Política
Descaro total: el ELN asegura que las Fuerzas Militares tienen “un comportamiento terrorista”
Un ataque de este grupo ilegal acabó con la vida de nueve militares y dejó a otros diez con graves heridas.
Menos de una semana después de haber masacrado a nueve soldados que estaban prácticamente en estado de indefensión, el ELN nuevamente se refirió al tema, pero en vez de reconocer el error cometido en pleno proceso de paz, el grupo guerrillero salió a justificar lo sucedido.
Los hechos, según se pudo establecer, ocurrieron pasadas las 3:00 a. m. del miércoles 29 de marzo, mientras los hombres adscritos a la Segunda División del Ejército descansaban en una zona de alta conflictividad, pues allí operan no solo el ELN, sino también las disidencias de las Farc de Iván Márquez, conocidas como la Segunda Marquetalia y las de Iván Mordisco, llamadas Estado Mayor.
El grupo armado ilegal justificó este ataque en que “estando activa la mesa de negociación con el Gobierno y el nuevo proceso de diálogos desde fines del año pasado, las Fuerzas Militares mantienen una ofensiva contra el ELN en distintos territorios”.
Según indica el más reciente editorial de la revista Insurrección, firmado por el Comando Central del grupo guerrillero, atacar a los miembros del Ejército es su “derecho”.
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“Como fuerza contendiente, mientras no haya un cese y se nos siga atacando tenemos el derecho a la defensa y al accionar de respuesta”, manifestó el grupo guerrillero.
Y luego llegó la perla: “El país debe saber que las Fuerzas Militares siguen en ofensiva contra nuestras fuerzas y con un comportamiento terrorista, contrario a los preceptos éticos de la guerra”.
Para justificar su accionar criminal, el ELN recurre a de manera constante equipararse con el Ejército y la Policía, sin tener en cuenta que los policías y militares son la fuerza legítima del Estado, cuyas operaciones se enmarcan justamente en la lucha contra la criminalidad.
A esto se suma el continuo amedrentamiento de parte de este grupo ilegal contra comunidades en Arauca y Chocó y el secuestro del sargento del Ejército, Libey Danilo Bravo.
Además del cautiverio del uniformado, ha causado indignación la forma en la que este grupo intenta justificar sus persistentes prácticas de secuestro, al asegurar que son su “derecho”.
Según el editorial de la revista Insurrección, escrito por el Comando Central del ELN, el secuestro del sargento se dio “dentro de nuestro derecho a la defensa”.
Junto a sus acciones criminales, el ELN se ha caracterizado por sus declaraciones destempladas y doctrinarias.
Por ejemplo, la semana pasada, el grupo guerrillero mostró su molestia por este acuerdo y señaló que “debemos apoderarnos del Estado en su totalidad”.
“Si queremos cambios estructurales debemos apoderarnos del Estado en su totalidad, de lo contrario tan solo serán una utopía y solo la sociedad organizada logrará los cambios que necesita el país”, apuntó la organización.
Los mensajes del ELN no van dirigidos únicamente contra las políticas del Gobierno, sino contra el propio proceso de paz, lo que ha sembrado las dudas sobre el real compromiso de esta guerrilla con la negociación.
Fallido cese al fuego
El año 2022 terminó, en materia de paz, con unos anuncios de las delegaciones en Caracas (Venezuela), donde las partes establecían una hoja de ruta para avanzar rápidamente en las conversaciones. Sin embargo, esa celeridad se frenó el 31 de diciembre antes de la medianoche, cuando el presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego bilateral con varios grupos armados, entre ellos, el ELN.
A los dos días, la guerrilla desmintió al presidente Petro y lo acusó de tomar decisiones unilaterales. Los negociadores del Ejecutivo salieron rápidamente a apagar el incendio y a decir que se trataba de una pequeña diferencia, pero una vez más, fueron desmentidos y Antonio García habló de una crisis.
El trasfondo de estas tensiones es que, contrario a otras organizaciones ilegales, la agenda con el ELN involucra el diálogo sobre asuntos que van más allá de la insurgencia y la dejación de armas, e involucran poner sobre la mesa asuntos trascendentales de país, como las pensiones, la salud, la participación ciudadana y el sistema político.
