Despelote en intervenciones a EPS: nombraron a personas que no estaban autorizadas y nuevo superintendente busca cambiarlas

Las intervenciones a entidades prestadoras del servicio de salud (EPS) efectuadas por la Superintendencia Nacional de Salud durante la administración del médico Luis Carlos Leal estarían marcadas por una presunta irregularidad. El exsuperintendente habría designado agentes interventores que no cumplían con los requisitos exigidos para administrar esas entidades porque no están registrados en el Rilco, la base de datos de la Superintendencia en la que están consagradas las hojas de vida de los profesionales que han demostrado tener conocimiento técnico para gestionar los recursos de la salud.

Ni los agentes interventores designados para Emssanar, Asmet, SOS EPS, Nueva EPS y el Hospital Departamental María Inmaculada forman parte del Rilco, y el único administrador provisional de todas las EPS e IPS intervenidas por Leal que sí está en ese catálogo es el de Sanitas, Duver Dicson Rojas.

El Rilco es el registro de interventores, liquidadores y contralores en el que están reportados todos los administradores, financistas, abogados y profesionales de carreras afines que han pasado los exámenes de conocimiento y documentado su experiencia en el sector salud. Ese sistema opera como un repositorio de hojas de vida al que la anterior administración de la Superintendencia no habría tenido en cuenta.

Es más, SEMANA conoció que el nuevo superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, está evaluando un posible cambio a los ocho agentes que tienen a su cargo las EPS intervenidas por el Gobierno después del escándalo de posible corrupción que estalló días antes de la salida de Leal del cargo. Incluso, al cierre de esta edición, nombró a Bernardo Armando Camacho como nuevo interventor de Nueva EPS.

Este medio revisó cada una de las resoluciones de nombramiento de los agentes interventores y verificó sus nombres con el reporte del Rilco. Se encontró que estos no aparecen en el registro albergado en la propia página de la Superintendencia de Salud.

Uno de los casos es Emssanar, EPS para la que Leal modificó al agente interventor nombrando en ese cargo a César Augusto Sánchez, en una decisión tomada en mayo de este año. Pero ni su nombre ni su cédula están anotados en el Rilco. Otro de los casos es la EPS Asmet, para la que se publicó la resolución de intervención en mayo, pero cuyo agente interventor, Javier Ignacio Cormañe, tampoco está reportado en el Rilco.

La entidad prestadora de salud más grande del país, Nueva EPS, recibió la designación de Julio Alberto Rincón como agente interventor, pero este tampoco forma parte del registro. Esa intervención es particular, pues para entonces el Gobierno decidió tomar posesión de la única entidad prestadora del servicio de salud con participación pública y que para ese momento era administrada por un funcionario nombrado por el propio presidente, Aldo Cadena, quien fue cercano a Gustavo Petro desde su paso por la Alcaldía de Bogotá y le manejó los asuntos de salud en el Distrito.

Los bienes de Salud Servicio Occidental (SOS) fueron tomados en abril y entregados por decisión del exsuperintendente Leal a Carlos Marino Escobar, otro que no está dentro de ese catálogo. Y ese tipo de casos no solo ocurre con las EPS: en el Hospital Departamental María Inmaculada de Caquetá se ordenó la posesión de los bienes en agosto y se designó como agente especial a Rigoberto Osuna García, quien tampoco aparece en el Rilco.

Estos casos demuestran que los interventores de EPS e IPS designados por el exsuperintendente de Salud fueron nombrados a discrecionalidad sin tener en cuenta los perfiles técnicos que debía avalar la misma Superintendencia de Salud.

Particularmente, la intervención a ese hospital centra la atención del resto de entidades e instituciones que prestan el servicio, pues el pasado 21 de octubre el Tribunal Administrativo de Caquetá suspendió la designación del agente interventor tras admitir una demanda de nulidad electoral contra la medida de toma de posesión interpuesta por la Superintendencia.

Esa decisión abrió el primer boquete jurídico de los privados del sector salud contra las intervenciones efectuadas por el exsuperintendente Leal, que prosperó en la Justicia. Si ese caso avanza a otras instancias, dejaría antecedentes legales para tumbar otras intervenciones efectuadas por el Gobierno.

Llama la atención que cuando el exsuperintendente Leal anunció el hallazgo de irregularidades en las intervenciones solo se refirió a los nombres de las EPS, mas no a los agentes que él mismo designó y cuyas labores en esos cargos él estaba llamado a vigilar.

Otro punto que está por revisarse es qué pasó con las contralorías de esas intervenciones durante los últimos meses. Cada resolución de toma de posesión de los bienes de una EPS o IPS incluye en sus primeros puntos la delegación de un contralor, que se encarga de hacer seguimiento a las intervenciones, tarea que está a cargo de firmas como Nexia y McGregor, y cuya labor de vigilancia es determinante para desenredar el posible entramado de corrupción que habría salpicado a las intervenciones.

Las medidas tomadas por Leal no han mostrado resultados positivos. En Cundinamarca, el exsuperintendente intervino la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente a partir de una resolución emitida en abril, y la Secretaría de Salud de Bogotá le estuvo advirtiendo a la Superintendencia que esa toma de posesión no mejoró los estados financieros y, por el contrario, terminó empeorando la situación económica de la EPS.

Una carta enviada por Gerson Bermont, secretario de Salud, en septiembre alertó a Leal sobre las pérdidas operacionales del orden de los 36.000 millones de pesos en esa entidad. Las cifras reportadas hasta julio de este año, cuando habían pasado tres meses de la intervención, daban cuenta de una participación de los costos de funcionamiento equivalente al 102 por ciento de los ingresos de la entidad, lo que dejó las cuentas de esa EPS en cifras rojas.

Es más, también se reportaron quejas sobre los servicios que la Subred Centro Oriente prestaba para los usuarios de Capital Salud, lo que generó implicaciones para los usuarios de otra EPS y puso en riesgo el contrato suscrito entre ambas entidades. De hecho, la Subred es la entidad que tiene a cargo el Hospital San Juan de Dios, institución sobre la que el Gobierno de Gustavo Petro frenó el contrato de remodelación. Todo esto demuestra que las intervenciones de la Superintendencia durante la administración de Leal dejaron el sistema en una situación crítica.