“Dirigirá el gimnasio”: Presidencia Petro realizó férrea defensa al millonario contrato del bailarín Nerú

Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), le salió al paso al revuelo que se desató en las redes sociales por la millonaria contratación que se hizo desde la Casa de Nariño al famoso bailarín Nerú por más de $ 26 millones.

Lizcano, por medio de su cuenta de Twitter, dio a entender que Nerú se queda, al argumentar que dirigirá el gimnasio de la Presidencia y dirigirá las actividades de bienestar del Dapre; además, señaló que Nerú tiene toda la experiencia y confianza para desarrollar esa tarea.

“Este año las decisiones que hemos tomado le ahorrarán 33.000 mil millones al presupuesto del Dapre. Se contrató a Nerú para dirigir el gimnasio y las actividades de bienestar del Dapre. Tiene toda la experiencia y la confianza para desarrollar el objeto del contrato”, trinó el alto funcionario de la Presidencia.

Contrato de Nerú

Las redes sociales han reaccionado con dureza sobre un contrato que firmó la Presidencia de la República con el famoso bailarín Nerú por un monto superior a los $ 26 millones, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. En medio de una política de austeridad que ha pregonado el Departamento Administrativo de la Presidencia.

De acuerdo con el contrato conocido por SEMANA, el objeto es cumplir con la realización de actividades en materia de salud mental, que según las especificaciones del documento, cumplan y contribuyan al mejoramiento del clima laboral.

“Apoyar al grupo de bienestar y desarrollo del área de talento humano en la realización de actividades que promuevan estilos de vida saludable, a través de la práctica de actividades de acondicionamiento físico para los funcionarios de la entidad, con el fin de prevenir enfermedades, mejorando sus condiciones de calidad de vida”, se desprende del contrato.

Y añade el compromiso: “Realizar cápsulas y videos que promuevan la práctica adecuada del deporte, actividad física, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, y hábitos de vida saludable para los funcionarios de la entidad”.

Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, dijo que el objetivo de su gestión en esa área es materializar políticas de austeridad que reduzca el gasto exagerado que, según él, había en la Casa de Nariño.

Otro de los elementos que llaman poderosamente la atención es que el contrato, que inclusive se encuentra en el Secop, se hizo por medio de la figura de prestación de servicios y de manera directa.

Hace varías días, señaló Lizcano que se habían congelado de manera oficial 100 vacantes que tenían sueldos altos en la Casa de Nariño.

Lizcano, a su vez, afirmó en esa ocasión que en el proceso de reestructuración de la Presidencia de la República no se eliminaron los cargos o puestos de trabajo de bajos salarios, con el objetivo de no afectar la estabilidad laboral de un amplio personal del Palacio de Nariño.

“Los 120 cargos eran vacantes y están congelados, esos 100 son realmente congelados, es decir, cargos que no proveímos y que vamos a eliminar”, indicó Lizcano.

Y agregó el alto funcionario del Gobierno nacional: “20 son de personas que renunciaron o que ya no están con nosotros en razón de que son de altos salarios, para que la gente lo tenga claro, aquí no estamos tocando de bajos ingresos, o de personal administrativo, ni secretarías, ni conductores, ni auxiliares de servicio”.

Lizcano en la Fiscalía y las “nóminas paralelas”

Además, hace varios días el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, al término de la diligencia de citación que cumplió en la Fiscalía General de la Nación, entregó más detalles del escándalo de las denominadas nóminas paralelas. El alto funcionaria indicó que existen casos de personas con más de cinco contratos.

Lizcano dijo que se detectó que en el periodo 2021-2022 se realizó un gasto “escandaloso” superior a los $ 4.5 billones en nóminas paralelas, por medio de prestación de servicios, al aclarar que no se puede estigmatizar esa figura con actos de corrupción.

“Entregamos pruebas de que entre los años 2021 y 2022 se han gastado 4.5 billones de pesos en contratación de prestación de servicios, que, a nuestro juicio, son una cifra escandalosa y que vamos a buscar reducir”, sostuvo el funcionario de Presidencia Lizcano.

“Encontramos muchos objetos de contratos similares a los que los funcionarios públicos ejercen, encontramos laxidad en la supervisión de dichos contratos, es decir que los supervisores no ejercen la debida supervisión”, añadió finalmente en su declaración.