Dramático aumento en el maltrato contra los menores en Colombia, ¿qué pasó con la famosa ley ‘antichancleta’?

“Cuando aparecimos en el centro histórico de Cartagena, los niños corrían como si fueran ratoncitos, escondiéndose junto a sus madres porque había llegado el Instituto de Bienestar Familiar. Eran más de 80 menores. Las personas de los comercios nos decían que esto sucede todos los fines de semana, es muy doloroso”.

Así narró la directora del ICBF, Concepción Baracaldo, el recorrido que hizo recientemente por algunas zonas de Cartagena para evidenciar la explotación sexual a la que son sometidos cientos de menores a diario en Colombia.

Este panorama deja al descubierto el ultraje y el maltrato al que son sometidos los niños en el país, no solo con explotación sexual, sino con las agresiones que siguen sufriendo en sus propios hogares de partes de sus familiares.

Así lo evidencia un informe entregado por Medicina Legal al Congreso de la República, en el marco del primer año de implementación de la llamada ‘ley antichancleta’, que prohíbe el uso de la violencia física como forma de castigo a los menores.

A pesar de que esta norma establece mecanismos para que el Estado formule programas de orientación pedagógica para que los padres o acudientes no maltraten a los menores, la realidad es que, contrario a lo que se esperaba, las agresiones, en vez de disminuir, aumentaron.

Según Medicina Legal, el país pasó de 27.539 casos de maltrato a menores en 2021 a 36.253 en 2022, un aumento cercano al 30 %.

El aumento más dramático se dio en cuanto al tipo de lesiones por violencia intrafamiliar, en el que se presentaron 7.831 casos en 2022, 3.446 más que en 2021, es decir, un incremento del 44 %.

“Lo más preocupante es que en este tipo de situaciones existe un subregistro muy grande, porque los casos que llegan a Medicina Legal son los más extremos, cuando ya se evidencian lesiones en el menor, pero no se tienen en cuenta las agresiones en el hogar con la correa o con el cable de la plancha, en las que, a pesar de que no quedan secuelas físicas, sí hay graves afectaciones psicológicas”, apuntó el congresista Julián Peinado, autor de la ‘ley antichancleta’.

Tal es un panorama más cercano a la real dimensión de la problemática fue el que ofreció el ICBF en un informe enviado al Congreso, en el que entrega resultados de la Encuesta Nacional de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes.

Según esta medición, el 77 % de los padres y madres reconoció que usa el castigo físico para corregir a sus hijos. Esto coincide con otro preocupante dato que arroja la encuesta: el 70 % de las vulneraciones de los derechos de los menores ocurre justamente al interior del hogar.

¿Qué está pasando?

Según el ICBF, la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes, contemplada en la ‘ley antichancleta’, ya ha sido apropiada en los 32 departamentos del país, 11 distritos y 771 municipios (122 de ellos PDET) a través de cuatro elementos: la gestión del conocimiento, fortalecimiento de capacidades, participación e incidencia social.

No obstante, los resultados parecen demostrar que habría fallas en la implementación de la estrategia.

Por lo menos así lo considera el representante Peinado, quien manifestó que aún le falta mucho alcance a la Estrategia Pedagógica. Hace falta establecer rutas de intervención en particular y acompañar a las familias para darles todas las herramientas de crianza sin violencia. También hace falta mayor apoyo por parte de los organismos de salud para atender las situaciones de violencia hacia los menores y, en especial, son reiterativas las denuncias de la ciudadanía y de las organizaciones por la deficiente atención y reacción de las Comisarías de Familia y de la Fiscalía ante estos casos”.

El congresista también cuestionó el compromiso real del Gobierno con los niños, pues no se ha visto articulación real entre las entidades y no se ha aplicado la estrategia de publicidad que contempla la ley.

Adicionalmente, reprochó que mientras aumentan los casos de maltrato contra los menores, el Gobierno haya eliminado la alta consejería para la niñez.