Desde el Concejo de Bogotá proponen suspender subsidios de la Alcaldía a quienes cometan actos de vandalismo en manifestaciones

En el Concejo de Bogotá fue presentado un proyecto de acuerdo que busca establecer medidas contra las personas involucradas en actos de vandalismo durante manifestaciones sociales.

Según el proyecto del concejal Julián Uscátegui, del Centro Democrático, los individuos investigados por realizar acciones violentas contra el patrimonio público o privado, o que atenten contra la vida e integridad de los uniformados de la fuerza pública o la población civil, podrían perder los beneficios educativos y otros subsidios otorgados por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Uscátegui ha calificado como “inconcebible” que la Alcaldía Mayor continúe otorgando beneficios a lo que él llama “terroristas urbanos”. Según el concejal, quienes recurren a la violencia deben enfrentar la Justicia y perder cualquier tipo de subsidio, ya que, en sus palabras, “los bogotanos no pagan impuestos para financiar criminales”.

“El acceso a programas de educación superior no es un derecho absoluto. Los beneficiarios deben cumplir con los deberes y responsabilidades que exigen la constitución y la ley. Este proyecto busca proteger la protesta social, desincentivando las expresiones violentas en las manifestaciones públicas”, manifestó Uscátegui.

La duración de la suspensión de beneficios estaría ligada al proceso jurídico que involucre al beneficiario, permitiendo su revisión una vez concluido el proceso respectivo. Aquellos absueltos o exonerados de las acusaciones podrían retomar los beneficios, mientras que los hallados responsables podrían perderlos de manera definitiva.

Críticas al proyecto

El abogado penalista Johan Andrés Montenegro, consultado por SEMANA, ha criticado el proyecto, argumentando que es inconstitucional y que viola varios derechos esenciales de los individuos. Montenegro señaló que el proyecto atenta contra la presunción de inocencia, un principio fundamental en el marco jurídico colombiano que establece que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia judicial.

“Para que alguien pierda los beneficios propuestos en el proyecto, debería haber sido condenado por un juez y que el delito se ajuste a los términos legales establecidos, lo cual el marco jurídico actual no permitiría”, explicó el experto en temas de índole constitucional, familiar y político.

Según Montenegro, el Tribunal Superior de Bogotá podría declarar inconstitucional este proyecto. A su vez, cuestionó la competencia del Concejo de Bogotá para implementar medidas de esta naturaleza. Además, señaló que, de aplicarse, el proyecto debería afectar a todas las personas condenadas por delitos similares, y no solo a aquellos bajo investigación, ya que, de lo contrario, iría en contra de los derechos esenciales de dichos individuos.

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto, de ser aprobado, facultaría a las entidades distritales encargadas de programas educativos y sociales para suspender provisionalmente los beneficios a aquellos investigados en procesos penales o policivos relacionados con delitos o contravenciones durante manifestaciones públicas. Se establecería un procedimiento específico que garantice el debido proceso en la imposición de esta suspensión provisional.

Cada manifestación en la ciudad, según datos presentados, deja considerables pérdidas económicas. Por ejemplo, el incendio de un bus del SITP durante las protestas de la Universidad Distrital generó daños por más de 700 millones de pesos.