Distrito se pronuncia por compra del San Juan de Dios: “Ojalá algún día la gente pueda disfrutar del complejo hospitalario”

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, firmara esta semana el decreto con el cual se permite al Gobierno adquirir el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil en Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud se pronunció al respecto y afirmó que era una acción que ya estaban esperando en el Distrito.

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, aseguró que se espera que esta sea la mejor decisión, por el futuro del hospital.

“Queremos aclarar que este decreto entra a implementar un artículo que ya venía desde el Plan de Desarrollo, el cual, en su artículo 365, facultaba al presidente de la República para expedir la normatividad necesaria que le permitiera a Presidencia adquirir el San Juan de Dios, todo el predio, y además el Materno Infantil; en segundo lugar, a crear una entidad que administre esos bienes que van a adquirir”, dijo el secretario Gómez.

En ese sentido, el funcionario señaló que esa facultad fue la que ocurrió con la expedición del nuevo decreto y “eso era lo que estábamos esperando desde el Distrito capital”.

El secretario enfatizó en que lo que sucede en este momento “es que el Fondo Financiero Distrital de Salud, que es el actual propietario del San Juan de Dios, haga los acercamientos con la Inmobiliaria Virgilio Barco, que es la que determina el decreto como la entidad que va a adquirir este complejo hospitalario y arquitectónico, para cumplir los pasos de avalúo y los procesos legales y jurídicos que se corresponden”.

Finalmente, Gómez manifestó: “Tenemos la ilusión desde la administración distrital de que este nuevo paso que se da en el San Juan de Dios permita que pueda la ciudadanía disfrutar de algún día de ese complejo hospitalario que hoy presta servicio, pero no solo en el Materno Infantil. Qué bueno que mañana, como es el propósito de todos, también lo haga en un nuevo gran hospital universitario”.

Demanda de empresa española

Un grupo empresarial español solicitó un tribunal de arbitramento internacional para demandar, según argumentan, los incumplimientos de la alcaldía de Claudia López frente a un contrato firmado en la administración anterior.

Se trata del grupo español Sociedad Anónima de Obras y Servicios (Copasa), con sede en Galicia, España, al que había sido adjudicado un contrato para la construcción, dotación y operación de una Unidad Médico Hospitalaria y un Centro de Atención Primaria de Salud en un área del San Juan de Dios.

Este contrato, estructurado durante la administración de Enrique Peñalosa, incluía la demolición de la torre central, una propuesta que generó controversia y obstáculos pese a que, según un estudio de la Universidad de los Andes, no hace parte de la arquitectura francesa que el Gobierno Petro pretende preservar. La inversión de la obra era de unos $ 466 mil millones.

El presidente Gustavo Petro busca revertir esta decisión y, mediante el Decreto 1959, pretende adquirir la infraestructura completa del San Juan de Dios, cumpliendo las facultades extraordinarias otorgadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para preservar la edificación.

Sin embargo, esta medida ha llevado a que el grupo español solicite un tribunal de arbitramento internacional para reclamar daños y perjuicios por aproximadamente $ 90 mil millones.

Durante la administración de Claudia López y el proceso de licitación, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro-Oriente escogió a Copasa para llevar a cabo el proyecto. Para Copasa, la Subred incumplió al licitar y adjudicar un proyecto inviable, lo que imposibilita la ejecución del contrato.

En la solicitud del tribunal de arbitramento, alegan que, durante la fase de preconstrucción, Copasa ha sufrido daños derivados de otros incumplimientos de la Subred, lo que confirma la inviabilidad del proyecto en los términos establecidos.

“A pesar de que la Subred estableció en la estructuración que las obras de construcción, incluyendo las demoliciones, eran viables y podían ejecutarse, durante la ejecución del contrato el Ministerio de Cultura (Gobierno Petro) encontró y determinó que el proyecto estructurado por la Subred no puede ejecutarse”, dice la demanda de Copasa.

Agrega: “Los hechos descritos anteriormente evidencian que la Subred ha incumplido de manera grave y sistemática el contrato y la ley aplicable. La Subred ha desplegado una conducta que no se ajusta a los presupuestos de la buena fe objetiva, y sus incumplimientos invisibilizan la ejecución del proyecto”.