Diálogos con Iván Márquez podrían ser ilegales. Se abre debate jurídico por viabilidad de negociar con la Segunda Marquetalia, ¿qué hará el Gobierno?

Gustavo Petro le sigue apostando a la paz total y abrió un nuevo frente de negociación con la llamada Segunda Marquetalia, que está bajo el mando de Iván Márquez y conformado por un grupo de disidentes del acuerdo de paz que se firmó en 2016. Aunque la política del Gobierno ha sido duramente criticada por los pocos efectos positivos, debido al recrudecimiento de la violencia en todo el territorio nacional, se suma un debate jurídico sobre la viabilidad de negociar con quienes decidieron volver a las armas y abandonar el tránsito a la legalidad.

Esta nueva negociación tiene varios problemas que, según la delegación de paz del Gobierno, se irán resolviendo sobre la marcha, pero la realidad es que de buenas intenciones no se logrará sacar adelante esta negociación política y mucho menos la Marquetalia firmará un nuevo acuerdo si no le ofrecen algo jugoso a cambio.

El primer problema es el jurídico. Iván Márquez, comandante de ese grupo criminal, y Walter Mendoza tienen pleno conocimiento de que lo firmado en el Teatro Colón de Bogotá los deja por fuera de cualquier posibilidad de beneficio de la justicia transicional porque siguieron delinquiendo después del primero de diciembre de 2016. Eso quedó claro en un acto legislativo que aprobó el Congreso y en 2017 se ratificó la condición de no repetición. Eso quiere decir que como los integrantes de la Marquetalia violaron lo pactado y cometieron nuevos delitos, las sanciones serán aplicadas por la justicia ordinaria y no las transicionales.

De hecho, la denominada ley de paz total que se aprobó en diciembre de 2022 y que faculta a Petro para adelantar procesos de paz es clara al afirmar que los desertores solo pueden someterse a la justicia, y esa iniciativa fracasó en su trámite por el Legislativo. No obstante, Otty Patiño, comisionado de Paz, no descarta presentar reformas constitucionales para cambiar lo contemplado. “La ley es algo que puede cambiar y para eso existen el Congreso y la misma sociedad. Las leyes no son inamovibles y son producto de una historia social y con base en los acontecimientos que vayan sucediendo”, dijo el funcionario.

Sin embargo, ese camino sería bastante espinoso porque el Congreso empezará su tercera legislatura el 20 de julio, en medio de un desgaste con el Gobierno Petro por el trámite de sus reformas. Si la ley de sometimiento no logró avanzar, seguramente una reforma constitucional, que requiere ser aprobada en ocho debates, podría naufragar en las primeras de cambio, sobre todo cuando la mayor parte del Congreso no está de acuerdo con la segunda oportunidad que están recibiendo Márquez y su combo.

Además, si la construcción de un proyecto en este sentido generó grandes diferencias en el Ejecutivo, no será fácil la redacción de un acto legislativo. Ese limbo jurídico llevará a que los diálogos se estanquen en algún momento porque Márquez, conocedor a fondo de una negociación, no estará dispuesto a avanzar si el Gobierno Petro no tiene nada concreto para ofrecerle a su organización criminal.

“En la práctica, es la negociación más fácil de hacer porque es una organización derrotada, pero jurídicamente es muy complejo porque quienes firmaron el acuerdo de paz no pueden recibir beneficios jurídicos tras haber delinquido, y eso cobija a Iván Márquez y otros integrantes. Es una carrera contra el tiempo porque a Petro le quedan dos años y finalmente el Estado no puede repetir los errores de otras negociaciones”, dijo el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde.

En Cambio Radical también ven imposible un camino para solucionar los problemas jurídicos de esta negociación, que empezó al revés y podría terminar de la misma manera. “El Congreso fue categórico cuando aprobó el acuerdo de paz en 2016 y aquellos reincidentes deben ser perseguidos por el Estado colombiano. Ellos incumplieron, han generado el caos y han asesinado a otros firmantes del acuerdo y no entendemos la postura del Gobierno Petro de establecer una nueva oportunidad con esta organización. El Gobierno se está equivocando con ese proceso de paz”, dijo Carlos Fernando Motoa.

Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno Santos, tiene una preocupación muy grande porque para llegar a soluciones claras se podría acudir a caminos de piedra que podrían generar una gran división en el país. “Se dice que el Gobierno buscará caminos. Es la tesis del ‘ahí vamos viendo’, nada aconsejable. El supuesto entrampamiento es una base deleznable. Aun si fuese jurídicamente discutible, moralmente es inaceptable: el entrampado de todos modos ingresó al delito. El mensaje a la sociedad es fatal: el incumplido y mañoso sale adelante”.

Allí nace el segundo problema: el supuesto entrampamiento. Márquez, quien reapareció después de un atentado en Venezuela con una prótesis en el brazo derecho, problemas de visión y motricidad, reiteró que la Marquetalia nace por el “incumplimiento de los acuerdos y el entrampamiento contra Santrich, el Paisa y otros que estarían en este camino conmigo”. Esto quiere decir que la postura de estos criminales es que volvieron a las armas porque les incumplieron. Ese punto de vista es totalmente refutable, entre otros, porque otros excomandantes de las extintas Farc-EP siguen en el tránsito a la legalidad, algunos son congresistas y otros están en la dirección del partido Comunes.

Además, Antonia Urrejola, experta internacional de derechos humanos designada por la ONU para investigar ese tema, dijo en marzo de 2024 que no pudo comprobar el supuesto entrampamiento a Jesús Santrich, tras hacer más de 80 entrevistas en Colombia. “No concluyo que existió, como dicen en Colombia, un entrampamiento”, dijo en su informe, en el que sí señaló que existen obstáculos para la implementación del acuerdo de paz, pero ese es otro asunto.

Armando Novoa, jefe de la delegación de paz del Gobierno, le dijo a SEMANA que ese tema no formará parte de la negociación y que no aceptarán dicha tesis de Márquez. “Para nosotros, independiente de las razones que la Segunda Marquetalia ha invocado, no tiene justificación alguna que se hubieran nuevamente alzado en armas”, dijo.

Esas posturas van a generar la primera diferencia en la mesa de diálogo, porque para la Marquetalia hay que discutir ese asunto, mientras que para el Gobierno hay que negociar sobre los puntos que se deben tener en cuenta para implementar lo acordado.

Aunque se definió que el diálogo girará en torno al desescalamiento del conflicto y alistamiento de los territorios de paz, la construcción de estos territorios, sobre las víctimas como sujeto social transformador, las condiciones para la convivencia pacífica y la implementación, no está claro qué más puedan pactar y que sea diferente a los capítulos que están en el acuerdo de paz de 2016.

La constituyente de Márquez

Los puntos mencionados no son los únicos problemas de la negociación. La Marquetalia tiene unos 1.800 integrantes, pero no todos son desertores y hay una mezcla de disidentes y paramilitares. Por ejemplo, Giovanny Andrés Rojas apareció en la mesa principal de la instalación. Rojas es el cabecilla principal de los Comandos de Frontera, un grupo criminal compuesto por paramilitares y delincuencia común que está dedicado exclusivamente al negocio del narcotráfico en el Caquetá y Putumayo.

Rojas integró el grupo de los Rastrojos y en 2010 fue condenado por diversos delitos, pero ahora quiere tener un reconocimiento político por una alianza criminal de los Comandos de Frontera y la Segunda Marquetalia. Detrás de este comandante paramilitar hay unos 800 hombres que, de un día para otro, por decisión del Gobierno Petro, tendrían reconocimiento político.

Pero las pretensiones de Márquez van mucho más allá y puso como ejemplo el Frente Nacional, porque condujo a la Asamblea Constituyente de 1991 tras un gran acuerdo político.

“En nuestra visión, coincidimos con quienes consideran que es momento de impulsar procesos y dinámicas constituyentes que generen condiciones de posibilidad para una redefinición de las normas y reglas que rigen el conjunto de la organización social”.

Además, buscaría impulsar un estallido social como el de 2021 y buscaría el respaldo popular. “Formamos parte de quienes consideran que es hora de llenar de ‘primeras líneas’ todo el territorio nacional, pues las aspiraciones de las inmensas multitudes no se han resuelto todavía, y es hora de desplegar a plenitud todas las posibilidades de producción de poder social desde abajo”.

Está claro que esta negociación no la tendrá fácil y será otro campo de batalla jurídico que se abre con un grupo criminal que tanto daño le ha hecho al país. Otty Patiño y Armando Novoa no son ingenuos y saben que el camino es bastante espinoso, pero quieren intentarlo. ¿Por qué creerán que Iván Márquez sí tiene voluntad de paz después de haber firmado un acuerdo en dos ocasiones? El tiempo lo dirá.