Política
Desde Cancillería denuncian que en inspección de la SIC obtuvieron datos de extradiciones y hasta requisaron celulares personales
Según los testimonios de los mismos funcionarios, hubo intimidaciones y amenazas. Reclaman que esa información sensible del país ahora quedó en manos de otros.
Con el argumento de hacer indagaciones sobre la millonaria licitación entre Thomas Greg & Sons y la Cancillería, la Superintendencia de Industria y Comercio, a cargo de Cielo Rusinque, llegó hasta el Palacio San Carlos en Bogotá, sede de la Cancillería, para inspeccionar supuestamente temas relacionados con ese proceso.
Sin embargo, desde uno de los sindicatos de la Cancillería denunciaron que se habrían presentado supuestos excesos y extralimitaciones en sus funciones, pero, además, se habrían llevado información sensible relacionada con temas clave del Ministerio de Relaciones Exteriores como extradiciones, solicitudes de asilo, entre otros.
Francisco Burchardt Melo, presidente del sindicato de empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex), le contó a SEMANA la denuncia que transmite de los funcionarios de la Cancillería que vivieron esas presuntas violaciones. Dice que ellos no quieren hablar directamente por temor a represalias, pero le contaron lo sucedido.
Burchardt contó que las primeras intervenciones de la SIC en la Cancillería fueron el pasado jueves y viernes y continuaron el lunes. La denuncia radica en que hubo falta de claridad en la diligencia que adelantó la SIC en esas oficinas. Incluso, hablan de intimidaciones y abuso de facultades.
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Dicen que les pidieron sus computadores y en algunos casos hasta sus celulares personales. Ese es el caso de un funcionario que denunció este supuesto abuso, le dijeron que debía entregarlo a pesar de que no hace parte de los equipos de la Cancillería. Le mencionaron que si no lo hacía, estaría obstruyendo a la justicia. Asegura que le pidieron no borrar nada. “Un abuso total”, denunció Burchardt. Afirma que tampoco habrían tenido asesoramiento legal ni acompañamiento de ningún tipo.
En el caso del celular, el presidente del sindicato de los trabajadores de la Cancillería dice que no está claro cuál era el permiso que tenía la SIC para solicitar esa herramienta personal. Asegura que no había una solicitud judicial. “No está claro”, afirmó.
Más allá del hecho del celular del funcionario, la denuncia radica en que los funcionarios y contratistas de la SIC copiaron información de los computadores de la Cancillería, en donde reposa información sensible. En concreto habrían copiado los correos de los funcionarios.
“El lío con esos correos es que hacen parte de funcionarios que tienen conocimiento de mucha información delicada y sensible en este país”, denunció Burchardt.
Algunos de esos casos tienen que ver con extradiciones, trata de personas, solicitudes de refugio, asistencia a connacionales, entre ellos menores de edad. Es decir, temas bastante sensibles. También se habla de que habría información relacionada a procesos judiciales que se pueden caer por el hecho de que se haya violado la reserva del sumario, reclamó el presidente del sindicato.
Otra de las alertas de la Cancillería es en manos de quién quedó esa información, ya que no solo había funcionarios de la SIC, sino también contratistas. Además, según confirmaron desde la SIC, esa información reposará en un software, por lo que Burchardt cuestiona quién tiene el control y acceso de esa plataforma.
A todo eso se le suma que a los funcionarios a los que les hicieron la inspección no tienen mayor incidencia en la licitación de Thomas Greg, simplemente tramitan lo que otros deciden más arriba. “Se fueron fue para los que implementan el contrato. El tema de la contratación no se maneja en esas dependencias”, dijo Burchardt.
Tras el inicio de la visita de la SIC en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, aseguró que las visitas en la entidad fueron adelantadas por la Delegatura para protección de la competencia. Rusinque agregó que este tipo de visitas son llevadas a cabo dentro del marco legal para obtener evidencias sobre eventuales prácticas violatorias del régimen de competencia.