Director de Función Pública aseguró que contratos de prestación de servicio con el Estado deberán ser para temas puntuales y no para responsabilidades permanentes

El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, se refirió a la polémica que se ha generado alrededor de los contratos de prestación de servicios de los contratistas del Estado. Aseguró que las entidades que estén suscribiendo acuerdos con personas que desempeñan labores de forma permanente en la entidad, no están actuando con apego a la ley.

“Los contratos de prestación de servicio es para fines puntuales, nunca para cumplir misiones permanentes de las institucionales, cuando se disfrazan contratos reales en CPS u OPS las entidades incumplen los mandatos legales y constitucionales y se precariza el empleo público”, afirmó el director de la entidad.

También aclaró que los contratos de prestación de servicios que desempeñen esas funciones realmente no tienen límite de tiempo, según lo establecido por la Función Pública, sin embargo, los que sean de carácter permanente con la institución deben ser formalizados.

“Las instituciones cada dos años, por ley, deben revisar cargas laborales y ampliar la planta de ser necesaria”, aseguró el director de la entidad.

Asimismo, dijo que en algunos contratos de prestación de servicios del Estado son utilizados de “forma clientelar” y que se estarían generando “nóminas paralelas”. “Necesitamos administraciones públicas que cumplan las necesidades de las comunidades, para ello necesitamos servidores públicos con estabilidad laboral”, afirmó Manrique.

El funcionario dijo que una de las prioridades del Gobierno de Gustavo Petro será corregir la precarización laboral que se ha presentado por décadas y fomentar un empleo público basado en principios de equidad y de ingreso meritocrático.

Manrique se reunió en las últimas horas con los gremios representantes de las entidades territoriales para establecer una mesa de seguimiento y acompañarlos en ese proceso de transición. El director de la entidad reiteró que siguen trabajando por la formalización de los trabajadores del Estado.

La polémica sobre los contratos de prestación de servicio con el Estado se generó luego del anuncio de Función Pública de que las entidades solo podrán expedir esta modalidad hasta abril, sin embargo, a los pocos días el Ministerio del Trabajo emitió un concepto en el que alertó sobre los riesgos de esa decisión, por lo que se estableció que finalmente tendrán una extensión máxima de cuatro meses.

Eso generó varias críticas hacia el Gobierno de Gustavo Petro porque eso podría generar una grave inestabilidad laboral. “Presidente Petro, someter a los contratistas de prestación de servicios del Estado a contratos de solo cuatro meses generará una dinámica de chantaje del superior sobre el trabajador y promoverá una inestabilidad laboral y emocional infame e inhumana. ¿Por qué hacen esto?”, cuestionó la congresista Catherine Juvinao (Alianza Verde).

De otro lado, el excandidato vicepresidencial Rodrigo Lara Sánchez alertó que podría conducir a dinámicas reprochables en medio de la época preelectoral, lo que ocasionará que miles de colombianos que trabajan bajo esta modalidad puedan llegar a ser manipulados.

“Ningún estudio serio del recurso humano del Estado que busque acabar con los contratos de prestación de servicios y la creación de cargos planta se realiza en menos de seis meses. Y eso contados a partir de su contratación. Ojalá y se corrija esa incertidumbre generada para miles”, aseguró Lara Sánchez.

El documento de la Función Pública también establece que en aras de esa formalización se prohibirá que una persona pueda tener varios contratos con el Estado por prestación de servicios. “Las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional no podrán justificar la celebración de prestación de servicios, cuando se pretenda a contratar a personas naturales que ya tienen otros contratos de esta naturaleza con otras entidades públicas”, señala el documento de la entidad.

Para algunos expertos estas medidas no estarían ajustadas totalmente al marco legal y por eso se podrían ver afectados algunos derechos de los trabajadores.