Seguridad
Dramático llamado de comunidad de corregimiento de Cajibío, Cauca, por presiones de las disidencias; denuncian crímenes, hostigamientos y ausencia de la fuerza pública
En un derecho de petición conocido por SEMANA, varios habitantes de Ortega denunciaron acciones violentas de la columna móvil Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.
En un derecho de petición de siete páginas, varios habitantes de Ortega, corregimiento del municipio de Cajibío, en el Cauca, les pidieron a diferentes autoridades protección en la zona ante las presuntas acciones ilegales de una de las disidencias de las Farc.
El recurso fue presentado ante los ministerios de Defensa e Interior; la Dirección de Derechos Humanos; el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí; la Defensoría del Pueblo; el alcalde de Cajibío, Yhon Wilmer Campo, y las autoridades policiales y militares de la región.
Según el documento, conocido por SEMANA, varios habitantes de este corregimiento caucano dicen que han “venido siendo víctimas desde hace muchos años de masacres, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamiento y constantes amenazas”.
🔴 COMUNICADO | Ayer recibimos a una persona que se encontraba en poder del Frente Jaime Martínez, de las Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz. La operación humanitaria se desarrolló en zona rural del Valle del Cauca.
— CICR Colombia (@CICR_co) December 28, 2022
Comunicado 👉 https://t.co/DnCHB73Nqa pic.twitter.com/IBsAqN4QqS
De acuerdo con la denuncia, “el corregimiento se encuentra habitado por personas cocaleras ajenas a la región, quienes son propietarios de cultivos ilícitos”, y hay presencia “permanentemente” de “grupos armados ilegales pertenecientes a las Farc, columna móvil Jaime Martínez y Carlos Patiño”.
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Uno de los hechos puntuales que denuncian en el derecho de petición ocurrió el pasado 20 de noviembre, según una parte de la comunidad del Ortega, cuando habrían hecho “presencia 20 hombres armados con fusiles” con el “pretexto” de hacer una requisa y habrían “asesinado” al presidente de la Junta de Acción Comunal, Juan Pablo Guachetá, y su hermana.
Tras esta acción, los presuntos integrantes de las disidencias de las Farc le habrían advertido a la comunidad que regresarían pronto “para culminar con la vida de los demás residentes del sector” y para realizar “la quema y desaparición de nuestras propiedades y pertenencias”.
“No somos sembradores de cultivos ilícitos. Estamos en contra de estos actos ilegales. Pagamos impuestos y apoyamos al Gobierno”, reza el recurso presentado por parte de esta comunidad.
Dice, incluso, que “en múltiples ocasiones” y en presencia de la Defensoría del Pueblo, la comunidad “buscó dialogar con estos grupos armados al margen de la ley, los cuales pidieron perdón y se comprometieron en varias ocasiones a no continuar hostigando y amenazando a la comunidad de Ortega, hecho que nunca cumplieron” y, por el contrario, continuaron “agrediendo a sus habitantes”.
En el derecho de petición hay un fuerte reclamo por la supuesta ausencia de la fuerza pública en la zona y el presunto abandono de varias instancias del Estado, lo que, según los firmantes del recurso, ha permitido que estas disidencias de las Farc hayan realizado las acciones violentas de las que hablan los pobladores de este corregimiento caucano.
“Con base en lo anterior y por ser hechos repetitivos que nos acontecen en forma continua estamos procediendo a interponer denuncias ante los órganos judiciales respectivos, contra la nación -Ministerio de Defensa-, Ejército Nacional, la Alcaldía de Cajibío, la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo departamental, gobernación del Cauca, Ministerio del Interior y Policía Departamental del Cauca”, dice el documento.
Los firmantes piden a estas instancias oficiales que “nos brinden la protección y seguridad que requerimos con presencia permanente de miembros de la fuerza estatal” y que se ordene “en forma inmediata un consejo de seguridad por parte de todos los entes del Estado competentes del orden nacional y regional ya nombrados”.
“Que la poca fuerza pública que esté ubicada en esta localidad sea reforzada por personal y armamento para poder ejercer el control ilegal de la zona, tanto de los grupos ilegales, como de los que ejercen el cultivo de coca que tanto daño nos causa”, piden en el recurso.
Uno de los más recientes hechos de violencia denunciados en la zona fue el secuestro de dos jóvenes de la comunidad, los cuales habrían sido señalados por las disidencias de ser supuestos paramilitares. El plagio se produjo hace alrededor de tres meses y los dos fueron liberados por esa organización armada ilegal.