el Congreso elegirá de los restantes al contralor general de la República”.

Por lo tanto, según el demandante, con la decisión de crear una nueva comisión accidental para hacer una nueva lista de elegibles, proceso que ya había adelantado el anterior Congreso, se está “presentando una violación a la norma”.

Además, se argumenta que, según esta misma ley, la etapa de selección (es decir escoger a los 10 candidatos finalistas) le correspondía al Congreso saliente, y, la de elección, al nuevo Congreso, pero con esta determinación se estaría violando la ley.

A esto debe sumarse el hecho de que ya Cambio Radical, La U, el Partido Liberal y el Partido Conservador anunciaron que votarán por la candidata María Fernanda Rangel, lo que de entrada descarta que vayan a apoyar una recomposición de la lista.

Esta misma decisión la tomaron los 16 representantes de las víctimas que tienen curul en la Cámara de Representantes.

Un escenario al que se podría enfrentar el Congreso, en caso en que se insista en rehacer la lista, es que un gran número de congresistas se declaren impedidos al momento de la votación, programada para este 18 de agosto, lo que sí dejaría esta elección en un limbo jurídico.

En todo caso, con la decisión de Barreras y Racero, esta es ya la tercera vez que el Congreso debe armar la lista. A finales de mayo, cumpliendo con el calendario inicialmente establecido, la comisión designada en ese momento para hacer la preselección dio a conocer el listado de finalistas.

Sin embargo, un fallo del Tribunal de Cundinamarca, conocido el 14 de julio, obligó a rehacer la lista debido a que no se cumplía con la cuota de género ni con la regla de meritocracia. Y ahora, a prácticamente 15 días para la elección, Barreras y Racero decidieron revocar lo actuado y nombrar una nueva comisión para hacer de nuevo la selección. Es decir, barajar y volver a empezar.