POLÍTICA
Dirección Nacional de Inteligencia desmiente que borrador de decreto proponga unificar servicios de agencias en la entidad
Oficialmente se pronunciaron desde la DNI aclarando que aunque estaba el borrador de decreto, en ninguna parte se hablaba de esa unificación.
A través de un comunicado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) aseguró que no es cierto que esté planteando unificar alrededor de la entidad servicios de este tipo, según informaciones periodísticas que surgieron en las últimas horas.
“Se trata de un borrador de decreto para circularlo y consultarlo entre distintas entidades que tengan interés en su contenido”, aseguraron.
Igualmente, aclararon que en ningún momento en ese borrador se habla de unificar las agencias. “El borrador de decreto en ninguno de sus apartes propone la fusión o la unificación de los servicios de inteligencia; lejos de eso, busca promover la coordinación, colaboración y cooperación entre entidades, para contrarrestar el delito y conjurar las amenazas contra la sociedad y el Estado”, señalaron desde la entidad.
Desde la DNI agregaron que los artículos que componen este borrador de decreto materializan los contenidos de la Ley estatutaria 1621 de 2013 con el que se busca el mejoramiento de los productos de inteligencia.
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“La Dirección Nacional de Inteligencia fue creada mediante Decreto 4179 de 2011, como un Departamento Administrativo civil de seguridad al servicio de la Presidencia de la República y del Alto Gobierno, con el objeto de canalizar toda la información de los organismos que hacen parte de la comunidad, para efectos de producir inteligencia estratégica y contra inteligencia de Estado”, aseguraron desde el DNI.
Y que el propósito de esta dirección es que se puedan generar mecanismos de armonización y confianza entre distintos organismos y dependencias de la inteligencia.
La idea de que se fusione la inteligencia en el DNI ha generado gran revuelo. En entrevista con SEMANA, el mayor (r) Jorge Castillo dijo que es inconveniente esta idea.
“Cada agencia tiene unos niveles, unos objetivos, unos procedimientos, para la producción de inteligencia. Esa inteligencia va orientada al cumplimiento del plan nacional de inteligencia. Si los lineamientos vienen de la DNI, dejaríamos por fuera a fenómenos como el terrorismo, los grupos armados organizados, la delincuencia transnacional, las rutas del narcotráfico, entre otros, y la estrategia en este nuevo caso obedecería a órdenes directas del presidente de la República”. aseguró.
Además, dijo que esto podría politizar la inteligencia del país y que se empezaran a evidenciar seguimientos a opositores, periodistas, políticos, líderes sociales, entre otros. “Es una amenaza para todos los colombianos. La principal preocupación del presidente son las reformas, la asamblea nacional constituyente y el control a la oposición”, cuestionó el mayor.
Y que no existiría un procedimiento o protocolo que autorice las órdenes verbales para el uso del aparato de inteligencia, por lo que si la Contraloría, la Fiscalía o la Procuraduría quieren indagar sería más complejo. “Sería una orden verbal que cambiaría lo que hoy ocurre porque todo debe tener una orden escrita y obedecer a un plan nacional de inteligencia, el cual se soporta en la Constitución y no en caprichos personales”, aseguró Castillo.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ya se había referido a esta posibilidad y la había desmentido. Según dijo, sería una “completa equivocación” que llevaría al “totalitarismo”, y que él, en cambio, se considera un “demócrata”.
Varios han hecho un llamado a que no se desarrolle esta idea ya que podría traer más riesgos para el país. Se trata de una idea que ya había sonado en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro que fue aprobado y que posteriormente la Corte Constitucional devolvió al Congreso.
Allí se hablaba de una Dirección Nacional de Seguridad Digital que algunos líderes de la oposición compararon con una especie de ‘DAS Digital’ que prendió las alarmas. “Tendrá como objeto alcanzar un ecosistema digital confiable y seguro e implementar acciones para la protección del Estado en general”, proponía el artículo que finalmente no fue aprobado por los riesgos que generaba.