De esta manera, el gobierno Petro ahorrará 4 billones de pesos en 4 años: aquí le contamos de dónde recortará el gasto

La Directiva Presidencial 08 de 2022, firmada el pasado 17 de septiembre, y conocida hoy por SEMANA, le permitirá ahorros al país por 4 billones de pesos durante los próximos cuatro años.

Se trata de una directiva que promueve la “racionalización, probidad y eficiencia” del gasto público. En el documento, la directiva ordena que se apliquen medidas para la optimización de recursos en la contratación pública, austeridad en gastos de funcionamiento e inversión, y medidas para promover transparencia en la gestión.

En primer lugar, en la Rama Ejecutiva serán más estrictas las medidas para contratar por prestación de servicios. Estos funcionarios para apoyo a la gestión solo serán contratados “cuando estos sean estrictamente necesarios”. Serán contratados por volumen de trabajo para empleados de planta y necesidad de conocimientos especializados.

“La necesidad de estos contratos deberá justificarse detalladamente, caso a caso, en los documentos precontractuales, entre otros, con las cifras de procesos, el número de proyectos, la gestión mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo durante el cual se requerirá ese apoyo, que en ningún caso tendrá vocación de permanencia”, dice la directiva de nueve páginas.

Estos contratos no podrán ser utilizados para suplir insuficiencia de personal, tampoco si en las plantas de personal hay vacancia definitiva por más de seis meses.

Los contratos de estudios e interadministrativos también deberán racionalizarse. Las entidades deberán revisar si hay estudios o diseños previos, para usarse total o parcialmente. Por otro lado, no se podrán emplear contratos de selección directa para eludir los procedimientos de selección reglamentarios. Para los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios, se deberá hacer seguimiento cercano mensualmente.

Además, las entidades públicas deberán incluir pliego de condiciones de los concursos de méritos para seleccionar interventores de los contratos, por lo que revelarán relaciones directas con las empresas ejecutoras, en busca de un conflicto de interés.

Sobre los mecanismos de adquisición, el Gobierno recomienda que las compras que hagan las entidades se realicen por medio de Colombia Compra Eficiente, donde se agrupa la demanda de bienes y servicios. También, se pedirá justificación obligatoria a los oferentes que no subsanaron sus ofertas, con el fin de mantener competencia real en la contratación.

Colombia Compra Eficiente, según el documento, deberá evidenciar mensualmente los datos que permitan monitorear el nivel de competencia en la contratación. Además, se implementarán medidas para liquidar ágilmente los contratos.

En otro aparte, se prohíbe la indemnización por vacaciones. Los jefes de Talento Humano deberán planear las vacaciones de los funcionarios desde el inicio de cada año y se deberán cumplir.

Los viáticos también se recortan. Cada entidad deberá justificar la necesidad de cada viaje, la razón por la cual no se usan los medios virtuales y el número de personas que viajarán, “procurando el número estrictamente necesario y cuyas funciones estén directamente relacionadas con el objeto de la comisión”.

Para revisar el avance de obras, los viajes serán planeados con anticipación trimestral y siempre se viajará en clase económica, aprovechando un viaje a una zona determinada para que funcione para varios fines. Para la compra de tiquetes por contrato de suministro, se utilizará la subasta inversa.

En materia de vehículos, solo podrán ser asignados para funcionarios de nivel directivo y “excepcionalmente con previa justificación” para funcionarios de nivel asesor. Tanto como sea posible, los carros eléctricos o de fuentes alternativas de energía deberán ser primados sobre aquellos que usan combustibles fósiles. Los contratistas no tendrán vehículos y todas las entidades deberán medir el consumo de combustible.

Sobre los arrendamientos de sedes, se incentiva que, antes de renovar contratos, se revise si una entidad pública no tendrá disponible un inmueble similar, con el fin de celebrar el contrato con la entidad. Además, para evitar este gasto, se implementará todo el trabajo remoto posible, conforme a las directrices del Ministerio del Trabajo y de las TIC.

Se prohíbe el uso de recursos públicos para eventos de publicidad, las entidades deberán instalar grifos y bombillos ahorradores. Además, para ser amigables con el medioambiente, se actualizarán los aires acondicionados y los sistemas contra incendios.

Los esquemas de seguridad siempre deberán justificarse con estudios de nivel de riesgo. Por otro lado, las entidades deberán estudiar si necesitan vigilancia humana. De otra manera, se podría suplir con cámaras, alarmas o dispositivos.

Para la transparencia de la gestión, se habilitarán canales de denuncia y periódicamente se aplicarán encuestas anónimas entre proponentes de procesos de contratación, con el fin de verificar condiciones equitativas.

Finalmente, cuando el Estado sea demandado, “se recomienda la evaluación de la conveniencia jurídica y económica de presentar demandas de reconvención”.

“A través de la implementación de estas medidas se debe disminuir el gasto en 105 rubros de Adquisición de Bienes y Servicios de todas las entidades respecto de la vigencia anterior, y en lo que hace a contratación de prestación de servicios la disminución será de un 30 %”, concluyó la directiva, la cual invita a otras ramas del poder público a hacer lo mismo.