Efraín Cepeda advirtió que la reforma laboral la tendrá difícil en el Senado si no permite generar empleos y Petro le respondió

La relación entre el presidente de la República Gustavo Petro y el Congreso no pasa por su mejor momento, prueba de ello es el reciente hundimiento del presupuesto que había radicado el Gobierno del llamado cambio para la vigencia 2025, el cual se advirtió estaba desfinanciado.

En medio de esa tensión entre el ejecutivo y el legislativo, por las controversiales reformas sociales de la administración de Petro, se conoció una fuerte advertencia, por parte del presidente del Senado, Efraín Cepeda.

Cepeda fue enfático en alertar que si en el estudio de la reforma laboral, se evidencia que no tiene los suficientes elementos para generar empleos en el país, su aprobación tendrá un camino difícil.

“Aquí está un Senado de la República de cara al país diciendo que las cosas que convengan a los colombianos pasarán y las cosas que les hayan daño no pasarán. Equilibrio de poderes y pensar en el pueblo y generar empleo y no destruirlo como hace esta reforma laboral”, dijo Efraín Cepeda.

Y agregó: “Pues vamos a esperar, pero la reforma, yo no lo veo, yo no estoy viendo una tributaria. La tributaria no. Y una laboral que no tenga elementos generadores de empleo difícilmente hace tránsito por el Senado de la República”.

Frente a esas declaraciones de Cepeda, el mandatario colombiano respondió, por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, antes Twitter: “Los elementos generadores de empleo está en la ley de financiamiento, y en la política de crédito para empresarios y asociaciones productivas concertadas con la banca”.

Acopi rechaza propuesta de reforma laboral; “solo cobija al 25 % de la población en edad de trabajar”

Entre tanto, la reforma laboral que cursa actualmente en el Congreso hizo que la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Colombia (Acopi) se refiriera a la iniciativa, que se debate en la Cámara de Representantes y que ha aprobado parte del articulado, manifestando las dificultades que le podría causar al empresariado colombiano de llegar a ser totalmente aprobada.

Acopi, a través de un comunicado, aseguró que las nuevas propuestas sugeridas solo cobijarían al 25 % de la población que cuenta con la edad para trabajar en el país.

Además, indicó que por medio de la nueva propuesta de reforma se estarían vulnerando el principió de autonomía de la voluntad de las partes y afecta el principio de libertad de empresa.

Rodolfo Correa, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Colombia, solicitó al Congreso “abstenerse de aprobar dicha reforma que, entre otras cosas, no ha sido socializada con los órganos de representación sectorial, ni ha sido medida en los impactos económicos y sociales que generará”

No obstante, el gremio indicó que uno de los principales puntos de la reforma que establecería el contrato a término indefinido como un elemento obligatorio dentro de los procesos de contratación en el país, obligaría al pequeño empresario a mantener una planta de personal, incluso en circunstancias en que la empresa no la necesite o no tenga la capacidad para sostenerla.

En relación con los trabajadores de las industrias colombianas, la reforma obligaría a que el 5 % de los empleados fueran aprendices del Sena.

En dado caso que la empresa no pueda garantizar el porcentaje mínimo exigido por el gobierno, se interpondrá un pago por monetización de 1,8 SMLV por mes y por aprendiz no contratado. Esto conllevaría para el gremio la creación de un impuesto a la nómina.

Acopi agregó que: “cambia la modalidad de vinculación de aprendices del SENA, pasando de recibir un apoyo económico de la empresa a cambio de que aprendan, a convertirlos en trabajadores con toda la carga prestacional y económica para la empresa. Aumenta hasta en un 100 % la indemnización existente por despido injustificado, lo cual impide al pequeño empresario ajustarse a los cambios del mercado”.

En otro punto del comunicado se argumenta que la nueva propuesta del gobierno vulneraría el principio de presunción de la buena fe del pequeño empresario y judicializaría por completo la relación laboral. Esto conllevaría en primer caso a que cuando un trabajador presente su carta de renuncia pueda exigir judicialmente la indemnización por razones discriminatorias.

Según explicó Acopi con esta última medida se estaría desconociendo que ningún empleador contrata a un trabajador con la intención de despedirlo y que si esto se presenta es debido a situaciones imprevistas derivadas de la relación personal entre los mismos.